Panamá – La muerte a tiros de dos menores en un retén móvil de la Policía Nacional de Panamá ha reabierto el debate sobre una ley aprobada en 2010, criticada por la supuesta inmunidad que otorga a los agentes del orden, en medio de la indignación de la población panameña, que no se explica lo ocurrido con los niños.
El «trágico» suceso, como lo calificó el Gobierno en un único comunicado emitido esta semana para referirse al caso, se registró el pasado 23 de octubre en un sector a unos 100 kilómetros al oeste de la capital panameña conocido como San Carlos.
Las víctimas son un bebé de dos años y su prima de 15, ambos de origen indio, que viajaban con el padre del primero en el automóvil que fue tiroteado por agentes vestidos de civil apostados en el retén.
Desde un primer momento, la Policía tildó de «confuso» el hecho, desencadenado por un «alerta que involucraba un automóvil con características similares» al atacado por los agentes, según dijo un día después del suceso el director general del organismo de seguridad, Julio Moltó.
Hasta ahora hay dos policías suspendidos provisionalmente de sus cargos y otros dos destituidos y puestos a las órdenes de la Fiscalía, que busca procesarlos por homicidio doloso en base al Código Penal y no a la polémica Ley 74 de 2010.
«Todos los panameños somos iguales», declaró el martes la procuradora general (fiscal general), Ana Belfon, al anunciar que los dos agentes que investiga, detenidos en dependencias policiales, serán trasladados a una cárcel común.
La Ley 74 de 2010 modificó la Ley orgánica de la Policía Nacional de 1997 y estableció que los policías no son objeto de medida cautelar de detención preventiva ni separación del cargo mientras estén siendo investigados por un hecho ocurrido en el ejercicio de sus funciones.
La Policía también adelanta una averiguación administrativa en base a un antiguo reglamento interno distinto a la Ley 74, y Moltó ha aseverado que la institución que dirige «no da protección a quien haya cometido delito o falla», algo que reiteró el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
El ministro panameño de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha asegurado por su parte que el Gobierno está «dolido» y enojado por el suceso, y respaldó la actuación «enérgica» de Moltó y Mulino «de separar a cuatro policías que, se ha reconocido, desatendieron, violaron el protocolo» de procedimientos a seguir en un retén móvil.
«Esto ha sido lamentable. Ningún Gobierno quiere que una cosa como esta ocurra ni salga impune», añadió Henríquez, que pidió evitar un linchamiento de la Policía por un hecho particular.
Pero sectores jurídicos, civiles y políticos han expresado su temor a que los policías involucrados salgan ilesos del asunto gracias a la Ley 74, sobre la que existen varios recursos de nulidad por inconstitucional ante el Supremo que aún no han sido resueltos.
El abogado y ex fiscal general panameño Rogelio Cruz dijo a Efe que actuar jurídicamente contra los policías sin tomar en cuenta la vigente Ley 74 puede llevar a la «nulidad del proceso».
«Que es una ley especial (la 74) que establece una excepción absurda, inconstitucional, aberrante, sí. Pero está vigente y si se viola (en este caso por no aplicarse) se está violando el debido proceso», argumentó Cruz.
El ex fiscal general se pronunció a favor de que «lo más pronto posible» la norma se derogue o sea declarada inconstitucional, porque lo único que está haciendo «es convertir en delincuentes a los buenos policías, que son la gran mayoría», al protegerlos incluso si «matan arbitrariamente o violando los procedimientos».
El diputado Luis Eduardo Quiroz, del opositor Partido Panameñista, presentó el lunes ante el Parlamento un anteproyecto para derogar la Ley 74, que tildó como «un instrumento que deja en la impunidad los atentados contra la vida, la seguridad y los bienes».
El también diputado del Panameñista, José Blandón, dijo a Efe que casos como la muerte de los dos infantes deben «provocar un movimiento de reforma a la legislación policial».
La actuación de los agentes en la muerte de los dos niños «no tiene justificación alguna», y casos como este «erosionan la credibilidad de la institución policial», añadió el también candidato del panameñismo a la Alcaldía de Panamá.
La indignación popular por el caso de los niños muertos a manos de la Policía se ve claramente a través de las redes sociales, en los programas de opinión y en las conversaciones en la calle en la capital panameña.
El sociólogo Marco Gandasegui dijo a Efe que «la opinión pública está muy preocupada» por la actuación de la Policía, y alertó que «si la percepción que tiene la población de la conducta policial continúa deteriorándose se entraría en una fase muy peligrosa».
