La Unión Cívica Democrática, que aglutina a empresarios, políticos de oposición, iglesias y otros sectores, dijo a través de una portavoz que la consulta que promueve Zelaya «es una farsa» y pidió a los hondureños que «no sean parte de lo ilegal».
Por otra parte, se repitió en cadena nacional de radio y televisión un mensaje del viernes, del ministro de Educación, Marlon Brevé, en el que pidió a los hondureños que acudan mañana a los 15.000 puestos disponibles en el país a votar a favor de la consulta popular.
El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, también hizo un nuevo llamamiento a los hondureños a que no acompañen «la ilegal consulta popular» y recomendó «quedarse en casa».
La consulta popular que promueve Zelaya se celebrará en un clima de polarización e incertidumbre por la crisis política vivida el miércoles y jueves, luego de que el presidente anunció la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez.
El mismo miércoles, Zelaya aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.
Vásquez sigue al frente del Estado Mayor porque, según dijo Zelaya el viernes, aún no ha nombrado a su sustituto.
La iniciativa de Zelaya es rechazada por organismos gubernamentales como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que la empresa privada, iglesias, profesionales, partidos de oposición y otros grupos que afirman que es ilegal.
La consulta, dirigida exclusivamente por el Gobierno, según Zelaya, se enmarca en una «ley de participación ciudadana», que él sancionó el 27 de enero de 2006, al asumir el poder y en atención a una solicitud que le habrían hecho unos 400.000 ciudadanos.
Los hondureños podrán responder mañana si están de acuerdo con que en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009 se instale una urna adicional a favor de una Asamblea Constituyente y se reforme la actual Carta Magna, a partir de 2010.
