Tegucigalpa.- La Ley de Protección a periodistas, comunicadores sociales, defensores humanitarios y operadores de justicia, entra también dentro de las prioridades de trabajo definidas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyos integrantes anunciaron en un reciente encuentro con autoridades gubernamentales, que contribuirán a echar a andar esta herramienta para proteger a todas las personas que por su profesión se encuentran en riesgo.
La ley, vigente desde mayo de 2015, fue creada ante las múltiples peticiones de la comunidad internacional, de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y de organismos locales de derechos humanos y de periodistas, como un mecanismo de garantía ante la vulnerabilidad en que se encuentran los distintos sectores que laboran en el ámbito de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la información y la impartición de justicia, entre otros.
Honduras es uno de los países más hostiles en materia de garantías de derechos humanos y de libertad de expresión y derecho a la información, al registrarse más de cincuenta muertes en el periodismo hondureño en la última década, siendo los últimos seis años los que más asesinatos registran.
Los periodistas en Honduras viven bajo amenazas, intimidaciones, agresiones hasta asesinatos. Igual situación tienen los activistas humanitarios y los operadores de justicia donde ni jueces ni fiscales escapan a la muerte y al clima de inseguridad que registra el país en algunas regiones del interior, según los informes humanitarios nacionales e internacionales.
Objetivos de la Ley
La Ley de Protección para periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, tiene como objetivo, reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República y en los instrumentos de derecho internacional de toda persona natural o jurídica dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad.
En vista de la existencia de este instrumento legal que no termina de operativizarse como estaba previsto, la MACCIH contempla en su convenio el apoyo necesario para echar a andar esta herramienta que amerita de una intensa socialización no solo entre sus beneficiarios, también en el resto de la ciudadanía y en el Estado mismo.
El portavoz de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, se entrevistó para ello con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Interior y Descentralización, para coordinar acciones futuras de cooperación que permitan a los sectores vulnerables enmarcados en la Ley de Protección garantías sobre su seguridad.
En su cuenta de Twitter, los responsables de la MACCIH indican que están anuentes no solo a apoyar la ejecución de la Ley de Protección, sino que también a instalar un sistema de derechos humanos para periodistas, comunicadores y operadores de justicia.
En el ámbito de la División de Seguridad Pública, uno de los ejes sobre los cuales se regirá la MACCIH, se contempla la Unidad de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
