El fallo emitido por el magistrado Frank Montalvo responde a una querella presentada el pasado 23 de junio en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por, entre otros, la ciudad y el condado de El Paso, el Distrito 1 de Mejoramiento del Agua del condado de El Paso y la Sociedad Frontera Audubon.
La demanda buscaba que el tribunal determinara que el Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, excedió su autoridad al anular más de tres docenas de leyes federales y estatutos estatales y locales que tienen que ver con las tribus indígenas para acelerar la construcción del muro fronterizo en el condado de El Paso.
«Este caso no está concluido», adelantó el fiscal del condado de El Paso, Jose Rodríguez.
El fiscal indicó que la demanda involucra un traspaso de autoridad sin precedente del Congreso federal al brazo ejecutivo, ya que permite al Secretario de Seguridad Nacional evadir leyes federales que estipulan protección y beneficios al público y el medio ambiente.
La solicitud de suspensión preliminar de la construcción del muro buscaba prevenir a DHS de la construcción de cualquier muro u otra barrera física a lo lago de la frontera en Texas, Nuevo México, Arizona y California hasta que la agencia cumpliera con las leyes que Chertoff hiciera a un lado en abril del 2008, explicó a Efe Rodríguez.
Según un documento que obra en corte federal que explica las razones por las que fue negada la solicitud de los demandantes se afirma que éstos no lograron probar que la construcción de barreras fronterizas cause daños a los habitantes de la frontera.
Montalvo expuso además que los demandantes no probaron que al permitir a DHS hacer a un lado ciertas leyes federales, el Congreso de los Estados Unidos estaba delegando sus poderes legislativos al secretario Chertoff.
Rodríguez aclaró que a pesar de que el magistrado se negó a emitir un fallo a favor de la suspensión temporal del proyecto del muro, no minimizó los méritos de la demanda, por lo que tanto el condado como la ciudad y el resto de quienes demandaron a la federación consideran el caso pendiente.
«Los abogados que representan a los demandantes consideran varias opciones incluida la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte de Justicia», afirmó el fiscal.
«Yo espero que los abogados del condado hagan todo lo posible para obtener un fallo favorable en el curso de este litigio», agregó.
Los demandantes seguirán insistiendo en que el Gobierno federal no puede simplemente evadir a su conveniencia leyes votadas en el Congreso que protegen a los propietarios de tierras de sus derechos sobre las mismas, finalizó Rodríguez.
