Inseguridad social

Por: Luis Cosenza Jiménez

Recientemente la atención de los hondureños se ha centrado en el informe de la Junta Interventora nombrada para investigar la situación del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El informe detalla la corrupción que se entronizó en la institución, los excesos en los contratos colectivos y la posible responsabilidad de las Juntas Directivas.

Además de exigir que se castigue a los responsables y que cese la impunidad, la sociedad se esfuerza por entender el papel de las Juntas Directivas.

Los miembros de las Juntas arguyen que actuaron de buena fe y con base en informes preparados por comisiones evaluadoras y por la Administración.

No hay razón para dudar de su buena fe, por lo que la pregunta realmente será si desplegaron la debida diligencia en la toma de decisiones.

Sin embargo, ese es un asunto que se dilucidará en los tribunales, y mientras tanto debemos suponer que todos son inocentes.

Más allá del escándalo y de la responsabilidad de los diferentes actores, es necesario que aprendamos de lo ocurrido y revisemos la gobernanza de nuestras organizaciones para minimizar la probabilidad de que se repitan estos actos. Permítanme compartir con ustedes algunas ideas.

Parte del problema, como ahora lo entendemos, ha sido poner en manos de la misma organización los recursos para atender los programas de invalidez, vejez y muerte, IVM, así como aquellos destinados a proveer los servicios de salud.

Cada vez que los ingresos para atender los servicios de salud, o las exigencias de los contratos colectivos, han resultado insuficientes, se ha procedido a tomar recursos de los programas de IVM. Como resultado, y suponiendo que la separación contable de los dos regímenes ha continuado, se ha generado una deuda con el régimen IVM que alguien tendrá que pagar, y, por supuesto, ese alguien seremos nosotros quienes pagamos impuestos.

El gobierno tendrá que desatender otras inversiones prioritarias y urgentes, o subirnos los impuestos para honrar la deuda.

Vista esta situación, parece obvio que la primera decisión que deberíamos tomar sería separar, no solo contablemente sino que físicamente, los ingresos de los dos regímenes.

Esto implica crear un nuevo instituto de previsión al cual pagaríamos nuestra contribución al régimen IVM, pagando al IHSS (o como se llame la nueva organización) lo que actualmente contribuimos al régimen de salud.

Yendo un paso más allá, deberíamos aprovechar la fundación del nuevo instituto de previsión para crear regímenes complementarios al que existe actualmente, tal como se propuso durante la Administración Maduro.

En aquel entonces, German Leitzelar, a la sazón Secretario de Trabajo y Previsión Social, encabezó los esfuerzos por crear esos regímenes complementarios, usando para ello las prestaciones que los trabajadores podrían recibir por un despido injustificado.

Esta era una sólida idea, que además de proveer una pensión más digna, también permitía atender problemas económicos que podrían surgir en la vida de los trabajadores.

Al final el proyecto no prosperó por la miopía de los dirigentes sindicales, pero quizás el tiempo haya servido para que recapaciten y ahora apoyen la idea.

Además de lo anterior, es indispensable mejorar la gobernanza de las dos nuevas organizaciones.

Es evidente que juntas directivas integradas por representantes de diferentes gremios, empresarios, médicos, trabajadores, etc., no funcionan.

Primero porque los representantes no necesariamente son personas idóneas, y segundo porque su lealtad es para quien los nombró, y no para la organización cuya junta directiva integran.

Para colmo de males, en el caso que nos ocupa, las juntas directivas tranquilamente aceptaron que no fueran ellas, sino que el Presidente de la República, quien nombrara el Director del IHSS (según nos dice German Leitzelar, la única excepción a esta regla fue la Administración Maduro).

Al nombrar el Presidente el Director, la lealtad de este era para con el Presidente y no con la Directiva.

En toda organización grande se da una asimetría de información; la Administración siempre está mejor informada que la Junta Directiva.

Por esta razón, el Director debe ser nombrado por la Junta Directiva y debe ser una persona de la absoluta confianza de la Junta. En el IHSS esto no ocurrió, salvo un caso excepcional, y los resultados están a la vista.

Para colmo de males, generalmente se ha optado por nombrar a un médico director del IHSS, aún cuando carezca de los mínimos conocimientos de administración.

Recordemos que la primera tarea del director es administrar; no es proveer personalmente servicios médicos.

No debe sorprendernos por tanto que quien es ahora reconocido como el mejor director del IHSS no sea un médico, sino que un empresario nombrado por la junta directiva durante la Administración Maduro.

Para concluir, para mejorar la gobernanza de las nuevas organizaciones debemos recurrir a sendas juntas nominadoras, donde estén representados los beneficiarios de los regímenes (los pensionados y los pacientes, respectivamente).

Estas juntas nominadoras deberían, mediante concursos públicos de mérito, y contando de ser necesario con la asesoría de entes especializados, seleccionar a las personas que integrarán las juntas directivas.

Las juntas directivas, nuevamente por medio de concursos públicos de mérito, deberían seleccionar a los directores de las nuevas organizaciones.

Si no aprovechamos para cambiar, si aplicamos más de lo mismo, obtendremos más de lo mismo. Ya lo decía Einstein, una señal de demencia es aplicar las mismas medidas y esperar resultados diferentes.

Aprovechemos la oportunidad que siempre brinda una crisis. Seamos creativos y adoptemos medidas que nos permitan superar nuestra inseguridad social.

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