Tegucigalpa – La Sala del Tribunal de Sentencia Nacional desarrolló este martes la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en la causa instruida para Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla acusados por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
Tras finalizar la audiencia, contra los tres imputados, el tribunal que conoce la causa programó para el 18 de mayo que medios admitirá para desarrollar el Juicio.
Lo anterior fue informado a través de las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia.
El 5 de noviembre, un juez con jurisdicción nacional decretó detención judicial contra Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).
La acusación del MP
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Asimismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según lo informado por el MP.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del exoficial de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Lo anterior, -según el MP- evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
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