Unas 2.000 personas participaron esta semana en una caminata organizada por la comunidad india en honor a los dos pequeños, cuya muerte «injustificada y violenta» se debió a una «negligencia policial», según dijo la portavoz, Rosita Shahani.
Las víctimas son un bebé de dos años y su prima de 15, ambos de origen indio, que viajaban con el padre del primero en el automóvil que fue tiroteado por agentes vestidos de civil apostados en el retén.
Desde un primer momento, la Policía tildó de «confuso» el hecho, desencadenado por un «alerta que involucraba un automóvil con características similares» al atacado por los agentes, según dijo un día después del suceso el director general del organismo de seguridad, Julio Moltó.
Hasta ahora hay dos policías suspendidos provisionalmente de sus cargos y otros dos destituidos y puestos a las órdenes de la Fiscalía, que busca procesarlos por homicidio doloso en base al Código Penal y no a la polémica Ley 74 de 2010.
«Todos los panameños somos iguales», declaró el martes la procuradora general (fiscal general), Ana Belfon, al anunciar que los dos agentes que investiga, detenidos en dependencias policiales, serán trasladados a una cárcel común.
La Ley 74 de 2010 modificó la Ley orgánica de la Policía Nacional de 1997 y estableció que los policías no son objeto de medida cautelar de detención preventiva ni separación del cargo mientras estén siendo investigados por un hecho ocurrido en el ejercicio de sus funciones.
La Policía también adelanta una averiguación administrativa en base a un antiguo reglamento interno distinto a la Ley 74, y Moltó ha aseverado que la institución que dirige «no da protección a quien haya cometido delito o falla», algo que reiteró el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
El ministro panameño de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha asegurado por su parte que el Gobierno está «dolido» y enojado por el suceso, y respaldó la actuación «enérgica» de Moltó y Mulino «de separar a cuatro policías que, se ha reconocido, desatendieron, violaron el protocolo» de procedimientos a seguir en un retén móvil.
«Esto ha sido lamentable. Ningún Gobierno quiere que una cosa como esta ocurra ni salga impune», añadió Henríquez, que pidió evitar un linchamiento de la Policía por un hecho particular.
Pero sectores jurídicos, civiles y políticos han expresado su temor a que los policías involucrados salgan ilesos del asunto gracias a la Ley 74, sobre la que existen varios recursos de nulidad por inconstitucional ante el Supremo que aún no han sido resueltos.
El abogado y ex fiscal general panameño Rogelio Cruz dijo a Efe que actuar jurídicamente contra los policías sin tomar en cuenta la vigente Ley 74 puede llevar a la «nulidad del proceso».
«Que es una ley especial (la 74) que establece una excepción absurda, inconstitucional, aberrante, sí. Pero está vigente y si se viola (en este caso por no aplicarse) se está violando el debido proceso», argumentó Cruz.
El ex fiscal general se pronunció a favor de que «lo más pronto posible» la norma se derogue o sea declarada inconstitucional, porque lo único que está haciendo «es convertir en delincuentes a los buenos policías, que son la gran mayoría», al protegerlos incluso si «matan arbitrariamente o violando los procedimientos».
El diputado Luis Eduardo Quiroz, del opositor Partido Panameñista, presentó el lunes ante el Parlamento un anteproyecto para derogar la Ley 74, que tildó como «un instrumento que deja en la impunidad los atentados contra la vida, la seguridad y los bienes».
El también diputado del Panameñista, José Blandón, dijo a Efe que casos como la muerte de los dos infantes deben «provocar un movimiento de reforma a la legislación policial».
La actuación de los agentes en la muerte de los dos niños «no tiene justificación alguna», y casos como este «erosionan la credibilidad de la institución policial», añadió el también candidato del panameñismo a la Alcaldía de Panamá.
La indignación popular por el caso de los niños muertos a manos de la Policía se ve claramente a través de las redes sociales, en los programas de opinión y en las conversaciones en la calle en la capital panameña.
El sociólogo Marco Gandasegui dijo a Efe que «la opinión pública está muy preocupada» por la actuación de la Policía, y alertó que «si la percepción que tiene la población de la conducta policial continúa deteriorándose se entraría en una fase muy peligrosa».
Unas 2.000 personas participaron esta semana en una caminata organizada por la comunidad india en honor a los dos pequeños, cuya muerte «injustificada y violenta» se debió a una «negligencia policial», según dijo la portavoz, Rosita Shahani.
