Tegucigalpa – “La paciencia del pueblo hondureño, la paciencia de la comunidad internacional se está agotando frente a esa promesa (de traer la CICIH a Honduras) y queremos mandar un sentido mensaje de urgencia sobre la importancia de materializar ese compromiso”, dijo este viernes Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rigths Watch (HRW).
– Para Human Rigths Watch Honduras está lejos de tener un sistema de independencia judicial
HRW concluyó que la corrupción en Honduras ha generado violaciones a los derechos humanos del pueblo
HRW presentó este viernes un informe tras una visita que comenzó a inicio de la semana y una investigación de un año y medio, donde el organismo concluyó que la corrupción en Honduras ha generado violaciones a los derechos humanos del pueblo.
“Cuando hay corrupción en proyectos de salud, de represas hidroeléctricas, en proyectos de lucha contra la pobreza, lo que se genera más allá del acto de corrupción es una violación directa a los derechos humanos del pueblo hondureño”, dijo Goebertus.
Tanto el informe, como el paquete de recomendaciones sobre la corrupción y sus efectos en los derechos sociales, económicos y humanos de los hondureños fueron enviados a la presidenta Xiomara Castro y al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Promesa incumplida
Había una promesa muy clara, muy explicita del gobierno de Xiomara Castro, tanto en la campaña como en el inicio de gobierno de crear una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), “sin embargo llevamos un año y medio desde esa promesa de ejercicio de gobierno y ésta aún no se ha materializado”, resaltó la directora para las Américas de HRW.
Para el organismo, poner en marcha esta comisión supone superar una serie de obstáculos para hacer investigaciones efectivas, un hecho que precisamente destaca entre los obstáculos que impiden esta instalación y que Naciones Unidas han exigido.
“Sino se remueven esos obstáculos, mal haríamos en poner en marcha una comisión de este estilo”, dijo Goebertus al destacar entre las barreras actuales, el decreto 116-2019 que genera obstáculos para la investigación a diputados referidas al cuestionado fondo departamental.
El informe también hace referencia al decreto 4/2022, que otorga una amnistía a exfuncionarios que se desempeñaron durante el mandato del presidente Manuel Zelaya y que hayan sido investigados, procesados o condenados por “actos propios del ejercicio de su función pública” tras el golpe de Estado de 2009 contra Zelaya.
“Es fundamental que la presidenta cumpla con revocar estos obstáculos”, dijo la directora para las Américas de HRW, al agregar también que urge de independencia judicial, pues en la actualidad “Honduras está lejos de tener un sistema de independencia judicial”.
Casos que impactan
Santiago Mena, uno de los autores del trabajo de investigación de HRW detalló que los casos en estudio, vinculados a corrupción, datan de la experiencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), así como de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Los casos como los hospitales móviles, el fraude sobre la construcción y operación del proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, el caso Pandora y el del Arca Abierta, reflejan el impacto de la corrupción en los derechos humanos.
En Honduras, “según datos oficiales en 2021, más del 80 % de la población rural se encontraba en situación de pobreza, casi todos ellos en la pobreza extrema. Más del 75 % de la población en las ciudades se encontraba en la pobreza y dos tercios de ellos, en la pobreza extrema”, dijo Mena al afirmar que HRW conecta estos indicativos, porque esta población es afectada con la malversación o desvío de fondos que dejan de llegar en su beneficio.
Para la realización de este informe, HRW se reunió con distintos actores del país que incluyó sociedad civil, diplomáticos, funcionarios de gobierno, expertos anticorrupción y en el funcionamiento de organismos internacionales contra este flagelo.
Segundo paquete de recomendaciones
Este es el segundo paquete de recomendaciones que HRW realiza al gobierno dirigido por Xiomara Castro, recordó el subdirector para América de HRW, Juan Pappier.
“Cuando comenzó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, le enviamos un informe sobre distintos temas; independencia judicial, lucha contra la corrupción, derechos de las mujeres, libertad de expresión, y el gobierno manifestó su interés en implementar esas recomendaciones”, dijo.
No obstante, tras año y medio del mandato presidencial, HRW sigue a la espera de que sus recomendaciones hagan eco y que no hayan quedado únicamente en papel.
“Queremos ver que eso efectivamente ocurra, porque hasta ahora no vemos gran movimiento para avanzar en la plataforma de derechos humanos y anticorrupción que prometió la presidenta Xiomara Castro”, señaló.
Los representantes de HRW siguen a la espera de una reunión con la mandataria y su gabinete para que se avance en la implementación de las recomendaciones realizadas, las que Pappier destaca que son fundamentales para que la corrupción se pueda ir reduciendo en el país y que los hondureños puedan vivir mejor.
Pese a que no ven avances en su implementación, Pappier dijo que HRW seguirá enviando más recomendaciones, “porque creemos que, si la presidenta hizo campaña en una plataforma de derechos humanos, es necesario cumplir con esa palabra y mostrar que hablaba en serio”.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castalleda lamentó que aunque el gobierno recibe las recomendaciones, pero “no vemos las acciones en ejecución, no vemos el planeamiento de qué acciones se pueden emprender para mejorar la situación que estamos viviendo actualmente”.
Castalleda dijo que desde ASJ han expresado la preocupación de cómo ha ido reduciendo la lucha contra la corrupción, “ahora hay una menor cantidad de requerimientos fiscales por delitos de alto impacto en temas de corrupción”, dijo al manifestar que esto solo muestra que “la lucha contra la corrupción en Honduras no es una prioridad”. VC
