San Pedro Sula- La magistrada de la Sala de lo Penal de San Pedro Sula, norte de Honduras, Norma Iris Coto, dijo estar de acuerdo con la petición de reducir el catálogo de delitos por los cuales los jueces no pueden brindar medidas cautelares sustitutivas de prisión preventiva.
Explicó que constantemente tienen casos en los que la persona reúne los requisitos para poder ser oída en libertad, por ejemplo algunos homicidios ya que hay casos en los que se puede percibir que hay duda que esa persona sea culpable, sin embargo, se tiene que ir a la cárcel porque el decreto no permite que se le dicten medidas sustitutivas de la cárcel.
Recordó que el catálogo se elaboró porque muchos jueces abusaban de las medidas sustitutivas, pero que debió hacerse, en su momento, era dar capacitaciones a los jueces para aplicaran debidamente las medidas.
Detalló que el aplicar medidas cautelares sustitutivas de prisión preventiva, no significa que la persona queda libre de cargos, sino que tiene que seguir con el proceso y por ello se le impone que tiene que firmar el libro de asistencia, no salir del país y que su apoderado sea el responsable del imputado.
En cuanto al caso de Kevin Solórzano, un universitario acusado de asesinar a un fiscal, la magistrada argumentó que “el caso es emblemático, no lo conozco muy bien, pero hasta en la cara de ese muchacho se podría ver la injusticia que estaba siendo objeto, si un juez no pudo hacer una valoración verdadera que si a él le correspondía un auto de prisión o no y aplica el decreto, pues esa persona estará recluida por mucho tiempo, entonces esas son las injusticias que se pueden dar aplicando el catálogo de delitos”, explicó Coto a la radio capitalina HRN.
A Solórzano se le vincula con la muerte del ex fiscal Edwin Eguigure.
La funcionaria señaló que el fiscal que lleva el caso es el encargado de entregar las pruebas y demostrar la culpabilidad de la persona.
