La acción ha estado a cargo de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI) que anuncia acciones similares en la posta de Loarque, San Miguel, Belén, entre otras, como un mandato “contundente” de la cúpula policial por poner orden en casa.
Los medios de comunicación registran los hechos: salen de la posta cajas, papeles, libros de entrada y salida, así como más de una centena de policías asignados a La Granja pasan al Comando Especial “Cobras” de la policía para ser “re-adiestrados” y revisar su conducta, se informó.
Pero, ¿cuál fue la orden judicial que acompañó ese proceso? ¿Porqué los fiscales fueron ignorados en este procedimiento? ¿Por qué calla el Ministerio Público y no reclama esta nueva acción policial? ¿Dónde está el arma del subinspector señalado en el caso de los universitarios? ¿Se fue en la “intervención” o ya la entregaron a los fiscales? Esa arma es pieza clave para esclarecer la ejecución de los dos jóvenes universitarios, según información proporcionada por balística. Los universitarios son Carlos Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, último, hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
La posta de Loarque, clave también en el proceso de esclarecimiento del crimen de los dos universitarios, ¿fue objeto de requisa por parte de los fiscales o no se consideró ese escenario?
Y las dudas crecen. ¿Puede la DGSEI actuar “de oficio” en esa y otra posta donde todo indica existe una cadena de delitos y acciones criminales, propias del crimen organizado? ¿Puede hacerlo sin pedir la cooperación de jueces y fiscales en vista que el delito puede trascender más allá de lo meramente administrativo? ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Policía? ¿Hacia dónde apunta la estrategia de la cúpula policial?
Facultades de la DGSEI
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía, en su artículo 35, la DGSEI tiene por objeto atender los asuntos sobre investigación del contrabando, la defraudación y evasión fiscal, el lavado de activos proveniente del narcotráfico, los casos internacionales de policía y los controles de las agencias privadas de investigación.
Si la ley establece lo anterior, ¿cuál es el fundamento legal que valide la presencia de la Policía de Fronteras en un radio que no es de su competencia?
La Ley Orgánica de la Policía, indica que la DGSEI puede apoyar las acciones de la policía preventiva, cuando se necesite proteger la escena del crimen “hasta su relevo por parte de autoridades de investigación; en los sitios donde no hubiere Policía de Investigación; podrá efectuar el levantamiento, embalaje custodia y protección de prueba y efectos del delito y consignación de su situación en acta, la que deberá ser refrendada por el Juez o Autoridad Judicial correspondientes”, entre otras.
En el caso de la “intervención de postas”, ¿Quién fue el juez que emitió la orden para la custodia de estas pruebas? ¿Es autónoma la DGSEI para intervenir? ¿Quién garantiza que con esa “intervención” no habrá manipuleo de pruebas y evidencias? ¿Cuándo y en qué momento entra en escena la Dirección Nacional de Investigación Criminal, si existe en Tegucigalpa, una Policía de Investigación Criminal como establece la ley?
En el caso del extravío de armas—el otro golpe que sufre la Policía– ¿Quién protege el Escuadrón Cobras para evitar manipulación de informes?
La Ley Orgánica de la Policía, establece claramente que para hacer todas las “intervenciones” que efectuara la policía se debe “acudir a los fiscales respectivos para que soliciten a los Jueces la autorización para practicar allanamientos domiciliarios con fines de pesquisa, detención de personas o decomiso de mercancías o bienes de conformidad con la Ley”. ¿Quién dio la orden en estos casos? ¿Qué Fiscalía es la responsable, se avocaron a los fiscales? |
Limpian pruebas: Borjas
Lo mismo piensa la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, al indicar que las autoridades no pueden “dar la espalda a los problemas” y que en el caso de los estudiantes, como el extravío de armas y ahora la red criminal que desde las estructuras del Estado operaba para atemorizar, matar, extorsionar, distribuir drogas, robar, y otros, “la policía ha actuado como si no tuviéramos capacidad de análisis”.
Castellanos es del criterio que la intervención policial debe ser externa y compuesta por representantes nacionales e internacionales para garantizar independencia y contrapesos en la labor de reestructuración total de ese ente.
También el comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, propone la intervención independiente y sostiene que la crisis en la estructura policial es tal, que Honduras vive una “emergencia nacional por las actuaciones de la policía”. Custodio viene señalando desde más de ocho años la pus que infecta a la policía, y si bien hace excepciones entre uniformados honestos, es consciente que “la enfermedad es grave y se debe hacer una cirugía mayor”. |
Una cadena de errores
Ante los últimos escándalos, todo apunta que la cúpula policial ha incurrido en una “cadena de errores”.
No obstante, por primera vez, la policía perdió el “control de sus hipótesis” al intervenir en el caso de los jóvenes Carlos David y Rafael Alejandro, la investigación científica liderada por la Facultad de Medicina de la UNAH, los forenses del Ministerio Público y sus fiscales. La desesperación policial los llevó incluso a intentar, desde carros particulares, querer quitar la evidencia a los fiscales, amenazarlos e intimidarlos, al grado que tuvieron que intervenir los guardaespaldas del fiscal general para evitar incidentes mayores por lamentar, según revelaciones de los protagonistas.
La otra, el escape de cuatro de los ocho policías sospechosos de cometer el crimen, haciendo valer su “respeto a la legalidad” de sus uniformados, cuando la misma cúpula aceptó que en sus filas existían “policías asesinos”. De hecho, es la misma policía quien revela los nombres de los primeros cuatro sospechosos y además asegura, en un programa televisivo, que “no se escaparán”, pero una “orden superior” que ejecuta el jefe de la metropolitana, decide que los sospechosos deben “tener su día libre”. Luego, esa misma autoridad policial que aseveró “no se escaparían”, se disculpa, siempre en un programa de televisión, señalando que “nos fallaron”. Es entonces, la “auto intervención” válida? ¿Puede ser la policía juez y parte?
Se habló de helicópteros, tanquetas y militares rodeando la penitenciaria, pero los reporteros que fueron a la zona dicen que nunca vieron ni las tanquetas, ni los helicópteros. “Ya viene la tanqueta”, les decían pero pasaron las horas y no llegó. ¿Fue ello real?
A ello se suman, las llamadas “plazas territoriales” en que al parecer, “las pocas manzanas podridas” de la policía, que menciona el presidente Lobo, se distribuían sus acciones de criminalidad con códigos, tarifas y una total impunidad en donde la recién aprobada ley de depuración policial no será suficiente para contener el “monstruo” ahí engendrado, aunque sin duda es un buen primer paso.
Hasta ahora, todo indica que la estrategia gubernamental para afrontar y enfrentar este problema que pone a Honduras nuevamente en entredicho internacionalmente, camina por dos vías: Las acciones de la Presidencia y el ministro de Seguridad centrados en aprobar la ley de depuración, hablar de las 180 acciones contra la criminalidad del “Operativo Relámpago” y la creación de un frente pro-civil con las iglesias para recuperar espacios públicos, entre otros mecanismos de reacción pero no de “ataque al fondo” del problema..
Pero del lado de la estructura propiamente policial la estrategia no es clara, se “auto intervienen”, denuncian conatos de sublevación, que encuentran un artefacto explosivo en La Granja, dejan a un lado de este proceso a los fiscales, quienes declaran “estar sorprendidos” pero tampoco actúan. La gran incertidumbre se centra en despejar cuales serán en las próximas horas las nuevas acciones policiales dentro de lo que parece ser una “estrategia encubierta” de seguridad para blindarse ante una intervención foránea, que será posible si se mantiene la presión y entra al debate, la “espantada” comunidad internacional. |
