Tegucigalpa – Un nuevo conflicto despunta en la zona del Bajo Aguán, Caribe de Honduras, en la víspera de la jornada electoral de noviembre próximo.
– El MUCA asegura que la organización no tiene nada que ver con las “ocupaciones” actuales.
– El INA acusa a Libre de orquestar acciones caóticas en la región.
La toma de por lo menos siete fincas, seis de dueños particulares y una en poder la a Oficina de Bienes Incautados (OABI), por grupos campesinos, según lo han reiniciado los propios protagonistas, abre una nueva fase en la conflictividad que parece no concluir nunca en la región.
Las deudas adquiridas por los grupos campesinos al ser provistos con tierras terminan siendo impagables y los compromisos no honrados son parte de un círculo infinito. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), por ejemplo, ha declarado tener problemas actualmente para pagar deudas al Estado y buscan un nuevo convenio para refinanciar estos acuerdos.
Así, el Bajo Aguán, rodeado por el río del mismo nombre, ubicado en el departamento de Colón y parte del noreste de Yoro, es un valle prolífico agrícola, pero, la vida y las cosechas allí, se aderezan con aditamentos que generan zozobra y una violencia que ha generado decenas de muertes.
Los conflictos agrarios que se suscitan en gran parte de las 200 mil hectáreas de tierra que componen la extensión de la zona, que en un tiempo fue rica en cultivos de cítricos, pomelo, piña, coco y banano pero que desde la última década del siglo XX fueron sustituidos por el auge de la palma africana, no tienen vidas tranquilas, allí el narco, el tráfico de armas y “los negocios” hacen un coctel explosivo.
Parte trascendental en el corredor del narco, en la zona se han desactivado grandes carteles de la droga, como el de Los Cachiros, Los Peludos y muchas otras estructuras de crimen organizado asociadas entre sí o independientes. Muchas otras siguen en la mitra del Ministerio Público y las agencias antidrogas internacionales que trabajan en combinación con autoridades locales.
Los convenios de 2010
Durante la gestión gubernamental del expresidente Porfirio Lobo, específicamente en abril de 2010, al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) les fueron adjudicados 12 mil 500 hectáreas de tierra y la ejecución de proyectos sociales (educación, salud y vivienda).
Sin embargo, en octubre de 2015 ambos movimientos campesinos demandaron un nuevo Plan de Negocios y una Estructura Financiera para el pago de la deuda debido a la caída del precio internacional de la palma africana, según adujeron.
La violencia que no cesa
En los últimos días se ha arreciado la intención de “la recuperación de tierras” en siete fincas por parte de varias familias campesinas, lo que ha generado enfrentamientos con guardias privados, al grado que dos de éstos fueron encontrados ejecutados y los mismos campesinos denuncian agresiones.
Los dos guardias fueron brutalmente asesinados en la finca Paso Aguán, en la comunidad de Panamá, Trujillo. Se trata de Juan José Salazar y de Santos Misael Guzmán, cuya muerte se conoció ante la ausencia en sus casas de habitación.
La finca Paso Aguán, por ejemplo, fue ocupada sin violencia aducen representantes de esa propiedad, quienes aseguran que sus guardias se mantienen desarmados desde 2013 y por ello exigen una investigación profunda y expedita.
De tal suerte que los conflictos en la zona parecen no acabar. En octubre del año anterior, por ejemplo, un hijo del entonces recientemente asesinado presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), José Ángel Flores, señaló ante el Ministerio Público a un yerno del político y dirigente campesino Rafael Alegría de ser parte de los responsables que ocasionaron su muerte.
Ángel Flores, hijo del extinto presidente, se presentó ante el Ministerio Público a interponer la denuncia y a pedir que se investigue a cada una de las personas que según él están vinculadas al asesinato de su padre.
Señaló que su padre había presentado denuncias formales en 2015.
Agregó, en esa ocasión, que la documentación que presentó al Ministerio Público lleva adjunta una lista de personas vinculadas al crimen, la cual la encabeza Céleo Rodríguez, quien es yerno del diputado por Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría.
