Tegucigalpa. – “Vísteme despacio que tengo prisa” dicen que aconsejó Napoleón al valet o sirviente que le vestía, mientras se aprestaba a marchar hacia el campo de batalla. La expresión, del origen que sea, revela una sana y aconsejable verdad: la prisa no siempre es buena consejera y, con frecuencia, conduce a equivocaciones y fracasos.
La cita viene a cuento en estos momentos en que se aproxima el plazo crucial de las elecciones, mientras el gobierno entra en lo que bien podría ser la senda final de su lamentable recorrido por la historia reciente de nuestro país. Si fuera necesario mostrar un tan solo ejemplo de lo afirmado, bastaría ver lo que sucedió en el Congreso Nacional en la llamada “semana morazánica”, tiempo durante el cual la mayoría de nuestros compatriotas retozaba en las playas o se embelesaba ante los televisores viendo y sufriendo las piruetas inútiles de sus futbolistas preferidos.
Ejerciendo un poder de convocatoria cada vez más frágil y poroso, a la vez que valiéndose del conveniente “anonimato digital” del sistema de reuniones virtuales, los diputados oficialistas que controlan el parlamento llamaron súbitamente a una reunión de última hora para aprobar sustanciales y nocivas reformas a la legislación vigente. Mostrando una prisa tan sospechosa como desaconsejable, los mal llamados legisladores nacionalistas (y uno que otro autodenominado “opositor”) aprobaron reformas que apuntan a fortalecer la impunidad, endurecer aún más la represión política y social, a la vez que invadir los espacios de las organizaciones de la sociedad civil, ampliando irreflexivamente los ámbitos contralores del Estado e invadiendo, desde el área pública, los reconocidos espacios del mundo privado. Todo un conjunto de reformas para terminar de debilitar los frágiles fundamentos del Estado de derecho y la legalidad republicana.
Esta arremetida antijurídica y autoritaria contra los valores de la democracia me recuerda otra similar que tuvo lugar en el segundo semestre del último año (2013) del gobierno de Porfirio Lobo. En aquel entonces, cuando ya prácticamente funcionaba un gobierno bicéfalo, con una cabeza poco pensante y demasiado vacilante en el Ejecutivo y otra muy beligerante en el Legislativo, se produjo también una avalancha de “correcciones”, derogaciones y emisión de nuevas disposiciones legales a fin de preparar el camino para el nuevo gobierno que debería presidir el actual inquilino ilegal de Casa Presidencial. Fue una verdadera catarata de abundante y dudosa legislación de última hora, que muchos no vacilamos en calificar como “decretorragia parlamentaria”.
La diferencia, a mi juicio, es que aquella avalancha de reacomodo legislativo se produjo para preparar la llegada del nuevo gobierno y facilitarle los planes concentradores de poder que ya mostraba desde entonces. En cambio, la avalancha de ahora parece ser la antesala de la salida del mismo gobierno ilegal, que cada vez luce más inepto y vulnerable. Las reformas acomodaticias del final de aquel año 2013 facilitaban la llegada del nuevo gobernante, mientras que las reformas apresuradas de hoy, en el 2021, están llamadas a facilitar una salida ordenada y protegida del mismo gobernante.
En los dos casos, el clan político dominante utiliza la nueva ley para violar la antigua ley que ya no satisface plenamente sus intereses del pasado ni cubre con suficiente manto las tropelías y delitos del presente. Mientras utiliza los nuevos instrumentos legales para cubrirse de impunidad y protección judicial, aumentando las violaciones y la represión política y social, al mismo tiempo retuerce, anula o invalida la misma vieja legislación que le sirvió de soporte en el cercano pasado y utilizó para apuntalar el régimen de ilegalidad disfrazada que puso en práctica. Dialéctica siniestra la del régimen, anunciadora ya del final agónico que se vislumbra.
Pero la prisa con que lo ha hecho se encarga de desenmascarar la maniobra. De haber leído a Napoleón, seguramente le habría aconsejado a sus leales sirvientes legislativos: Despacio, muchachos, que tenemos prisa…
