Por: Thelma mejía
Tegucigalpa.- Con exquisita fascinación he seguido la madurez de nuestras elites políticas en cuanto a la progresividad de los derechos humanos, en particular en materia de derechos civiles y políticos, así como de libertad de expresión. Son tan sólidos sus argumentos que cualquier doctrina consultada se queda corta.
La mayor sapiencia la encuentro en nuestro parlamento, al escuchar a una pléyade de congresistas que se indignan cuando se irrespeta el Estado de Derecho, sino se acata una decisión de una corte de justicia o se preocupan por garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información cuando se limita el derecho al crecimiento profesional, político o personal de algún aspirante político.
Me congratula escuchar a nuestros congresistas defendiendo la Constitución y la institucionalidad en Honduras. Y me hacen sentir más segura cuando aprueban tantas reformas y legislaciones en materia de seguridad como parte de esa progresividad de derechos humanos orientada a garantizar la vida, aunque las estadísticas digan que las muertes son tantas que se asemejan a la desaparición de poblados enteros si les cayera una bomba.
El otro día escuché a un legislador desaprobar con vehemencia a un Congreso—que no es el actual—por no acatar una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución de la República.
¡Qué barbaridad, eso no puede ser!, una sentencia se acata, nos guste o no. Eso no se hace porque debilita el Estado de Derecho. Esa sentencia debió publicarse, dijo incómodo el legislador por ese irrespeto a la institucionalidad que hicieron sus antecesores compañeros de cámara.
Pero ¿ustedes destituyeron una sala constitucional, dieron un golpe técnico? ¿Ustedes siguieron irrespetando la institucionalidad y la Constitución?, le ripostó uno de los interlocutores. El legislador hizo una pausa para responder: eso es historia pasada, pasemos mejor a otro debate.
Sí—intervino otro parlamentario—estamos aquí para defender la libertad de expresión, el derecho que tiene una persona a aspirar a un cargo sin que se le limiten sus derechos, hay convenciones y tratados y el país debe adecuarse a la progresividad de los derechos humanos ilustró.
Desconozco a qué o quién se refería en esta vehemente defensa de la libertad de expresión y de los derechos civiles y políticos de las personas. En algún momento, mis escasos conocimientos doctrinarios me plantearon la disyuntiva si existe una doctrina propia para las elites políticas y otra para la gente común, para el ciudadano de a pié como usted o como yo.
Hasta ahora, creía que la doctrina de los derechos humanos y las libertades que ello implica eran universales, pero parece que con eso de la progresividad de los derechos humanos, en alguna parte se produjo una especie de bifurcación que no entiendo y me obliga, sin duda, a seguir con mayor vehemencia la sapiencia de nuestros diputados en el parlamento.
Abrazo sus posturas cuando defienden la libertad de expresión y el derecho a la información, aunque para ello hayan aprobado una ley de secretos oficiales que nos limita ese derecho del que se ufanan, o estén por debatir entre sus prioridades regulaciones para que no veamos narconovelas, escuchemos narcocorridos o cualquier otra cosa escandalosa que atente contra la moral y las buenas costumbres.
En el caso de las series novelescas que recogen las historias del narcotráfico, presumo que el control para prohibirlas obedece a que éstas son superadas por la realidad que se da en las comunidades del interior del país.
Imagino que esos presuntos narco alcaldes o los políticos o parientes de políticos implicados en hechos de la criminalidad organizada, surgieron luego de ver El Patrón del Mal, La Reina del Sur o el Señor de los Cielos—última serie que por cierto no he podido ver en su tercera temporada porque mi cable no la transmite–, presumo que a raíz de esas y otras series violentas es que tenemos una sociedad más cruel y por eso se deben quitar para estar acorde en la progresividad de los derechos humanos.
Quizá por eso también es que las mujeres ahora deben ser más recatadas en las instituciones públicas: ni tatuajes ni ropa que ofenda a la moral y las buenas costumbres porque incita a la violencia y si la desobediencia es grande, ni modo, habrá que proponer una nueva ley que nos devuelva la seguridad y los valores, aunque los códigos en las calles sean otros.
Leyendo la doctrina humanitaria que tengo sobre éste y otros puntos a la luz de la libertad de expresión, de información y de opinión, me doy cuenta que la misma está desfasada si primamos la intención de nuestros congresistas de enseñarnos el bien y el mal, lo que es y no es noticia, lo que se ajusta y lo que no se ajusta al traje de Brunéi, a propósito de mi última columna.
Sin duda la progresividad de los derechos humanos está sentando jurisprudencia en Honduras y los simples mortales como nosotros no nos damos cuenta.
Yo me he quedado, por ejemplo, con algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que establece, a propósito del ámbito de los derechos humanos, medidas para satisfacer el derecho a la justicia cuando se refiere que el Estado de Honduras debe reconocer públicamente que sus autoridades y agentes cometieron violaciones a los derechos humanos, pedir perdón a las víctimas y comprometerse con ellas y con la sociedad a que tales violaciones no se repitan, es decir, que no hallan “más dedos” apretando gatillos.
O aquella en materia de corrupción en la cual solicitan a la Fiscalía ser más eficiente, independiente y establecer en términos razonables de duración de las investigaciones para evitar la duración indefinida de las mismas y la afectación de los derechos del investigado.
Y qué decir de la recomendación hecha a los partidos políticos a quienes solicitó ser fortalecidos y modernizados a fin de cumplir su rol de mediación política entre la comunidad y el Estado, asegurando “que la institucionalidad democrática es eficiente, transparente y moderna”.
Pero la mayoría de nuestros legisladores no piensan en estas cosas, pues esas recomendaciones no son modernas ni progresivas a sus intereses. Ellos son la oleada de una nueva casta política sin pedigrí que se asustan e indignan al saber que sus antecesores violaron la institucionalidad, pero aplican el “wifi” cuando esa norma se repite para avanzar en la llamada “progresividad” de “sus” derechos humanos. Así está el país.
