Tegucigalpa – AL menos el 50 por ciento de los personas acusadas de actos de corrupción recibieron “medidas alternas a prisión”, ya que sus casos fueron presentados como abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, señaló hoy martes la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
– La mayoría de imputados fueron empleados o funcionarios de nivel bajo y medio y apenas un funcionario fue condenado a prisión durante los siete años analizados.
– Instituciones con alta percepción de corrupción en la población no aparecen en casos procesados, dijo el representante de la MACCIH, Jan Michel Simón.
La ASJ presentó el resultado de un estudio elaborado sobre la revisión de 110 expedientes de corrupción pública y que fue presentado en el foro “Judicialización de la corrupción Pública 2008-2015”, con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla.
El informe destaca que la legislación actual permite aplicar medidas “procesales alternas tales como conciliación o suspensión condicional de la persecución penal”, mientras los delitos como enriquecimiento ilícito el proceso puede tardar hasta 10 años.
Según la nota informativa de la ASJ, lo anterior deriva en una “casi nula restitución del daño causado, mientras que los imputados pueden regresar a la función pública sin antecedente penal”, en los casos que no son reincidentes.
El informe destacó que se recibieron 3 mil 471 denuncias de corrupción, pero solo 283 casos se procesaron con requerimientos fiscales presentados ante los tribunales de justicia, equivaliendo a un requerimiento fiscal por cada 12 denuncias recibidas por el Ministerio Público.
El presidente de ASJ, Carlos Hernández, dijo que es “importante hacer esta discusión para asegurar que la corrupción no quede en la impunidad. Más que nunca estamos buscando mecanismos, alternativas, para judicializar la corrupción”.
De acuerdo al organismo de la sociedad civil el estudio tiene como finalidad conocer la estrategia de persecución criminal, prácticas procesales de los operadores de justicia y los resultados cuantitativos y cualitativos que se lograron en los últimos siete años.
Los panelistas debaten sobre los retos del sistema de justicia penal y los entes contralores responsables de investigación administrativa, así como las oportunidades de mejora institucional con la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Igualmente la ASJ señaló su aspiración a que el informe sea un insumo para la nominada Comisión de Selección de Jueces y Magistrados de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