“Esto nos indigna más porque él (Rafael Alegría) debería defender a los campesinos, sin embargo, está involucrado de forma indirecta en el crimen de mi padre”, señaló.
Flores dijo que su padre tenía conocimiento de todos los crímenes que hay en el Bajo Aguan contra campesinos, “Céleo Rodríguez ha sido entrenado por los paramilitares, ellos tienen armas y creemos que posiblemente los estén protegiendo”, arguyó.
En esa ocasión el dirigente campesino y diputado al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría, negó las vinculaciones con el asesinato de Flores y pidió al Ministerio Público realizar las investigaciones para esclarecer el crimen.
Exhumaciones
En ese contexto de conflictividad y un circulo de violencia sin fin, la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán coordina desde el pasado lunes y hasta este viernes “la tercera ronda de exhumaciones de cadáveres de víctimas del conflicto agrario” que ha prevalecido en esa región para “esclarecer dichas muertes”.
La titular de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), Julissa Villanueva, confirmó que trabajan fuertemente en la investigación de crímenes, los que posteriormente serán orientados a la presentación de requerimientos fiscales para los responsables de homicidios en el Aguán.
Contó que “toda la franja del Bajo Aguán es considerada como prioridad de la investigación” que llevan a cabo.
“Ahí ha sido el centro de los conflictos agrarios muy conocidos, así como la franja del narcotráfico y alrededor de todo ese territorio muchos hondureños han fallecido y no ha habido una investigación exhaustiva que nos ponga en manifiesto cuáles son los responsables, para esa situación la Fiscalía está documentando todas las pruebas suficientes para hacer un trabajo en el Bajo Aguán”, mencionó.
Para tal fin se ha desplazado a la zona una morgue móvil, que ha realizado más de 40 autopsias hasta ahora, inclusive se han recibido peticiones de al menos 34 exhumaciones. “Llevamos 18 y en todos los casos que se están investigando estamos llegando a la conclusión que el 95 por ciento de los casos obedecen a temas de homicidios, en los que se está documentando con prueba científica la causa y la manera de muerte”, apostilló.
Villanueva valoró el apoyo de países cooperantes como Estados Unidos y Guatemala, estos últimos acompañan el proceso de exhumaciones en la zona. “Ellos verifican a puertas abiertas cómo trabajamos y cómo lo hacemos, nos sometemos a cualquier crítica científica o de cualquier otro tipo”.
INA señala al Partido Libre
Todas estas circunstancias se nutren de acusaciones y contraacusaciones. Igualmente ocurre con el resurgimiento de los actuales conflictos y ocupaciones de fincas.
Portavoces del estatal Instituto Nacional Agrario (INA) han señalado a miembros de Libre de estar detrás de “las recuperaciones de tierra”, en tanto este instituto político asegura que en el Aguán “hay un conflicto acumulado de muchos años”.
El director del INA, Juan Ramón Lara, reconoció que lo que ocurre en el Aguán es “una situación que preocupa” porque en los últimos tres años se respiraba una relativa calma en la zona.
En Colón y el resto del atlántico, operaciones para destronar a grandes carteles y sus emporios financieros fue notoria, e incluso, la baja en las economías negras ocasionó una depresión económica.
Al par, acciones para mantener la región libre de armas, fue una medida que oxigenó la paz en todo Colón y zonas adyacentes.
“Se estaba en un clima de paz, seguridad para los habitantes, especialmente de Tocoa, (una ciudad conocida como “la pequeña Colombia”), y en la cual las personas estaban contentas con lo que estaba pasando, pero empezamos a ver los efectos de lo que es la campaña política de la oposición. Comienza la plataforma agraria, que es el brazo político de Libre en el Aguán, a provocar este tipo de acciones”, señaló el funcionario.
Relató que en las últimas horas se reunió con la junta directiva del MUCA, quienes mediante un pronunciamiento señalan que no tienen nada que ver con las tomas de tierra en estos momentos.
