Las cuentas de la calamidad

Julio Raudales

Vuelve a la palestra la discusión sobre cambio climático, la gestión de riesgos ambientales y el ordenamiento territorial. 

Lamentablemente, el debate no se da en un entorno sereno y reflexivo, no. Como sucede inveteradamente, los medios de comunicación y otras partes interesadas, lanzan ahora su análisis y propuestas movidos por la emergencia y el desastre que el país enfrenta y que nos tiene de nuevo de rodillas.

Lo extraño es que se habla de que en 2020 nos cayeron las “plagas de Egipto”. ¿Será que somos víctimas de alguna maldición? Ingenuo quien crea tal dislate.

A la pregunta de la gente acerca de ¿Cómo es posible que la naturaleza se haya ensañado tanto? Que, a la ancestral miseria que atormenta a la mayoría de los hogares, a la corrupción gubernamental endémica multiplicada de los últimos años, a la criminalidad e ingobernabilidad, se suman la calamidad del COVID y ahora el desastre de la tormenta tropical Eta. La respuesta es que no debería de extrañarnos. Somos el producto de las acciones u omisiones que como sociedad hemos construido

En 1999, luego del paso del huracán Mitch, se elaboró, con el apoyo de prácticamente todos los países desarrollados, el llamado Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. Ahí estaban delineados los principios para impulsar el desarrollo humano y físico de la sociedad con una visión de sostenibilidad ambiental.

Pero ese Plan Maestro fue abandonado rápidamente. Los subsiguientes mandatarios, que como siempre en la historia, llegaron con la convicción supina de que son los únicos humanos tocados por la gracia divina y que hay que echar al tiesto de la basura todo lo que hizo el anterior, decidieron que no vale la pena apostarle al desarrollo sostenible, pese a que cargan sus discursos con la bandera del cuidado ambiental y la inversión en capital humano. 

Pese a que la vulnerabilidad del país persistió y se hacía evidente cada año, a nadie parece interesar una salida sostenible a estos riesgos sistemáticos. Los organismos internacionales como el PNUD o el Banco Mundial, que a veces parecen mas interesados en Honduras que los propios nativos, otorgan financiamiento y asistencia técnica y a veces solo bajo la condición de que se aprueben leyes, políticas o programas que reviertan la situación de deterioro que el país ha vivido desde su fundación. Creen, de manera inocente, que cómo sus países son desarrollados precisamente por acatar la ley, acá será igual. Ellos tampoco han aprendido.

Eso sí, por leyes y programas gubernamentales no hay que preocuparse; en 2003 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, se creo el ahora famoso Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y unos años después el Congreso aprobó y dio fuerza legal a una Visión de País con horizonte de 28 años, basada en el desarrollo regional, que intentaba abrir espacios a la ciudadanía para su participación. 

¿Pero de qué sirve tener tantas y tan hermosas leyes si son papel mojado? El presupuesto nacional que es el instrumento llamado a operativizar el imperio de la legislación vigente solo tiene validez si se trata de crear los elefantes reumáticos en que se convierten las instancias que deberían ejecutar el mandato de carácter técnico y con visión política. 

Pero no. Al final, para quienes ejercen el control de los recursos, lo único que cuenta es cuántas plazas burocráticas se pueden crear para satisfacer la clientela de campaña; cuántas compras y contrataciones les permitirán asegurar ganancias personales y, por qué no, la posibilidad de inmortalizar su nombre en placas inaugurales que se anoten en la posteridad.

¿Será que alguna vez por fin aprenderemos la lección? Solamente a través de un cambio en la forma en que la ciudadanía ejerce su mandato las cosas podrán ser distintas. Mas que buenas leyes y buenos gobiernos, el país requiere de ciudadanos activos, capaces de organizarse y demandar de forma efectiva sus derechos. Si no, nos tocará seguir esperando por los siglos de los siglos.

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