Tegucigalpa – En medio de la controversia que encamina a reformas en el Decreto de Amnistía, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo que son jueces y fiscales los que tienen que aplicar bien el principio de motivación del delito y además si la Ley tiene falencia la sociedad civil es responsable.
Orellana, dijo que la Ley de Amnistía fue creada y turnada al Congreso por la sociedad civil y se aprobó tal como ellos la enviaron por tanto «si el proyecto tiene falencias, la responsabilidad es estrictamente de la sociedad civil (…) porque si ha habido persecuciones políticas alegando delitos comunes en América Latina y en Honduras».
Asimismo, recordó que la justicia se ha politizado y en ese contexto fue que la que la sociedad civil propuso la amnistía ante el Congreso y si ahora hay necesidad de reformar la ley es decisión del Legislativo.
De igual forma, el funcionarió expresó que el decreto elaborado por la sociedad civil tiene dos dimensiones, el primero; aquellos que son clásicos delitos políticos y los procesos que han sido motivados políticamente.
Por otra parte, resaltó que el decreto tiene un problema serio, porque no se puede aplicar si no establece la valoración el Ministerio de Derechos Humanos el Cofadeh, lo que calificó como una aberración que no se haya dejado en manos de los jueces la concesión del perdón político.
No obstante, a su criterio lo principal es que los jueces deben conceder ese beneficio solamente cuando se haya acreditado que el proceso está políticamente motivado.
Seguidamente explicó que eso significa que el decreto tiene un recaudó especial que le está diciendo al juez y le está diciendo al fiscal que puede acceder a la amnistía siempre y cuando que el sometido del beneficio acredite ante el juez que el proceso ha sido calificado como políticamente motivado.
Si ese principio “no se ha cumplido entonces el problema lo tiene el fiscal por no haber impugnado la decisión y el juez por haberla admitido, porque esa es un requisito que no puede obviar según el decreto de amnistía”, adicionó.
Luego añadió que si ellos (jueces y fiscales) no lo han cumplido se van a enfrentar a problemas en el futuro porque con una nueva autoridad fiscal les van a perseguir si ellos han concebido el beneficio de la amnistía, sin haber acreditado el proceso es decir si no está políticamente motivado.LB
