La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó asimismo al Estado hondureño a que garantice la vida e integridad de las personas que luchan por la mejora de las condiciones laborales o sindicales de los trabajadores.
El pasado 24 de abril la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Rosa Altagracia Fuentes, fue asesinada a tiros junto a Virginia García de Sánchez, afiliada de la Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (Umcah) y Juan Bautista Aceituno Estrada, el conductor de la líder sindicalista.
Las víctimas viajaban desde San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, hacia El Progreso por actividades relacionadas con su trabajo sindical.
Según el informe preliminar de la Policía, unos seis hombres armados que iban en una camioneta y ocultaban su rostro con pasamontañas participaron en el asesinato de los sindicalistas.
La CIDH reiteró su recomendación de poner en práctica, «de forma prioritaria», una política global de protección de los defensores de derechos humanos y adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención para evitar ataques contra esas personas.
Esta recomendación ya fue hecha en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, en el que la CIDH determinó que los líderes sindicalistas son defensores de derechos humanos en un estado de especial indefensión.
