Tegucigalpa. – Hace un tiempo, el gobierno de Honduras envió al Parlamento un proyecto de decreto orientado a reformar la denominada Ley de Secretos Oficiales, que, en el fondo, no es más que la derogación de esta norma por una nueva, orientada a la Defensa y la Seguridad, pero en la práctica, la reforma sigue archivada y en nombre de esta ley vigente desde el 2014, muchas instituciones evaden la rendición de cuentas.
Tutelada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida como “Ley de Secretos Oficiales” cuenta ya con más de una veintena de instituciones públicas que la han solicitado. La norma sortea la rendición de cuentas.
Esta ley, que vino a cercenar las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como único ente responsable de la clasificación o reserva de información según establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha sido cuestionada porque limita la libertad de expresión y el acceso a la información, por ende, blinda el camino hacia la opacidad y la corrupción de acuerdo con los expertos locales e internacionales.
Una de esas instituciones afectadas por la vigencia de esa ley es el Ministerio Público, la MACCIH. La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y también el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se han quejado, pues la normativa les limita en la búsqueda de información para luchar contra la corrupción y la impunidad, en tanto organismos defensores de la libertad de expresión advierten que la ley no solo limita el periodismo de investigación, también deja abierta la posibilidad de confiscar información en los medios de prensa que el Consejo de Defensa y Seguridad considere como “secreto”.
Todas estas presiones, nacionales e internacionales, especialmente de la cooperación aglutinada en el G-16, llevaron al Poder Ejecutivo a enviar una reforma a la Ley de Secretos, que en el fondo, es una nueva ley pues pide derogar más de la mitad de los artículos y de acuerdo a los juristas, cuando una ley es reformada en más de la mitad de sus articulados, se constituye en una nueva norma, siendo lo recomendable derogarla y crear una nueva.
Más que reformas
La propuesta del gobierno se centra básicamente en el sector de la Defensa y Seguridad, elimina las categorías de información reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, para centrarla en el ámbito de información clasificada para los ámbitos de defensa y seguridad.
Asimismo, deja la reserva de información por 10 años prorrogable por 10 años más, si las circunstancias lo ameritan. Pero sigue siendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el ente rector que clasificará la información relacionada con la defensa y la seguridad.
Asimismo, en el proyecto de reforma quedan algunas discrecionalidades que limitan el acceso a la información y la libertad de expresión. Según la propuesta de reforma “para efectos de esta Ley pueden ser declarados materias clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional”. Tienen carácter, también, de documento clasificado, “los declarados como reservados, confidenciales, secretos u otra denominación utilizada por otras leyes”.
La reforma incluye también como “secreto” en materia de defensa y seguridad las “ayudas humanitarias”, una figura que ha generado polémica desde que fue incluida también en la ley de transparencia, pues “qué se entiende por ayuda humanitaria: ¿un bono, una casa, un carro, ropa? Si fuera así, ¿Por qué debe ser secreto?
Las ambigüedades que contempla la actual Ley de Secretos y que persisten en algunos articulados en la propuesta de reforma, abren las dudas máxime si ello se relacionada con la denominada Ley de la Tasa Poblacional de Seguridad.
Blindaje
Recursos utilizados para equipar bandas musicales, construir instalaciones deportivas o centros de menores no representan casos que deban ser ocultos y su opacidad solo generara dudas.
Igual ocurre en el hilo denominador común que ha caracterizado los casos de alto impacto de presunta corrupción presentados por la UFECIC/MP-MACCIH: otorgar licitaciones a empresas que, al momento de ganar el contrato, no habían sido constituidas legalmente en el Instituto de la Propiedad.
Hace unos tres meses, el sector privado del país demandó transparencia en los fondos de la Tasa de Seguridad poblacional, en cuyo Comité coordinador, ellos tienen representación. Los responsables de la Tasa de Seguridad señalan que ellos no esconden información, que solo acatan las órdenes y disposiciones del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
Estos hechos deberán incidir para que los legisladores otorguen también prioridad a las reformas de la Ley de Secretos, la deroguen o creen una nueva ley—como es la propuesta—para garantizar que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea efectiva, que los fondos públicos no tengan por qué responder a la secretividad y que la reserva y clasificación en materia de defensa y seguridad sean la excepción, y no la norma.
La Ley de Secretos no debe convertirse en un blindaje para esconder información pública, pues la víspera nos indica—con las primeras revelaciones—que instituciones públicas al amparo de la ley, oculten no solo la ruta del dinero público, también documentos e información que son de interés público y que, sin conocerse los argumentos, quieren hacerlos secretos.
