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Legitimidad democrática de procesos electorales actuales

Por H. Roberto Herrera Cáceres

En procesos políticos electorales democráticos auténticos, los derechos humanos del pueblo deben ser imperativamente protegidos y respetados, en especial los derechos de salud y de vida de la gente.

Protejamos democráticamente al principal actor y titular de la soberanía nacional, en los procesos electorales y el ejercicio del poder, en Honduras.

Al convocar a elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral exhortó oportunamente, a los partidos políticos, a velar por que la actividad electoral de sus militantes y simpatizantes, durante sus manifestaciones y movilidad política, respetase los derechos humanos de la población, en particular de salud y vida.

Los acontecimientos demuestran que no se ha atendido la exhortación de aplicar medidas de bioseguridad en esas manifestaciones y que el ya grave peligro del contagio de la enfermedad está aumentando, en perjuicio de la salud y vida del pueblo hondureño, principal actor y titular de la soberanía nacional.

Ello es contrario a la democracia universal y contradice las directrices interamericanas en tiempos de la pandemia de COVID 19 que recogen los estándares del Sistema interamericanos de Derechos Humanos, según los cuales: “Existe el imperativo de proteger el derecho a la vida y a la salud desde la perspectiva de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Los partidos políticos y los (as) aspirantes a cargos públicos, tienen así el deber de actuar conforme a los principios del Estado democrático que es sinónimo de un estado permanente de protección y respeto de todos los derechos humanos. Por lo cual, con respecto a los derechos a la salud y vida de las personas que acuden presencialmente a movilizaciones, reuniones y actos de participación política: el Estado incluyendo los partidos políticos y aspirantes a cargos públicos, están obligados a cumplir con las medidas de bioseguridad; a asegurar los cuidados debidos a quienes, en esos actos, puedan resultar contagiados; y, en su caso, a hacer frente a reparaciones a las familias de quienes perdieren eventualmente la vida a causa de contagios en esa movilidad política, por no haberse tomado las medidas de protección requeridas.

Como representante del Estado en la dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales y el cumplimiento de los principios democráticos: el Consejo Nacional Electoral tiene responsabilidad especial en asegurar una conducta democráticamente sensata y responsable por ser un aspecto determinante de legitimidad electoral y de seguridad nacional. Ello le obliga a que, en vista de su anterior desatendida exhortación, deba, de oficio, proceder a dar la instrucción correspondiente, para garantizar el derecho a la salud y a la vida del pueblo.

Para sus reuniones o concentraciones políticas, los partidos políticos tienen a su alcance varias opciones. Pueden hacer utilización intensiva de redes sociales y espacios virtuales u otras formas de comunicación no presenciales. Pueden también combinar lo anterior con reuniones presenciales y medidas de bioseguridad verificables o innovar con otras prácticas de acción política colectiva, en tiempos de pandemia y de la actual nueva realidad. Pueden, en fin, seguir las buenas prácticas de otros partidos políticos democráticos, en el mundo.

Sin perjuicio de lo anterior, los procesos de Elecciones Primarias y Elecciones Generales en curso, deben realizarse, sin interrupción, y celebrarse, en el presente año, las previstas elecciones generales, libres, justas y basadas en el sufragio universal y directo. Para lo cual, es preciso prevenir, evitar y controlar también el abuso de poder y de derechos humanos, con atención creciente durante este prorrogado estado de emergencia nacional.

Para ello, debemos velar por que se gestione el Estado, conforme a los elementos esenciales de la democracia, como el respeto y la protección de la dignidad humana, y la sujeción al estado de derecho, con transparencia, probidad, responsabilidad y respeto de las personas, tanto por los servidores públicos como por sectores, grupos y miembros de la sociedad.

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