La comisión está integrada por Reinaldo Rodríguez Martínez, Roberto Jerez y Jorge Yllescas Oliva, quienes tomaron promesa de ley ante el gobernante Lobo, en presencia del ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid.
Oficialmente, a partir de este día, la Comisión tiene las facultades establecidas en el decreto que la crea y que fue aprobado en Consejo de Ministros extraordinario del jueves de la semana pasada y las definidas en el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública y las demás que por norma legal adicionalmente le correspondan.
Para el cumplimiento de sus funciones, la comisión queda facultada a solicitar la colaboración, participación e integración de otras dependencias públicas o privadas que considere pertinentes.
Asimismo, se solicitará al TSC que nombre el equipo de asesoría a que se refiere el artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública y su reglamento, que emanan de la ley.
En uno de sus artículos, en el decreto se establece un plazo de hasta 120 días hábiles prorrogables, para que la Comisión Interventora, entre otras funciones y atribuciones que por ley le corresponden, pueda verificar la situación administrativa, financiera, presupuestaria, practicar una auditoría y evaluación de puestos y salarios dentro de la DEI.
Optimizar la recaudación
Adicionalmente, deberán adoptar las medidas y acciones necesarias para optimizar en definitiva la recaudación, mediante la profesionalización de la administración, fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente, eficaz, la ejecución de cobro, de los tributos internos y aduaneros, entre otros, mediante la agilización de los casos impugnados en la vía administrativa (DEI y secretaría de Finanzas).
Además, deberá implementar procesos para mejorar la recaudación de aduanas y rentas (facturación electrónica), la valuación y auditoría a más tardar dentro de los dos meses siguientes de haber realizado la liquidación en aduanas para proceder a efectuar los ajustes respectivos, revisión de la forma y determinación del cobro del Impuesto Sobre la Tradición de Bienes e Inmuebles, estudiar y auditar a los contribuyentes en base a riesgo, y proceder al cobro por la vía administrativa de los impuestos pendientes de cobro. Asimismo, la depuración del sistema de control sobre los créditos fiscales y otros que consideren convenientes y adecuados, proceder al cobro por la depuración del sistema de control sobre los créditos fiscales y otros que consideren convenientes y adecuados.
Recomendar medidas al Ejecutivo
La Comisión Interventora, haciendo uso de los resultados de la auditoría, evaluación y demás medios que estime pertinente, deberá rendir su informe de evaluación, en el que recomendarán las medidas necesarias para que el Poder Ejecutivo, a la vista del informe, dicte las decisiones que sean necesarias.
En la aprobación del decreto se tomó en consideración, que deje por sentado que el titular de la DEI, Enrique Castejón, siga al frente de la institución y acompañe en las labores a la comisión interventora.
Reinaldo Rodríguez, quien mediante el decreto preside la junta interventora, es licenciado en Contaduría Pública, primer presidente del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios de Contaduría Pública (COHUCP); presidente de la junta técnica de Normas de Contabilidad y de Auditoría (JUNTEC); catedrático universitario de Contaduría Pública y con 35 años de auditoría en la reconocida firma internacional Price WaterhouseCoopers.
Por su parte, Roberto Jerez, es licenciado en Contaduría Pública, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y actualmente asesor de ese organismo, primer presidente de JUNTEC e integrante de la Junta Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Mientras tanto, Jorge Yllescas, fue titular de la DEI, en el gobierno del ex presidente Carlos Flores, titular de la Dirección General de Aduanas; directivo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal; escritor de varias obras, la más reciente denominada “Corrupción e Impunidad” y la más notoria, el “Informe Yllescas” que versa sobre defraudación fiscal.