Lara denunció que “conocemos lo que ha pasado en la zona, antes con MUCA había inclusive un candidato a diputado de Libre, muchos dirigentes de ese partido político son los que han estado controlando ese movimiento, sin embargo, la gente de MUCA dijo: ‘ya basta de política y queremos trabajar por el verdadero interés de los campesinos’ y ellos han dicho que quieren paz en la zona”.
Insistió que la Plataforma Agraria ha tratado de boicotear varios procesos agrarios impulsados por el INA en esa zona caribeña.
Ejemplificó que “uno de los conflictos que hemos estado viendo en este tipo se ha registrado en una finca que se llama ‘Paso Aguán’, que es de la Corporación Dinant, junto a esta finca está la comunidad que se llama ‘La Panamá’, ahí ellos han sido manejados por la Plataforma Agraria, queriendo entrar a invadir esta propiedad y creando el clima de inestabilidad”.
Recordó que hace dos años el INA logró sentar a los ejecutivos de Corporación Dinant con habitantes de esa aldea. “Como institución agraria les pedimos practicaran la responsabilidad social empresarial, a lo que ellos -Dinant- accedió a reparar la escuela, centro de salud, carreteras y lo más importante contratar a todos los jóvenes de esa aldea en sus empresas, nos pusimos de acuerdo. Luego viene la Plataforma Agraria y prácticamente deshizo lo que habíamos construido de una relación cordial entre esa comunidad y la empresa”, desglosó.
Lo que dice la Plataforma Agraria
De su lado, la Plataforma Agraria acusó -mediante un comunicado de prensa- a la Secretaría de Seguridad, mediante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de crear una estrategia para criminalizarlos y afirmaron que los campesinos de esa zona se encuentran en un proceso de recuperación de la Finca Paso Aguán y La Remolinos, ambas ubicadas en el municipio de Trujillo, Colón.
Fue así que entre el domingo 27 y lunes 28 de agosto, al menos 800 familias campesinas ocuparon siete fincas en el Bajo Aguán, en base -según ellos- a que estas fueron destinadas para procesos de reforma Agraria en los años 70 y otras en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
De las siete fincas -denunció la Plataforma Agraria- tres han sido desalojadas por miembros del Ejército y la Policía, además de la detención de seis de sus compañeros de la empresa 19 de mayo y Nuevo Ebenezer, entre ellos dos menores de edad.
La organización campesina rechazó que ellos hayan tenido participación en el asesinato de dos guardias privados de seguridad entre la Finca Paso Aguan y Remolino. Los dos cuerpos fueron encontrados a seis kilómetros de la comunidad de Panamá, donde los campesinos mantienen la recuperación.
Finalmente, pidieron a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales “estar en alerta permanente ante los hechos que se están suscitando en el Aguán”.
Conflicto entre campesinos y terratenientes
Mientras, el candidato a diputado por Libre, Juan Barahona, desvirtuó que como instituto político estén detrás de la inestabilidad que se denuncia en la zona del Aguán.
Barahona insistió que la situación del Aguán es producto de la disputa de tierras entre campesinos y terratenientes. “El Bajo Aguán ha sido una zona militarizada, donde se han desplazado batallones completos ¿y cómo es posible que siga habiendo muertos?, interrogó.
Concluyó que las confrontaciones entre campesinos y terratenientes “siempre terminan en masacres y es responsabilidad del gobierno darles solución a esos problemas agrarios”.
MUCA se desmarca de ocupaciones
El secretario del MUCA, Julio Sorto, señaló que sostuvieron una reunión con las máximas autoridades del INA para aclarar algunas situaciones que se han presentado últimamente en esa zona caribeña del país.
“Exigimos y reclamamos nuestro derecho de colaboración por parte del gobierno con la problemática que tenemos con el pago de la tierra. Como MUCA no tenemos nada que ver en estos nuevos acontecimientos de recuperación de tierras, pero sí queremos dejar claro que somos solidarios con la masa campesina regional y nacional”, exteriorizó.
Sorto rememoró que durante la gestión gubernamental anterior firmaron acuerdos para adquirir cerca de cuatro mil hectáreas de tierra distribuidos en cuatro asentamientos del MUCA (Concepción, Lempira, La Confianza y Aurora).
