Jefe de la Cicig defiende acciones que el Gobierno señaló de ilegales

Guatemala – El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el abogado colombiano Iván Velázquez, defendió hoy el actuar de su entidad tras las acusaciones del Gobierno de supuestamente haber violado leyes locales e internacionales y de haber excedido sus funciones.

En una carta escrita por Velásquez al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que la Cicig difundió la tarde de este viernes, el comisionado sostuvo que la Comisión no solo no cometió las faltas señaladas por el presidente, Jimmy Morales, sino que además recapituló sus logros.

Velásquez subrayó que la Comisión «ha apoyado más de 100 casos ante tribunales nacionales (la gran mayoría de alto impacto), ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales».

Aseguró que desde que fueron presentados casos que implicaron a sectores políticos y económicos de Guatemala, se «incrementaron» campañas de «desprestigio, difamación y amenaza», debido a que la Cicig «tiene la finalidad de perseguir estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima».

El comisionado afirmó que la Cicig no se inmiscuyó en asuntos internos del país centroamericano, contrario a lo dicho por Morales el lunes cuando -rodeado por acusados, procesados y condenados en prisión domiciliar- anunció la salida anticipada e inmediata de la Comisión, cuyo convenio caduca en septiembre próximo.

Recordó que la Comisión recomendó al Estado la adopción de políticas públicas y sugirió, en 2016, hacer reformas constitucionales con la participación del presidente Morales, así como del Congreso y del Organismo Judicial, lo cual fue criticado por el mandatario.

Defendió una diligencia de allanamiento en conjunto con la Fiscalía que el Gobierno señaló de ilegal sucedida en noviembre de 2016 a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, dentro del mismo edificio de la Casa Presidencial, el despacho-vivienda del presidente.

También sostuvo que Cicig no ha abusado de la prisión preventiva, pues eso es algo que le corresponde a un juez dictaminar y también negó que la Comisión haya violado, junto al Ministerio Público, la presunción de inocencia al dar a conocer públicamente los casos en sendas conferencias de prensa previo a ser juzgados, pues «siempre se tuvo cautela de ser respetuosos al referirse a los individuos».

Finalmente, argumentó que no existe tal connivencia con el Gobierno ruso y que no hubo tal «persecución política» contra los ciudadanos rusos Igor Bitkov, Irinia y Anastasia Bitkova, quienes fueron invitados el lunes por el presidente a acusar a la Cicig.

Velásquez concluyó que tampoco existía la supuesta persecución selectiva y politización de la justicia a la que se ha referido Morales y otros sectores conservadores, señalando una presunta motivación de corte ideológico de parte de la Comisión.

«No existe evidencia alguna de esa aseveración», dijo y enfatizó que los casos han generado imputaciones contra personas «relacionadas con redes ilegales de toda extracción social, origen y ubicación ideológica».

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