Tegucigalpa. – La elección de la próxima Corte de Justicia ha entrado a la etapa decisiva al conformarse la Junta Nominadora y con ello las presiones públicas y discretas que serán objeto sus integrantes. La Junta Nominadora tiene el desafío de seleccionar de una nómina de al menos 45 aspirantes a las personas con el mejor perfil para conducir por siete años la justicia en una nación en donde reina la desconfianza en sus instituciones y en la democracia, última con un frágil respaldo, en estado de “coma diabético”, según los expertos.
La Junta Nominadora, integrada por siete instituciones con representatividad del país, no enfrentará un camino de rosas, al contrario, deberá prepararse para la veeduría pública, los cuestionamientos reales e infundados, las impugnaciones que se anuncian antes de ser instalada y el deseo de una sociedad porque la selección que haga no “sea más de lo mismo”, una expresión que parece trillada, pero será parte de las cábalas.
Los nominadores llegan bajo un nuevo marco legislativo, que no necesariamente significa la mejor Ley. Evidente fue en el parlamento la discusión que se dio en torno a su aprobación, los cambios de último momento, y la clara advertencia de ciertos políticos en el sentido que escogerán y defenderán a “los suyos”. Lapidarias expresiones que obligarán a los legisladores, de todas las bancadas ahí representadas, a dialogar y consensuar, pues para cada magistrado que elijan necesitarán mayoría calificada, no solo expresiones populistas.
Las canastas deberán dar paso en el congreso a la construcción de consensos en torno a los mejores perfiles de los postulantes, mal harían si se suman al boicot del trabajo de la Junta Nominadora para optar por la escogencia directa, si se descalifica el trabajo de los nominadores o se les desincentiva para que no presenten terna, como ya anuncian algunas aves agoreras en el escenario.
La selección de al menos 45 postulantes se hará bajo la figura de la auto postulación, las instituciones nominadoras ya no propondrán como antes y garantizan así una mayor independencia al no ser juez y parte; tendrán que hilar más fino entonces en la depuración de los aspirantes. En tanto, la veeduría ciudadana y social deberá estar más atenta en torno al perfil de los aspirantes, siempre se sabe quiénes son, de dónde salen, qué representan y el tipo de trayectoria.
La Nominadora no hará milagros, pero debe tomar en cuenta que se enfrenta a tres hechos: el primero, es que están obligados a dar credibilidad a un modelo de elección agotado, que los políticos pudieron cambiar, pero que prefirieron mantener antes que aprobar mecanismos como la ley de elección para altos funcionarios. Deben generar y desarrollar, a lo interno, cohesión y compromiso, en tanto, a lo externo, buenos y claros mensajes de comunicación que generen certeza sobre su trabajo.
El segundo, es proveer al Congreso Nacional una nómina de alto perfil que cierre el paso a los legisladores a una elección “de amigos y compadres”, hacerles más difícil la escogencia para dar al país una Corte de Justicia menos desigual, una Corte de Justicia para Honduras, un país que ya no está para historias feudales, mucho menos de cacicazgos y caudillos arcaicos.
El tercer hecho, es que de la escogencia de los postulantes y de la elección que se haga en el parlamento de la próxima Corte de Justicia, depende la lucha contra la impunidad y la corrupción, dependen las libertades civiles y la libertad de expresión, en síntesis, depende el renacer de la democracia. De la calidad en la escogencia de la Corte Suprema de Justicia estriba el éxito o el fracaso de la CICIH, si ésta se instala y lo hace con dientes. Si no se instala, será esa Corte de Justicia quien nos dirá con sus sentencias el tipo de corrupción que prefiere combatir: blanca, gris u obscura.
No es un papel fácil el que tendrán los nominadores, se están jugando el prestigio de sus instituciones y sus nombres; de ellos dependerá si ven con ojos político-sectarios-partidarios sus decisiones o si ponderan primero el país, primero la gente y primero las esperanzas de un cambio, no de discurso, sino real, gradual y efectivo.
Hay mucho en juego en este proceso, confiemos en que los nominadores sean conscientes de ello, denuncien y atajen las estrategias de ataque-descrédito que parecen aflorar en el país, en una especie de estrategia de ventilador para que nada quede en pie y que reine el desorden y la desesperación.
Del lado ciudadano, de las organizaciones civiles y los medios de comunicación está acuerpar las buenas acciones de la Junta Nominadora, vigilar con acuciosidad sus pasos, denunciar las malas acciones y advertir los riesgos que se presenten para evitar que este esfuerzo fracase y ganen los impunes disfrazados de arlequines.
