Washington – Un juez federal ha detenido la deportación de un hondureño, de 16 años de edad, en un caso que objeta la política del Gobierno del presidente Donald Trump por la cual se usan normas de salud para expulsar a menores de edad sin el proceso debido, informó la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
El respuesta a una demanda iniciada por ACLU, el juez Emmet Sullivan, del distrito federal de Columbia (Washington), en una orden con validez por 24 horas detuvo la deportación del joven hondureño dando tiempo a la organización para llevar adelante su demanda.
Según ACLU, el joven no muestra síntomas de COVID-19 y se encuentra en un hotel bajo la custodia de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) a pesar del hecho de que su padre, quien también ha pedido asilo, vive actualmente en Estados Unidos.
Desde marzo de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional ha adoptado las normas de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), según las cuales son deportados de inmediato los migrantes que, tras cruzar la frontera ilegalmente, muestran síntomas de enfermedades contagiosas.
En el marco de esa política, decenas de miles de personas, incluidos menores de edad no acompañados por un adulto, han sido devueltas a México donde, las que buscaban asilo, han de esperar el trámite de sus solicitudes ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Miembros del Congreso, líderes religiosos, abogados de migrantes y grupos de derechos humanos han denunciado por meses que esa expulsión ha dejado a decenas de miles de migrantes en campamentos o albergues en México, expuestos a los asaltos de grupos criminales, y viviendo hacinados en condiciones de escasa higiene.
Legisladores demócratas pidieron este martes al Gobierno que cese la deportación a México y América Central de inmigrantes menores de edad no acompañados y que quedan expuestos al contagio con coronavirus.
En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, los miembros del Comité Hispano en el Congreso, presidido por el representante Joaquín Castro, de Texas, señalaron que «la expulsión y remoción de niños vulnerables crea el peligro de que caigan en manos de traficantes que los explotarán, y los pone en riesgo de mayor exposición a COVID-19».
«El retorno de menores por parte del Departamento de Seguridad Nacional a países que son incapaces de protegerlos de peligros mortales o de la pandemia de COVID-19 es inaceptable para el sentido de decencia y humanidad de Estados Unidos», escribieron los legisladores.
La norma aplicada por la Administración Trump «es, en última instancia, un pretexto para hacer lo que el Gobierno siempre ha querido hacer: cerrar la frontera a los menores y a quienes buscan asilo», señaló Lee Gelernt, abogado de ACLU.
«Cuando llegó COVID el Gobierno, esencialmente, dijo ‘Ya no tenemos que acatar cualquier protección de los niños en la frontera sur’», sostuvo Gelernt. «Nosotros no creemos que las normas autorizan la deportación. Los exámenes de detección (del virus) sí, y en algunos casos la detención y cuarentena. Pero no la deportación».
ACLU sostiene que los menores no acompañados que proceden de países que no tienen frontera con Estados Unidos, como Honduras, deben ser transferidos dentro de las 72 horas después de su aprehensión a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, puestos en una institución para niños y deben tener una audiencia sobre sus pedidos de asilo.
Asimismo deben ser dejados en libertad bajo la responsabilidad de un familiar o amistades, tan pronto como sea posible.
