Tegucigalpa (Proceso Digital) – La Misión Técnica de la ONU para conocer en el terreno las condiciones mínimas para la instalación o no de la CICIH en Honduras y cuyo trabajo «sigue adelante», colocó nuevamente en el debate público la lucha contra la corrupción e impunidad en el país, obligando al Congreso Nacional a derogar, a cuenta gotas, algunos decretos lesivos que blindaban la corrupción, además de poner presión al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en un intento que parece no hacer mella, tras acciones públicas contra organizaciones civiles, manifestaciones y otras formas de protesta.
La Misión Técnica de la ONU que, se presume, tendrá permanencia de seis meses, pero que levó anclas por asuntos no informados públicamente, pero cuyo trabajo «sigue adelante», según dijo a Proceso Digital este domingo un portavoz de las Naciones Unidas, tiene en sus tareas actualizar el diagnóstico de la corrupción en el país en sus leyes, reglamentos y otros estamentos que permitan obtener una visión integral del fenómeno y los esfuerzos de lucha hasta ahora realizados. De inicio comenzaron a tener intensas reuniones con diversos sectores y actores sociales, políticos, económicos, gubernamentales, los tres poderes del Estado, entre otros considerados relevantes y de interés.
De entrada, en el Congreso Nacional, los legisladores al retorno de sus vacaciones de medio término saludaron la llegada derogando decretos y reformas relacionadas con el lavado de activos y el secuestro de información manejada bajo la figura del secreto bancario que le había sido impedida a los fiscales del Ministerio Público.
Esta acción legislativa costó 18 meses de intensas presiones ciudadanas, algunos partidos políticos, como el Partido Salvador de Honduras (PSH), organismos internacionales, y sectores incluso privados que miraban necesario ese paso legislativo, antes de finalizar este año.
Los decretos derogados fueron el número 57-2020 contentivo de la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal que impedía al Ministerio Público realizar el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción. El otro fue el decreto 93-2021, que, entre otras reformas y derogaciones, retiró al Ministerio Público la capacidad de trabajar articuladamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, así como cambios en la regulación del delito de lavado de activos y otros elementos que contemplaba dicha reforma.
Faltan “los dañinos”
Los partidos políticos, por unanimidad de votos, acordaron dejar sin efectos esos dos decretos, pero quedan en el tintero otros considerados como “altamente dañinos” relacionados con el manejo de fondos públicos mediante prácticas discrecionales que han permitido que este uso de dineros caiga en sacos de impunidad y corrupción sin que se pueda enjuiciar a los culpables.
Estos decretos que faltan, según la Red por la Defensa de la Democracia que conforman una serie de instancias civiles, son el decreto 116-2019, conocido como “Fondo Departamental”, el decreto 117-2019, articulo A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, además de la revisión de delitos en contra de la administración pública regulados en el decreto 13-2017, que le da vida al actual Código Penal. La Red también pide la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, a través del decreto 145-2019 que en su artículo 77, limita el acceso del Ministerio Público a la información del Tribunal.
Otro decreto que estiman debe ser derogado es el llamado “Pacto de Impunidad 2.0” relacionado con la amnistía política aprobada por el presente gobierno y que ha generado mucha polémica al ser favorecidos varios personajes políticos del ex gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-junio 2008) ligados a presuntos hechos de corrupción.
Estas acciones de acuerdo con la Red por la Defensa de la Democracia y otras instancias de sociedad civil y analistas son necesarias para que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), cuya viabilidad o no es uno de los propósitos de la misión técnica de la ONU.
Las expectativas de la llegada de la Misión Técnica de la ONU han sido muy altas, pero las mismas se desvanecieron rápidamente tras una arremetida contra la representante de las Naciones Unidas en el país, Alice Harding Shackelford, por su participación en una rueda de prensa junto a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción ( CNA), incluyen desde el mensaje posteado en su red social Twitter por la presidenta Xiomara Castro, su marido y asesor principal, Manuel Zelaya, seguidos de una retahíla de funcionarios de todos los niveles.
Así el panorama y mientras la Misión Técnica de la ONU empezaba a tomar el pulso jurídico y político del país, desde las organizaciones de sociedad civil se ha reactivado el interés ciudadano de reeditar la marcha de las antorchas, pero a la confrontación violenta de los colectivos del partido Libre en el poder y de los mensajes nada amigables de sus líderes políticos, salir a las calles y exigir que el Parlamento y el gobierno cumplan la promesa de instalar en el país la CICIH, misma que requiere una voluntad política que pasa por la derogatoria en el Congreso del resto de leyes que protegen el pacto de impunidad y dificultan el combate a la lucha anticorrupción.
Igualmente, está en el tintero y a vista de quienes buscan consolidar una plataforma anticorrupción sólida, la elección del próximo fiscal general del país y su adjunto, en medio de los debates públicos por acuerdos políticos suscritos, anunciados y publicados, incluso en medios de comunicación gubernamentales.
El fiscal, su adjunto y los pactos
La Junta Proponente, que deberá nominar a los cinco candidatos que permitirán al pleno legislativo elegir al fiscal general y su adjunto, ya enfrenta algunas luchas complejas y la selección de los mejores candidatos es una batalla aún en el campo y no se sabe cuál será el resultado de la misma y la cámara de diputados, ahora con más miembros señalados en la lista Engels, será al final la responsable de la escogencia última.
De tal forma que todo el contexto para instalar la CICIH, de acuerdo con la misión técnica de la ONU, al término de la reunión con la presidenta Castro, debe ser independiente, autónoma, con reformas necesarias para su trabajo y con condiciones mínimas para poder operar en Honduras.
Se está de momento, en la segunda fase del acuerdo de memorando suscrito y el panorama luce incierto, según analistas consultados por Proceso Digital, aún faltan los otros pasos para sellar el convenio y hacer posible la misión de la CICIH: llegar con dientes y garras para emprender de frente la lucha anticorrupción.
El tema de la CICIH se ha instalado nuevamente en la agenda y debate público, la presidenta Castro ha dicho que ese convenio se debe acelerar y que no descarta hablar con el secretario general de la ONU, António Guterres, para instalar la CICIH cuanto antes, pero las contradicciones y las actuaciones oficiales dejan más dudas que respuestas. (PD)
