Tegucigalpa – Mediante una conferencia de prensa la coalición de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, redes de sociedad civil, víctimas y familiares de las víctimas de la violencia, sindicatos y gremios, iglesia católica y evangélica, e instituciones académicas, que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), pronunciaron su posicionamiento frente al proceso de la depuración policial, al que consideraron “lento e ineficaz”, a pesar del millonario presupuesto gastado.
En su papel como auditores sociales del desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, la unión de organizaciones también se mostró preocupada ante la simultaneidad de hechos delictivos en los que están involucrados policías y militares, sin que estos imputados hayan sido investigados debidamente y judicializados por los órganos de justicia.
Durante la conferencia de prensa se señaló que la asignación millonaria de recursos financieros y técnicos para depurar la Policía Nacional, no concuerda con la participación de policías civiles y militares en estos recientes hechos delictivos y criminales, denunciados públicamente.
El documento que fue leído por Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) indica que la ciudadanía no comprende las razones por las cuales los jueces han dictado sobreseimiento a miembros de diferentes unidades policiales y militares, cuando hay evidencias públicas de que los imputados presuntamente cometieron delitos criminales.
El posicionamiento expresa que a pesar de la aprobación de leyes y la asignación de cuantiosos recursos logísticos y financieros, el proceso de depuración policial ha tenido resultados modestos e insuficientes.
La coalición de organizaciones citó que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) ha gastado en los últimos tres años, más de 140 millones de lempiras, “en una depuración fallida que aún no logra sancionar a quienes -desde la cúpula- dirigieron la Policía Nacional, siendo acusados de forma reiterada, de estar vinculados a actos corruptos y acciones ilícitas”.
La APJ instó para que se revitalice el proceso de depuración policial, para garantizar mayor rigurosidad en la aplicación de las pruebas de confianza a los actuales integrantes de esa entidad del Estado, y a las personas que pretendan integrar la misma.
