Tegucigalpa – Mientras los comisionados interventores de la Policía consideran que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), debe desaparecer, las disposiciones legislativas indican que esa oficina deberá mantenerse hasta que una nueva instancia esté estructuralmente conformada y se disponga del presupuesto para habilitar la evaluación, no solo de policías sino también de militares, fiscales, jueces y otros servidores públicos ya contemplados en la ley.
El proceso de depuración y reorganización de una policía certificada seguramente no es fácil en ningún país del mundo y muchos menos en Honduras, donde la huella del crimen marca a ese cuerpo de seguridad que aún arrastra la falta de confianza ciudadana.
Las historias de policías mezclados en crímenes, trasegando drogas, en bandas de narcotráfico, otros vinculados a robos menores hasta llegar a ser protagonistas de negros pasajes que les involucran en los atentados que costaron la vida a emblemáticas figuras como el zar antidrogas Julián Arístides González o el luchador por la seguridad Alfredo Landaverde, han matizado la realidad de su deteriorada institucionalidad.
Como una perla en la corona, hace unos días cinco oficiales de la Policía fueron extraditados a Estados Unidos, por sus vínculos con la narcoactividad y el tráfico de armas.
En medio de ese ambiente, surge a iniciativa del Ejecutivo la Comisión Depuradora de la Policía, integrada por los comisionados Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma Morales.
El cuerpo depurador ha evaluado a 459 altos oficiales, de los cuales nueve pertenecen al rango de general, 47 son comisionados, 108 subcomisionados, 108 comisarios, 154 subcomisarios y 33 de otros diferentes rangos.
De ese total de 459 policías evaluados, 167 fueron cancelados, 20 fueron suspendidos, a siete se les autorizó el retiro voluntario de la Policía Nacional, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 254 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial.
¿Conejos cuidando zanahorias?
¿Conejos cuidando las zanahorias? Ha sido la expresión de analistas en temas de seguridad que no terminan de asimilar como en el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía se contempla la creación de una unidad interna para evaluar al personal.
La duda está relacionada con la existencia hasta hace pocos años de una Oficina de Asuntos Internos que poco pudo hacer y que aunque tuvo entre sus directores a algunos oficiales que impulsaron procesos, no recibieron el acompañamiento adecuado.
Mientras esa oficina operaba, en el reciente pasado quedaron al descubierto los carteles policiales que operaban en colusión con bandas organizadas y hasta como delincuentes comunes.
Tras el crimen de dos universitarios en octubre de 2011, poco a poco se ha ido desenmarañando la red de corrupción y colusión criminal a lo interno de la Policía y aunque los pasos para depurarla han pasado por la construcción de un andamiaje jurídico, también se ha requerido de voluntad estatal para impulsar mutaciones que muchas veces se han visto opacadas o menguadas.
¿Y la superintendencia?
Pero hace unos dos años, el Legislativo dio vida a una instancia que funcionaría como una especie de superintendencia, ente encargado de evaluar a fiscales, jueces, militares y policías entre otros funcionarios públicos. La oficina aún sigue enmarcada en el papel.
Aunque en febrero de 2014 se publicó en la Gaceta, la Ley General de Pruebas de Confianza y en marzo de este 2016 los primeros 50 artículos de la nueva Ley Orgánica de la Policía pasaron el primer debate en la cámara legislativa, todo se reduce a escritos que no han sido puestos en vigor. En el caso de la superintendencia por asuntos de estructura y presupuesto y en torno a la ley orgánica policial debido a que aún no ha sido totalmente aprobada y aun aguarda dos debates.
La misma ley prevé que mientras la superintendencia no funcione, tocará a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial continuar aplicando las pruebas de confianza. Este tema se ha visto alterado tras las declaraciones de los comisionados interventores de la policía que han manifestado tajantemente que ese órgano (DIECP), debe ser extinguido.
En medio de la falta de claridad de los actores técnicos, de sociedad civil y políticos, la DIECP podría estar en sus estertores o su vida podría prolongarse, aunque sus funciones no llenen las expectativas de la creciente demanda social por alcanzar una Policía Comunitaria, lejos de la huella del crimen que ha marcado su decadencia.
La DIECP funciona con un presupuesto anual de 52 millones de lempiras y 145 empleados contratados bajo la modalidad de permanentes.
DIECP se defiende
A la tendalada de críticas en contra de la DIECP, su director Óscar Vásquez asegura que nunca tuvieron autoridad para despedir miembros de la carrera policial y que esa función le correspondía al secretario de Seguridad.
“No nos hemos divagado, no hemos despilfarrado fondos y hemos cumplido con los propósitos para los cuales fuimos creados”, dijo Vásquez, quien además denunció abandono de la clase gubernamental en las ejecutorias de esa oficina desde su fundación en 2012.
El funcionario le pasó responsabilidad de despedir policías a la Secretaría de Seguridad, hasta donde fueron turnados centenares de expedientes constitutivos de sanciones administrativas y penales contra elementos del cuerpo del orden.
“La DIECP nunca tuvo las herramientas legales con las que ahora se cuenta para hacer un trabajo de depuración más efectivo. Algo que no acepto desde ningún punto de vista es que se nos mire como una institución ineficiente, en ese sentido no lo acepto”, puntualizó.
