Tegucigalpa – Las cifras son duras y a dos años de la crisis policial que vinculó a sus miembros con la corrupción y el crimen organizado, entre otros vergonzosos delitos, el dato de siete policías depurados en ese lapso de tiempo sigue inamovible y la depuración policial sólo fue el empujón que perdió fuerza en el camino.
El país no cuenta con un esquema que dé forma a la depuración policial, aunque ésta se completara en un período de 15 años como vaticinaron los expertos que vinieron de uno y otro país del mundo y América Latina para hacer sus acostumbrados diagnósticos de un cuerpo armado que se resiste a cambiar.
La agenda sigue estando inconclusa y será la nueva administración del presidente electo, Juan Orlando Hernández, la que definirá el rumbo que dará a este urgente proceso en el país, que a diario reporta un promedio de 20 asesinatos, mientras la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, denunció ocultamiento de información estadística por parte de la Secretaría de Seguridad al Observatorio de la Violencia que coordina el Alma Máter.
De nuevo la depuración
Castellanos, integrante también de una coalición de organizaciones civiles denominada Alianza por la Paz y la Justicia, dijo que esa información que desde hace seis meses se niega a dar la Secretaría de Seguridad impide al observatorio tener al día sus estadísticas y boletines que reportan el comportamiento de la violencia y la inseguridad en el país.
La denuncia cobra fuerza luego que un grupo de policías se vieran presuntamente implicados en la persecución de un joven universitario que se recupera de sus heridas en un hospital público.
Al hecho se suman en las últimas horas, el supuesto involucramiento de policías en el asesinato de un ex juez de la niñez en el occidente de Honduras, uno de los cuales, perteneciente a una unidad de investigación ya ha sido detenido; mientras otro elemento policial presuntamente mató a su novia en Tegucigalpa, la capital hondureña.
En tanto, en un último escándalo penitenciario salen implicados dos oficiales policiales a quienes se les presume de introducir mujeres a un capo de la droga, a quien una jueza liberó hace unos meses y por lo cual ella ahora está presa en Támara por haber cometido un presunto abuso de autoridad.
DIECP se queda corta
Mientras trascienden estos capítulos, el órgano creado para acelerar la depuración policial como es la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), no termina de afianzarse en términos de depuración.
Por más de un año, la DIECP se ha visto atrapada entre las pruebas de confianza, los trámites burocráticos y otros informes que a la larga no terminan de certificar que Honduras avanza en la depuración policial.
En ese lapso, tres ministros de Seguridad también han llegado a ocupar la titularidad de esa dependencia. La cámara legislativa inició a mediados de año un llamado a rendir cuentas a los operadores de justicia que culminó con dos acciones, la renuncia forzada del fiscal general y su adjunto, así como la petición para que dejara el cargo el director de la DIECP y su subdirector, último que no ocurrió porque es potestad del Ejecutivo.
Y en ese ir y venir de reclamos, la depuración se fue estancando para dar paso en la agenda política y gubernamental al estreno de la llamada Policía Militar de Orden Público, ente que estaría a punto de blindarse legislativamente a elevar su creación a rango constitucional a petición del presidente electo, Juan Hernández.
La nueva Policía Militar, cuyos efectivos comenzaron a salir a hacer patrullajes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, captó el interés de la autoridad gubernamental y de acuerdo al director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, el otro proyecto elite denominado como TIGRES ha sido relegado, al grado que no tiene presupuesto para comenzar a activar.
hacer patrullajes en Tegucigalpa y San Pedro Sula, captó el interés de la autoridad gubernamental y de acuerdo al director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, el otro proyecto elite denominado como TIGRES ha sido relegado, al grado que no tiene presupuesto para comenzar a activar.
Las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Militar concitan la atención estatal al hablarse de usar el fondo de la tasa de seguridad para repotenciar la flota de aviones F-5, que si se compran radares, que si les faltan vehículos, que si los chalecos, en fin, lo que sea para potenciarla. La ciudadanía les sigue los pasos.
En tanto la Policía Nacional sigue enredada en sus propios problemas, lejos de su certificación.
El titular de Seguridad, Arturo Corrales, sostiene que en seis meses de su gestión ha logrado poner orden a lo interno de la Policía, habla de mapas satelitales y asegura que los homicidios se han reducido drásticamente, tanto que se acercan a su proyección inicial de concluir con 77 muertes violentas por cada 100 mil personas.
Corrales evade hablar del ocultamiento de cifras, potencia sus cuadrantes policiales pero no tiene respuestas claras sobre cómo va abordar la pus que se sigue gestando a lo interno de la Policía.
Las actuales políticas gubernamentales en materia de Seguridad serán sin duda otro de los retos principales a enfrentar por el nuevo gobierno y su nuevo inquilino en el Altar Q, que asegura operará con resultados, mismos que en el caso de la inseguridad, no le darán tregua.
En las últimas horas, el presidente electo ha vuelto a reiterar su compromiso de brindarles seguridad a los hondureños, para ello, deberá caminar en terreno firme en torno a la depuración y posterior certificación de la Policial Nacional.
