La fecha se registra de acuerdo al Decreto Legislativo 47 – 2004 como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en Honduras”.
Mientras organizaciones defensoras de derechos humanos, el partido Democracia Cristiana y entidades de sociedad civil recuerdan que hace tres décadas y media en la hacienda de Manuel Zelaya, padre del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, fueron asesinadas 14 personas entre las que figuran sacerdotes, mujeres y campesinos, este país centroamericano atraviesa actualmente una agitada atmósfera que confronta a un sector agroindustrial y grupos campesinos.
Honduras pareciera retrotraer viejas crisis que poco han evolucionado tras una reforma agraria que pareció tener destellos significativos en los años 70, pero que luego quedó varada como un barco que no logró llegar a puerto seguro.
Al conmemorar la masacre de los Horcones y Santa Clara y vincularla con la conflictividad agraria actual, el vicepresidente del Congreso hondureño y dirigente del partido Democracia Cristina, Ramón Velásquez Nasar, dice que Honduras vive un momento muy delicado en el que deben evitarse las confrontaciones pero en el que es urgente poner en marcha la reforma agraria y forestal.
En tanto el analista Benjamín Santos, dijo, durante una comparecencia televisiva conducida por el periodista Renato Álvarez, que es importante no olvidar a los mártires de Los Horcones y Santa Clara y la masacre de la que fueron víctimas, como un hecho que debe indicarnos errores que no deben volver a cometerse.
“No es por la fuerza que se van a resolver los problemas, aquella fue una experiencia en el clima de la guerra fría pero hoy hay espacios de diálogo” reflexionó Santos.
El escenario actual Durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) campesinos organizados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) demandaron tierras y ocuparon extensiones cultivadas por agroindustriales en la región atlántica, al punto de general más de una veintena de muertes entre campesinos, mujeres, niños y guardias de seguridad. Zelaya mantuvo al MUCA entretenido con múltiples promesas pero no cumplió ni sus ofrecimientos de clásicas regalías y dadivas entre las que prometió al menos de un centenar de viviendas. Luego llegó la crisis política que acabó con el gobierno de Manuel Zelaya quien fue sacado del poder tras intentar perpetuarse en la presidencia del país mediante la instalación de una asamblea nacional constituyente avalada por una consulta popular considerada inconstitucional. Un par de meses después de asumir el poder, el gobierno de Porfirio Lobo realizó una tentadora oferta al MUCA para que lograran recuperar dominios que anteriormente vendieron a terratenientes y que actualmente son áreas para el cultivo de palma africana. Para la administración Lobo atender al campesinado organizado cobra vital importancia en el proceso de recomposición social donde deben darse muestras de diálogo y respeto a los derechos humanos. El 17 de abril de este año, el Presidente Porfirio Lobo y los miembros del MUCA, firmaron un acuerdo para poner fin a al conflicto agrario en el Bajo Aguán. Las bases de 28 grupos campesinos dieron su visto bueno a los acuerdos pactados entre el gobierno y sus dirigentes y que les permiten acceder a seis hectáreas de tierras por cada familia ligada a la problemática. Al momento de firmar el acta el presidente Lobo Sosa dijo a los campesinos que se trata “no únicamente del tema de la tierra sino de un proyecto piloto, lo tomo de corazón, tienen mi confianza pero deberán trabajar duro”, les manifestó. Los campesinos aplaudieron la decisión de Lobo pese a que hasta el lugar llegaron grupos de la resistencia “zelayista” que intentaron enrarecer el clima del evento. El acuerdo define que el Gobierno dotará a los campesinos de al menos 11,000 hectáreas de tierras en la conflictiva región. Los avances en el tema han sido sustanciales, pero no han remediado del todo el conflicto que puede recrudecerse en cualquier momento. Hace pocos días el director del estatal Instituto Nacional Agrario, César Ham, amenazó a inversionistas agrarios de expropiarlos de tierras que deberán pasar a manos de los miembros del MUCA. |
La historia Entonces se trataba de una caravana que se dirigía a Tegucigalpa a participar en la Marcha del Hambre, demandando adjudicación de tierras. Los cuerpos de nueve de las víctimas fueron arrojados a un pozo malacate de la hacienda de Manuel Zelaya en la búsqueda de borrar los rastros de la masacre. Los hechos ocurrieron en plena época de siembra, cuando campesinos se movilizaban colectivamente para recuperar tierras lo que conllevó a una lucha. Los terratenientes para conservar los bienes acaparados y que en su mayoría se mantenían incultos y los otros por la supervivencia. Tanto la Iglesia Católica, la Unión Nacional de Campesinos (UNC) y el Partido Democracia Cristina apoyaron las movilizaciones pacíficas que concluirían con la marcha nacional contra el hambre de ese 25 de junio en Tegucigalpa, la capital hondureña. Los campesinos de todo el país se aglutinarían en la capital de Honduras, pero el gobierno de Juan Alberto Melgar Castro, ordena detenerlos. El 24 de junio los campesinos de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, el siguiente día a las diez de la mañana un grupo de escolares dirigidos por el profesor Guillermo Ayes Mejía, Supervisor Departamental de Educación Primaria, llegó a exigir la desocupación del edificio, argumentando que lo necesitaban para impartir clases La acción del maestro era acompañada por varios Agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN) que vestidos de civil, entraron al edificio sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda «Los Horcones», propiedad de José Manuel Zelaya. En la Hacienda los torturaron para luego matarlos. Por órdenes del teniente Benjamín Plata quien era el que dirigía el operativo. También asesinaron a los testigos que habían observado el hecho. Los cuerpos de las víctimas fueron lanzados a un pozo malacate, mismo que fue dinamitado con el fin de que no quedara rastro de la acción militar. Del crimen, los tribunales de justicia encontraron culpables al Mayor José Enrique Chinchilla, subteniente Benjamín Plata, Manuel Zelaya y Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la Penitenciaría Central. Sin embargo, salieron libres en 1980 favorecidos por indulto otorgado por el gobierno. Para Benjamín Santos las consecuencias sociales de la masacre de los Horcones y Santa Clara repercutió en un repliegue de la Iglesia Católica, ya que sintió la amenaza de expulsar a unos 200 sacerdotes extranjeros. Apuntó que puede calificarse de positivo el hecho de que tras la masacre los militares entendieron el fracaso y el fin de su época para dar paso a los regímenes democráticos. |
Un testimonio vivo Lucas Aguilera es un diputado al Parlamento Centroamericano y dirigente del partido Democracia Cristina, entidad que incluso ha presidido. Actualmente tiene 51 años. Cuando su padre fue asesinado en los Horcones era el mayor de nueve hermanos de los que desde entonces asumió la responsabilidad pese a ser apenas un adolecente. Recuerda que junto a su familia vivía en el Sur de Honduras, cuando en 1974 decidieron emigrar hacia la región de Patuca, en Olancho, para buscar tierras donde sembrar y sobrevivir. Junto a ellos, otras 82 familias del Sur se trasladaron al Patuca. Entonces su padre luchó junto a dirigentes de la Unión Nacional de Campesinos, UNC, y puedo decir que “mi padre murió luchando por los campesinos, por la justicia social y su recuerdo es un ejemplo”, dijo Lucas Aguilera. |
MARTIRES DE SANTA CLARA Y LOS HORCONES
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