Guatemala.- El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, decretó este jueves falta de mérito a favor del diputado opositor Orlando Blanco, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por considerar que no hay elementos para determinar que incurriera en algún delito electoral.
Blanco era señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su calidad de secretario general de la agrupación política en 2015 de haber cometido el delito de fiscalización electoral de fondos.
El juez rechazó la hipótesis de la Fiscalía y CICIG que aseguraban que Blanco no reportó el dinero recibido para pagar el uso de un helicóptero para la excandidata Sandra Torres en 44 viajes entre enero y octubre de 2015, lo que tuvo un costo de 860.000 quetzales (111.255 dólares).
El diputado advirtió que la CICIG y el Ministerio Público (Fiscalía) tenían «desconocimiento» sobre «el proceso y el derecho electoral», pues presentaron señalamientos que habían sido «resueltos un año y seis meses antes de que ellos presentaran la denuncia».
Blanco, jefe de bancada de la UNE en el Congreso, agregó que luego de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 18 de octubre pasado, la Fiscalía intentó cambiar el delito imputado en su contra de financiación electoral ilícita por fiscalización electoral de fondos, lo cual no prosperó.
El juez Moto sostuvo en la audiencia de este jueves que «cesa toda medida de coerción» contra el diputado Blanco, quien se encontraba bajo arraigo en el país, por lo que queda libre del proceso en su contra.
Según la defensa de Blanco, «la Fiscalía no presentó ninguna autorización» firmada por el diputado en la que ordenara al contador de la UNE que se realizara la supuesta falsificación o que ocultara los reportes de vuelo de la candidata presidencial en 2015, Sandra Torres.
La denuncia contra Blanco había sido presentada por la Fiscalía y la CICIG el 24 de agosto de 2017, el mismo día que señaló por el mismo delito al exsecretario general del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider), del político Manuel Baldizón, preso en EE.UU..
Un día más tarde, el 25 de agosto de 2017, el dúo Ministerio Público-CICIG denunció que el presdente, Jimmy Morales, también había cometido el delito de financiación electoral ilícita en 2015, cuando fue candidato presidencial de la agrupación Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en su calidad de secretario general.
Pero el Congreso protegió al mandatario al considerar que la denuncia era «espuria» y política, misma decisión que tomó al año siguiente, en septiembre de 2018, cuando la CICIG y la Fiscalía insistieron sin éxito que el mandatario había delinquido en la campaña que lo llevó a la presidencia.
