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Leyes anticorrupción, un desafío en manos del Legislativo

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Tegucigalpa Las discusiones sobre la Ley de Secretos y sobre las reformas a la Ley de Presupuesto siguen enrareciendo la atmosfera hondureña donde la necesidad de acabar con la impunidad es apremiante. El destino de estas normativas, así como el de la Ley de Colaboración Eficaz están en las manos del Legislativo.

– Ley de Secretos y reforma a Ley de Presupuesto en el tapete del debate. Además, asoma la presión por aprobar la Ley de Colaboración Eficaz.

La Ley de Secretos fue enviada al Legislativo con modificaciones que la suavizan, pero no son suficientes para las expectativas de quienes luchan contra la impunidad. Eso se desprende de las posiciones de organizaciones anticorrupción, tanto locales como internacionales.

Entre las normativas que  la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) pretende lograr su derogatoria en la Cámara Legislativa hondureña figuran la Ley de Secretos Oficiales y la reforma al artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.

La MACCIH-OEA igualmente insta a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta que -según ellos- les permitirá llegar hasta los cerebros de la corrupción en la administración pública.

Este martes el responsable de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, pidió al Congreso hondureño derogar la Ley de Secretos Oficiales, aprobada el 20 de enero de 2014 y publicada el viernes 7 de marzo de mismo año en el diario oficial La Gaceta.

“La llamada Ley de Secretos debe pasar a la historia y aprobarse una nueva legislación que respete los estándares internacionales en Honduras. Ese es el desafío ahora con la nueva propuesta remitida al Congreso. @OEA_MACCIH lista a cooperar para aprobación”, posteó Jiménez Mayor en su cuenta de Twitter.

Diversos sectores de la hondureñidad han cuestionado esta Ley de Secretos Oficiales por considerar que la misma es un obstáculo en la rendición de cuentas que deben hacer todas las secretarías del Estado.

La Ley fue creada -según los legisladores- para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo a mediados de enero pasado remitió al Congreso Nacional una iniciativa de ley para reformar la referida norma.

En la iniciativa proponen la reforma de 20 artículos de la Ley de Secretos para que el Congreso la considere y pueda someterla a discusión.

Ante esa situación el propio Jiménez Mayor ha saludado la propuesta del Ejecutivo pero considera que no es suficiente.

“La transparencia y acceso a la información pública es un derecho humano que tenemos todos en las Américas. La MACCIH saluda avances en la nueva iniciativa presentada por el Ejecutivo y trabajará con el Legislativo para perfeccionarla según los estándares internacionales”, tuitió Jiménez.

Reforma a Ley de Presupuesto

Otra de las batallas que libra la MACCIH y el CN es la reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero durante la última sesión de la cuarta legislatura período 2014-2018.

De acuerdo con la MACCIH esta reforma es “un pacto de impunidad” para proteger a diputados y funcionarios públicos que manejan fondos de la administración central.

Esta iniciativa permitió que una jueza archivara y delegara las acciones administrativas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en imputaciones precisas contra cinco diputados del Congreso anterior que obtuvieron recursos mediante ONGs y que presuntamente destinaron para gastos particulares.

La MACCIH reveló que al menos 60 diputados -de los 128- del pleno anterior eran investigados por iguales imputaciones, sin embargo, la controvertida reforma sirvió de escudo para incoar acciones en los tribunales de la República.

La denuncia enérgica de la Misión de OEA fue respaldada por el Ministerio Público, Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), La UNAH, el Consejo Nacional Anticorrupción y otras organizaciones de sociedad civil e incluso delegaciones diplomáticas internacionales acreditadas en Tegucigalpa y la cooperación internacional. Todos coincidieron en demandar la derogación de la norma.

Ley de Colaboración Eficaz

En el mismo contexto, la MACCIH ha reiterado al Parlamento hondureño la urgencia de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz para combatir las redes de corrupción en el país.

La Ley de Colaboración Eficaz es una propuesta de la Misión que busca desmantelar grandes redes de corrupción y de criminalidad organizada que operan en el país. Es parte de una nueva propuesta jurídica en materia anticorrupción que se está impulsando en esta nación centroamericana.

La Ley de Colaboración Eficaz permitiría a un fiscal ser más efectivo en la desarticulación de redes de corrupción y criminalidad organizada porque iría tras los autores intelectuales de los delitos y no solo a sus operadores.

El colaborador eficaz, según la ley, debe ser una persona que opera dentro de las estructuras criminales y está dispuesto a cooperar con información novedosa, relevante y verificable.

Aspectos de la ley

La figura “del arrepentido”, como también se le conoce al colaborador eficaz, reconoce ante la autoridad los hechos delictivos en que ha participado y proporciona información suficiente y eficaz, de un lado, para influir sobre la situación antijurídica producida por el delito en sus consecuencias nocivas o peligrosas, o bien, sobre los eventuales desarrollos sucesivos del delito ya realizado; y de otro lado, para ayudar a la autoridad a buscar pruebas permitiendo en últimas instancias una eficaz prevención y adecuada represión del delito.

En este sentido, el colaborador eficaz debe aportar información relevante de un evento delictivo donde el informante haya intervenido como autor, coautor, participe del delito. Esta información debe contribuir a descubrir la estructura organizacional, su forma de actuar, los planes que tengan y quiénes son sus integrantes, señala la propuesta de ley en poder del Congreso Nacional.

Para que la colaboración sea eficaz, la información que proporcione debe ser comprobable, en base a ello le aprueban un acuerdo de beneficios y colaboración. Esos son algunos de los parámetros por donde se rige esta normativa que busca fortalecer el andamiaje jurídico anticorrupción en Honduras.

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