Como colateral a la «tragedia de lo común» tenemos «la tragedia de lo privado». Esto se refiere a que al poder optar alguien estar fuera de la comunidad, la misma se debilita. La calidad de nuestros servicios públicos (y de los demás bienes sociales), es inversamente proporcional a la capacidad de la gente de poder sustituirlos. Y esta migración de capacidades de la esfera pública a la privada limita la posibilidad de hacer mejoras.
Nuestras redes de telecomunicaciones, carreteras interurbanas, y aeropuertos son de mucha mejor calidad que la dotación de agua potable o la educación y salud públicas. Podemos aducir que el país no es muy avanzado y pobre, pero el nivel de deficiencia es variable. Los servicios que todos debemos usar de forma obligada tienen mejor calidad que los servicios a los que se puede optar de forma particular, y esto merece ser estudiado.
Las personas con más recursos intelectuales y materiales son las que tienden a optar fuera de los servicios comunes. Se requiere dinero, conocimiento, o contactos poder generar una prestación independiente. Por tanto, los clientes con más capacidad y poder para exigir mejores servicios se retiran de la necesidad de vigilar la calidad de estos, ya que no los usan. Resulta entonces que la presión por invertir o mejorar la calidad se reduce.
La disparidad de capacidad de gestión es evidente donde hay segregación socioeconómica, como en el sector residencial. En este sector la calidad de la infraestructura vial, recreativa, y de saneamiento es enorme. La mayor inversión se da donde existe una mayor captación de tasas e impuestos, una mayor conciencia, capacidad de autoayuda, o mayor confianza comunitaria. Si estas personas se retiran de recibir servicios comunes, su participación se pierde.
Si no hubiese acceso a almacenar agua en las viviendas, o acarrearla vía cisternas, habría más interés en resolver problema de dotación de agua. Si los generadores eléctricos privados no existieran, quienes los poseen se verían obligados a presionar por un mejor servicio eléctrico. Igualmente ocurriría con los servicios de salud, seguridad, educación, transporte público, y otros.
La solución inmediata es aceptable, pero enmascara problemas e ineficiencias.
No estoy proponiendo prohibir la prestación privada de estos servicios, solo describiendo un fenómeno visible. Una marca del progreso de una sociedad es que haya más bienes sociales de los cuales disfrutar. Cuando hay déficit de ellos, los costos ocultos de esta carencia limitaran el bienestar y crecimiento futuro de quienes no los requieren. La ausencia de seguridad pública, personal educado con confianza en su protección de salud, e infraestructura en mal estado tiene un efecto en todos.
Por muchos años Guatemala tuvo un PIB per cápita mayor ($3330-GU vs $2185-HN en 2018), con indicadores de salud (esperanza de vida de 67-HN vs 62-GU años en 1990, fuente: Banco Mundial) y educación básica (en 2004 tasa de alfabetismo 80%-HN vs 68%-GU fuente: Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe) inferiores. La brecha se ha cerrado los últimos años, pero los datos históricos son claros. Esto se debía a que captaba e invertía menos, a pesar de sus mayores recursos, en proveer a la población de estos servicios. Los países Europa del Este tienen un nivel de desarrollo social muy por encima de las potencias petroleras de medio oriente- con ingresos menores. Por tanto, es importante que todos los sectores de la sociedad, aunque puedan optar por servicios privados, se interesen por la calidad de los servicios públicos. Esto puede ser a través de contribución al desarrollo social a través de aportes corporativos e individuales, conciencia de los deberes fiscales, e interés en políticas públicas inclusivas y equitativas.
