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La indispensable coherencia

Por: Julio Raudales

El Gobierno presentó el jueves anterior, con el apoyo técnico del BID y el Banco Mundial, una nueva propuesta para calcular la incidencia de la pobreza en Honduras. 

La idea es que la estimación del número de familias pobres, se realice de forma congruente con los estándares internacionales y que, de esta manera, las políticas públicas que se definan con el objeto de combatir este lastre, puedan ser más efectivas.

Honduras no es un país pobre. Pese al deterioro de sus enormes riquezas naturales (Estimaciones de las Naciones Unidas indican que se ha perdido casi una quinta parte de su territorio boscoso, sus fuentes de agua se reducen aceleradamente y el fenómeno migratorio deteriora su capital humano), su posición geográfica, clima agradable, esplendidez de su paisaje, entre muchas cosas, le otorgan un potencial envidiable frente a otras naciones.

Entonces, ¿Por qué la mayoría de su población vive en condiciones tan precarias y carece de servicios de buena calidad? ¿No debería ese potencial natural permitir que todos los hondureños y hondureñas tuviesen de entrada, condiciones que les permitan desarrollar su potencial para tener una buena vida?

Pero no es así: Según cifras oficiales, todavía viven en Honduras unos dos millones de personas que no tienen acceso a energía eléctrica y para más de dos terceras partes de la población, tener un sistema adecuado de eliminación de excretas, acceso continuo al servicio de agua potable es tan utópico como un paseo por el planeta Vulcano.

Mayores aún son las limitantes para acceder a buenos servicios de educación. Solo 45 de cada 100 chicas y chicos mayores de 18 años logran culminar la escuela secundaria y de ellos, solo 17 se continúa formando, ya sea en una de las 20 universidades del país o en algún instituto técnico de nivel superior. Sumado a esto, la calidad de los servicios sigue siendo discreta en todos los niveles: El rendimiento promedio en español y matemáticas para los niños y niñas de tercero y sexto grado es apenas de 40% según datos de la Universidad Pedagógica Nacional.

Y si hablamos de salud, las cosas se ponen aun peor: de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA), un 27% de la población en las zonas rurales no tiene ninguna capacidad de acceso a servicios de consulta por sus enfermedades, la mayoría de los hospitales tienen un déficit agudo en la provisión de medicamentos y la atención en los centros de salud sigue siendo de mala calidad.

Me he referido únicamente a cuatro servicios que deben ser proveídos universalmente por el estado y que sumados, absorben un gasto gubernamental de más de la mitad de la recaudación en impuestos. Dejo por fuera las carreteras y demás infraestructura, la seguridad pública, el acceso a la justicia y otros servicios fundamentales para el buen vivir.

Lo hago, porque de acuerdo a los parámetros técnicos que se han usado tradicionalmente hasta ahora para medir la pobreza, solo se consideran la alimentación, el vestuario y la vivienda como los elementos que determinan el nivel mínimo de vida de los miembros de un hogar.  

Pienso que es importante llamar la atención en este punto. Es fundamental que el trabajo de los técnicos del gobierno y los cooperantes sea considerado a la hora de definir las políticas públicas a implementar. Hasta ahora esto ha sido un albur. Las autoridades, a lo largo de los años, se preocupan más por tomar medidas que generen la simpatía cortoplacista que les abra espacio electoral y no por los elementos que generen cambios en el largo plazo. Esto debería cambiar.

La actualización y el cambio metodológico es indispensable para tener una idea más certera de las medidas más acertadas a tomar. Creo que es importante que se mejore la forma de medición del nivel y características de la pobreza en el país (ojalá y no se haga con fines meramente politiqueros), pero más importante que esto, es que el resultado del ejercicio, sea una mayor congruencia entre el “¿Que sucede?” con el “¿Qué hacer? Solo así tendremos la certeza de que el gasto público y los acuerdos sociales tienen sentido práctico.      

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