El caso, precisó la SIP en un comunicado, «involucra a altas autoridades» del país centroamericano «que han iniciado querellas contra Zamora en aparente represalia por sus denuncias periodísticas sobre irregularidades en la administración pública».
El viernes pasado el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció su decisión de dar marcha atrás con la demanda penal contra el periodista por los delitos de «coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos del Estado».
No obstante, el mandatario explicó que continuará las acciones judiciales por la vía de lo civil, recogió esta entidad. Pérez Molina «continuará la demanda judicial apegándose a lo que dicta la Ley de Emisión de Pensamiento, que manda establecer tribunales especiales para dirimir conflictos contra periodistas».
La decisión de Pérez Molina deja sin efecto una supuesta orden de captura que se podría haber dictado contra Zamora, a quien «un juez le impuso una orden de arraigo, por lo que no puede salir del país». Esta decisión fue secundada por la vicepresidente de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien logró que un tribunal expidiera, «sorpresivamente, una orden de protección física contra Zamora, prohibiéndosele «perturbar o intimidar a la agraviada y a cualquier integrante de su grupo familiar».
Las acciones judiciales contra Zamora causaron estupor por lo que establece la Constitución del país, que indica que «no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos (del Estado) por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, destacó que las acciones emprendidas contra Zamora «llevan a concluir que todo esto, publicidad oficial negada y demandas del presidente y la vicepresidenta, suponen» que se trata de «un intento por acallar una voz que será muy crítica, pero que es una voz que tiene todo el derecho de expresarse en una democracia».
Desde el año pasado, tras la publicación en elPeriódico de una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración pública, Zamora viene denunciando que sufre la persecución gubernamental por su línea editorial y su cobertura sobre la corrupción en el Gobierno.
Zamora dice que esta persecución gubernamental se concreta también en ataques cibernéticos a la página de internet del periódico, el retiro de publicidad oficial, la promoción de un boicot de anunciantes privados y campañas de desprestigio para restar credibilidad a sus denuncias.
Paolillo, director de Búsqueda, semanario de Uruguay, anunció que la SIP está organizando para la tercera semana de febrero en envío de una misión internacional a Guatemala «con la intención de reunirnos con las partes involucradas», así como atender otros aspectos relativos a la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas en ese país.
