La ejecución de una mujer trans en Honduras llega a la Corte Interamericana

San José – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzará el miércoles una audiencia de dos días por el caso de la supuesta ejecución extrajudicial de la mujer trans y activista Vicky Hernández, ocurrida en Honduras en el año 2009.

El caso llega a la CorteIDH en donde los jueces escucharán mediante videoconferencia a los peritos y testigos, así como a los representantes de la víctima, a los agentes del Estado hondureño y a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial de la mujer trans y defensora de derechos humanos Vicky Hernández, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda a raíz del golpe de Estado contra el mandatario Manuel Zelaya.

Este es el primer caso que ve la CorteIDH acerca de la violencia contra personas trans.

La CIDH, que es la encargada de elevar las demandas a la CorteIDH, alega que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes: uno de violencia y discriminación contra las personas LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y trans) con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública; y otro en el contexto del golpe de Estado.

La demanda contra el Estado señala que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública y que hasta la actualidad existe una falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido.

Según la CIDH, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández, crimen que se constituyó como «violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género».

La demanda agrega que «el Estado hondureño no investigó adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable los hechos del caso, los cuales se encuentran en impunidad».

La CIDH considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, por lo cual solicitará a la CorteIDH una condena.

En su informe de fondo sobre el caso, la Comisión establece que Honduras debe aplicar una serie de medidas de reparación para la familia de la víctima, continuar las investigaciones para sancionar a los responsables y adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans.

La CIDH también considera necesario que Honduras efectúe un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que enfrentan las personas LGBT en ese país, disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva de esa violencia y diseñar programas de formación, sensibilización y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado.

Según ha dicho la CIDH, este caso presenta una oportunidad para que la Corte Interamericana desarrolle jurisprudencia en materia de violencia contra personas LGBT, con especial énfasis en la situación de las mujeres trans.

Después de los dos días de audiencia, las partes tendrán un mes para enviar sus alegatos finales por escrito y en los siguientes meses los jueces de la Corte Interamericana podrán deliberar y emitir una sentencia. 

JS

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