Tegucigalpa – Se les denomina «el poder real» en Honduras, una expresión que había caído en desuso hace varias décadas, pero que ahora cobra protagonismo frente a las nuevas funciones propias de los civiles que les han sido otorgadas y el proceso electoral que se avecina, donde el papel de garantes de la democracia se desdibuja ante el coqueteo que les hacen los políticos y la habilidad de los hombres de uniforme de recoger en tiempos de cosecha.
Son las Fuerzas Armadas de Honduras, que en el 2020 se estrenan con nuevas funciones, entre ellas las de manejar buena parte del sector agrícola, al aceptar el gobierno que son fundamentales para desarrollar programas y proyectos de reactivación en el agro asignados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA). Un acuerdo PCM otorga a los uniformados esas nuevas asignaciones aprobadas en Consejo de Ministros.
La polémica por esta nueva atribución no se hizo esperar al trascender que manejarán más de cuatro mil millones de fondos públicos, mismos que se desconoce si caerán—como otros—en los lineamientos de la llamada Ley de Secretos que de momento mantiene opacas enormes líneas presupuestarias de fondos públicos.
Esas nuevas funciones militares, que también manejan una jugosa partida presupuestaria de más de treinta millones en fondos para la reforestación por medio de los batallones verdes, les han puesto de nuevo en la escena pública frente al debate de la democracia, los militares y el rol frente a la institucionalidad.
También porque el ex hombre fuerte del Estado Mayor Conjunto, el general en retiro, René Ponce Fonseca—quien antes de retirarse fue laureado con la develación de su propio busto – dijo que hoy por hoy las Fuerzas Armadas son “el poder real” en Honduras, una expresión que hace varias décadas no se escuchaba en la accidentada democracia de este país centroamericano.
Nuevamente, los hombres de uniforme se erigen no sólo como “árbitros” de la democracia dentro de las funciones que les otorga la Constitución, una posición develada por el general retirado Ponce, que tendrá repercusiones futuras, en especial en materia político electoral.
Confianza electoral
Por decisión constitucional, los militares tienen entre sus funciones ser garantes del ejercicio de la alternabilidad en el poder, donde un mes antes de los comicios generales, ellos toman el control en lo concerniente a la custodia y traslado logístico de las urnas y sus votos.
Pero las aseveraciones del general ahora en retiro, René Ponce, contratan con las de sucesor, Tito Livio Moreno, quien al asumirel bastón de mando aseguró que su gestión tendrá dos propósitos: respetar los derechos humanos y acercarse más al pueblo, dos anhelos que no se cumplirán con decretos ni declaraciones, sino con hechos y acciones.
A partir del 2020, el ambiente político electoral en Honduras se intensificará pues desde ya están las precandidaturas abiertas y los partidos políticos tradicionales poco a poco se adentran a ese escenario para hacer sentir al pueblo que solo las elecciones generales de 2021 serán la solución a los problemas de Honduras, en un afán por dar oxígeno a la democracia.
En esa vorágine de agenciarse la simpatía del “poder real”, los políticos seguirán sus coqueteos con los hombres de uniforme, que, de entrada, deberán fijar las reglas de su participación y cuidar cada una de las expresiones públicas que hagan.
Cárceles y corrupción
Las elecciones generales del 2021 serán igual o más sensibles que las del 2017 y la neutralidad castrense en la custodia del proceso y traslado de urnas, ameritaría de mensajes fuertes y claros de confianza y certeza por parte de los hombres de uniforme, que se jugarán, en ese proceso, el rumbo de la democracia hondureña.
Esas señales pasarán por dos hechos claves, uno que les ha sido reasignado, y otro que tiene que ver con su fortalecimiento interno. El primero es el manejo que hagan del tema carcelario, ante el repunte de crímenes impunes que ahí se han suscitado, entre ellos el de dos integrantes de grupos de narcotráfico.
Más de una treintena de homicidios en las llamadas cárceles de máxima y mínima seguridad en Honduras, tiene al Estado contra las cuerdas, al hacer caso omiso a las recomendaciones que al respecto han hecho las organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre ellas las de Naciones Unidas e incluso la propia MACCIHque brindó y presentó al Congreso Nacional una serie de recomendaciones sobre el sistema penitenciario, entre ellas la desmilitarización gradual de las cárceles.
Así, los militares se han echado a cuestas un sistema complejo, donde el autogobiernoha sido el gran rey en esos centros, y cuyas redes no serán fáciles de desarticular.
El otro elemento que tiene entre sus desafíos del 2020 la institución castrense es su limpieza interna, es decir, su propia depuración ante la alta percepción de corrupción (81,3%) según la última encuesta de Cespad y la caída en los niveles de confianza de la población. Hoy las Fuerzas Armadas son menos confiables que antes (35%), según el Latinobarómetro de las Américas. El desafío para los militares se centra en generar credibilidad, confianza y transparencia, más allá del dinero que manejan.
