Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa. – Las generaciones futuras hablarán de la historia antes de la pandemia provocada por el Covid-19 y lo ocurrido después. Los cambios que se den en lo económico, político y social dependerán del grado de asimilación de las experiencias vividas en estos meses o años.
No obstante, se pueden ir dibujando algunas lecciones que nos dejará esta pandemia (no todas positivas, desafortunadamente):
Alimentos, educación, agua, salud, seguridad social elementos centrales en la vida de los seres humanos. Lo demás es superfluo y no tiene la misma importancia que se le asigna: la moda, los viajes, los lujos, etc. De ahí que la carrera por tener cada vez más dinero debería tener otra dimensión.
La organización comunitaria y municipal importa. La forma espontánea de organización de pequeñas comunidades y municipios buscando protegerse del contagio del Covid-19 muestra mucho del potencial participativo y democrático a nivel local, el cual se pueden potenciar en el futuro.
Los pobres tienen cara. Varios sectores de la población habían escuchado y leído del sector informal de la economía, pero eran como conceptos abstractos que muestran un tipo de empleo. Sin embargo, ahora los han visto desafiar la cuarentena buscando alimentos para sus familias, sin importarle los riesgos que corren, Parte de ellos llevando a los mercados sus productos con el objetivo de poder tener algún ingreso. Estos sectores, se han dado cuenta que, a diferencia de los asalariados, estos hondureños y hondureñas que representa alrededor de 70% de la población económicamente activa, obtienen su ingreso de una forma precaria, dada su inserción en el mercado de trabajo.
El Estado importa. Más de tres décadas de evangelio neoliberal hizo que muchos, en cuenta los actuales miembros del gobierno de Honduras consideraran el Estado como la fuente de todos los males económicos, políticos y sociales. “Yo no tengo problemas con el Estado, el Estado es el problema” dijo en los años 80s un expresidente de Estados Unidos. La “recomendación” era liberalizar mercados, privatizar y reducir el tamaño de los gobiernos. Lo que no se privatiza es la represión, más bien se invierten más recursos en defensa y seguridad. Esto trajo como consecuencia que poco a poco se fuera debilitando el papel del estado en educación, salud y seguridad social. Ahora estas políticas le pasan la factura a la sociedad en su conjunto con una endeble infraestructura sanitaria, incapaz de lidiar con una emergencia sanitaria como la que se presenta.
Lo interesante es, sin embargo, que en tiempo de crisis todos vuelven sus ojos para que el Estado les resuelva sus problemas. El sistema financiero solicita más liquidez y recursos a bajas tasas de interés porque no está dispuesto a arriesgar sus propios recursos. Las grandes empresas, aún con capacidad de sobrevivir 6 meses o 1 año, quieren diferimientos de impuestos, préstamos preferenciales, etc. Salvar la economía puede significar salve mi empresa, porque lo seguro es que inevitablemente habrá ganadores y perdedores con las políticas públicas que se están adoptando. En nuestro caso es fácil deducir que éstas políticas están siendo orientadas a favor del gran capital y no de las mayorías. Pagar la mayor parte de salarios de la industria maquiladora por tres meses sin ningún compromiso firme de que posteriormente no cerrarán o despedirán empleados, es un claro ejemplo. Verdad que sí importa el Estado.
La institucionalidad importa. Una situación que combina una tragedia humana como es la pandemia con un fuerte deterioro económico puede ser mejor enfrentada cuando los gobiernos gozan de la legitimidad y legalidad respectiva. No obstante, el Covid-19 encuentra a Honduras con un gobierno con escaso capital político y con poca credibilidad. La concentración de poder, la actitud sumisa del resto de instituciones del sector público al ejecutivo, incluyendo el poder Legislativo y el poder Judicial, muestran el fuerte deterioro institucional del país. Esto se traduce en una desconfianza fuerte en varios aspectos, desde las estadísticas de los contagiados y muertos, hasta las denuncias de las compras y contrataciones que hace el gobierno. Todo es cuestionado y lo seguirá siendo por los antecedentes opacos del gobierno. Muy pocos confían en las instituciones públicas llamadas a vigilar el uso honesto de los recursos públicos, mientras el gobierno se empeña en que organizaciones poco creíbles hagan la veeduría pública.
Borrón y cuenta nueva. Sectores, principalmente económicos, beneficiados por contratos o prebendas del sector público, hacen llamados vehementes por la unidad del país; pero esta unidad debe hacerse sobre el olvido que el gobierno es ilegal e ilegítimo y tiene fuertes vínculos con la corrupción y el narcotráfico. En vez de señalar que es el momento para que JOH se vaya, piden que los diferentes sectores se abracen alrededor de él, como si nada hubiese pasado. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. No entienden que la unidad no es algo de reunirse alrededor de una mesa para oír monólogos como los de las cadenas nacionales, que la unidad se da en base a principios y la búsqueda de objetivos comunes en pro del bienestar de todos los hondureños y hondureñas. JOH no se ha movido ni un centímetro de su actitud sectaria en la que solo él y el círculo de hierro piensan y pueden hacer las cosas. Se puede dialogar, pero bajo condiciones claras que de inclusión de todos los sectores y buscando consensos hasta donde sea posible.
La corrupción no duerme. Una de las razones de la escasa credibilidad del gobierno actual es que juntos los poderes del Estado han podido revertir lo hecho por la Maccih y Ufecic en materia de lucha contra la corrupción. Varios botones de muestra: el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional a Ufecic; la reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas en donde se despoja al Ministerio Público de su facultad de la acusación penal en casos de corrupción; la anulación del juicio de la Sala Penal de exprimera dama (resuelto el recurso de casación a la velocidad de un rayo); la liberación del expresidente del Consejo de la Judicatura; la próxima entrada en vigencia del Código Penal en el mes de mayo que reduce las penas por corrupción; el blindaje de los diputados en el uso de recursos públicos y la próxima desestimación de los juicios de los pandoros.
Una bendición. Por último, pero no menos importante, la pandemia, la cuarentena, los recursos extraordinarios que se están manejando en el sector público, la posibilidad de compras y contrataciones directas, la posibilidad de aprobar concesiones arguyendo la emergencia, todo esto, ha sido una bendición para el sistema corrupto e inepto de la administración pública de Honduras. Por eso no se cansan de repetir en las cadenas “Dios bendiga a Honduras”, que quiere decir “Dios nos bendiga a nosotros”. Hasta acá ha llegado el cinismo de jugar con la fe.
