Tegucigalpa– Con pancartas, consignas y un mensaje contundente, los aportantes de Koriun salieron este lunes a las calles de Choloma para exigir la devolución de su dinero.
La protesta fue convocada previamente mediante un comunicado colectivo que, según analistas, representa más que una simple queja. Es una señal de alerta de un malestar social latente que podría escalar si el Estado continúa sin ofrecer respuestas claras.
Esta no es solo una manifestación. Es una advertencia pública: si el Estado no responde, en el ambiente, la desconfianza se siente profunda y generalizada.
Expertos consultados señalan que lo ocurrido con Koriun no debe leerse únicamente como una estafa financiera, sino como un reflejo de un vacío institucional. La ausencia de regulación y supervisión estatal crea el terreno fértil para este tipo de esquemas, donde la desesperación por mejorar económicamente se convierte en vulnerabilidad”, coinciden economistas.
La indignación ha crecido también por la supuesta intención del Ejecutivo y Legislativo de cubrir parte de las pérdidas con fondos del Presupuesto Nacional. Esta propuesta ha generado un rechazo amplio, ya que, según la población, premiaría la irresponsabilidad institucional con dinero público.
La respuesta del gobierno no puede ser trasladar la carga de esta estafa a todos los hondureños, señalan desde varios sectores de la sociedad.
La marcha en Choloma es solo el inicio, aseguran los organizadores. En ese sentido, se agudiza la preocupación de parte del sector privado por las pérdidas que se registran a diario por las tomas de carreteras.
La población exige una investigación profunda, la judicialización de los responsables y la creación de un marco legal que proteja a los ciudadanos de futuros fraudes financieros. LB
