Tegucigalpa – En una nueva auditoría presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) obtiene una calificación de 44 por ciento en las compras de emergencia frente a un 93 % del fideicomiso de la Secretaría de Salud.
– El Fiduciario obtuvo un promedio general sobresaliente en la evaluación de 93 %; Invest-H, por el contrario, consiguió un promedio bajo de 44 %.
-El Estado de Honduras cuenta desde 2013 con el mecanismo de Fideicomiso entre Sesal y Banco de Occidente S.A.
En el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Sesal) y el banco fiduciario Banco de Occidente, S. A. solicitaron a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, realizar auditoría social a sus procesos de compras de emergencia.
En ese orden, este lunes la ASJ presentó el Resumen ejecutivo Comparativo compras de Invest-H, Sesal/Banco de Occidente, S. A. Emergencia COVID-19, en que vuelve a destacar la sobrevaluación en la compra de equipo de protección e insumos de bioseguridad por parte de Invest-H y concede a esta dependencia una calificación de 44 % en las compras de emergencia frente a 93 % del fideicomiso que la Secretaría de Salud maneja con una institución bancaria.
“En los procesos CC FBO 006-2020 y CCFBO 012-2020 de adquisición de equipo de protección personal realizados por el Fiduciario, que contienen especificaciones técnicas similares, se observa que existe una razonabilidad y mejores precios entre ambos procesos y los ofertados en el mercado. Por ejemplo, en el caso de las mascarillas N95, el Fideicomiso las obtuvo a una diferencia de L 48.59, es decir, un 41% menos que las compradas por Invest-H. En cuanto a los insumos de bioseguridad adquiridos por Invest-H, se registró un sobreprecio en relación con los precios promedio de insumos comprados por el Fideicomiso”, enfatiza en apartado de Hallazgos positivos del Fideicomiso y preocupantes en Invest-H.
Además en esta auditoria se resalta una calificación de 93 % a las etapas de las compras a través del fideicomiso y un 44 % a las compras de Invest-H.
“No hay evidencia de que las compras surjan de una planificación estratégica de atención de la emergencia nacional a nivel de la Sesal, Invest-H, ni de la Presidencia de la República o la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)”, subraya el escrito.
Asimismo concluye que las órdenes de compra millonarias emitidas por Invest-H no contienen el detalle de garantías de cumplimiento, de anticipo pagado y de calidad; en el caso de las órdenes de compra generadas por el Fideicomiso, omiten el requisito de presentar garantías de calidad.
“Invest-H no solicitó en ninguno de los procesos de compra la suscripción de declaraciones juradas de conformidad a la ley y en el caso del Fideicomiso, los nuevos proveedores no suscribieron los pactos de integridad, siendo un requisito indispensable y una buena práctica para determinar si los proveedores están habilitados para contratar con el Estado”, subraya.
Pese a conocer la calidad de los procesos de adquisición ejecutados por el Fideicomiso, el Gobierno de la República decide usar otro mecanismo e invertir en forma desarticulada aproximadamente 80 millones de dólares para realizar compras de insumos y equipos médicos a través de Invest-H, cuya experiencia es la ejecución de proyectos de infraestructura vial, sin contar con el apoyo, colaboración y participación efectiva de la Sesal, advierte ASJ.
Asimismo, se establece que el fiduciario hizo una mejor gestión de las compras, considerando que la Sesal y el propio Fideicomiso cuentan con una estructura organizada de personal, así como herramientas y procesos internos aplicados especialmente para el mecanismo, lo que permitió realizar una labor más eficiente con el apoyo de diversos actores y veedores sociales.
Sin embargo, ambos gestores de compras deben mejorar en el cumplimiento de requisitos, aplicación de normativa vigente, principios y buenas prácticas en el ciclo de las compras y contratación pública, incluyendo las compras en estado de emergencia, debiendo cumplir pasos esenciales para asegurar que se obtengan productos o servicios correctos, en las condiciones más ventajosas para el Estado, con proveedores idóneos que respondan a las necesidades y tiempos de entrega con responsabilidad, que permita a la institución pública brindar el servicio que necesita la población.
