Denver (EEUU) – Ángela Navarro, una inmigrante hondureña que pidió santuario -refugio en un templo- en EEUU y logró hace un mes la cancelación de su deportación, inició hoy en Denver (Colorado) una campaña de apoyo a otros tres inmigrantes que permanecen dentro de varias iglesias con el fin evitar su expulsión.
«Vamos a embarcarnos en este recorrido nacional para respaldar a los tres indocumentados que permanecen en santuario», explicó Navarro, tras reunirse hoy con Arturo Hernández García, un mexicano alojado desde octubre pasado en la Primera Sociedad Unitaria de Denver.
«Como parte del Movimiento Santuario yo luché no solo para que se cancelase mi deportación, sino todas las deportaciones. No nos olvidamos de nadie», agregó la hondureña.
Navarro logró el pasado 15 de enero, tras casi dos meses refugiada en West Kensington Ministry, una iglesia de Filadelfia, un fallo que dejó sin efecto la orden de deportación que se emitió en su contra en 2003.
La inmigrante, con esposo y dos hijos ciudadanos estadounidenses, logró beneficiarse con la Acción Diferida (DACA, en inglés), ya que llegó a Estados Unidos en 2003 para reunirse con sus padres, quienes recibieron autorización para ingresar al país tras la destrucción causada por el Huracán Mitch en Honduras en 1998.
Ya «sin temor a ser deportada», Navarro ahora se dedicará a brindar ayuda Hernández, así como a otros dos indocumentados que han pedido santuario en Arizona: Rosa Robles Loreto, que desde hace meses reside en la Iglesia Presbiteriana Southside, en Tucson; y Misael Cabrera, quien lleva tres meses refugiado en la Iglesia Unida en Cristo Shadow Rock, en Phoenix.
Jennifer Piper, coordinadora del Movimiento Santuario de Metro Denver (que agrupa a siete iglesias) sostuvo que «la victoria de Angela demuestra que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) tiene el poder de detener las deportaciones de las personas en santuario».
Piper se refirió al fallo de un juez federal de Texas emitido esta semana que suspendió temporalmente la acción ejecutiva del pasado mes de noviembre del presidente Obama, que iba a beneficiar a cerca de 5 millones de indocumentados que residen en EE.UU.
«La orden del juez de distrito Andrew Hanen (…) no impide que se realicen los cambios necesarios en las prioridades de cumplimiento de las leyes de inmigración para mantener las familias juntas», señaló.
Por su parte, Hernández García expresó su agradecimiento a Navarro y afirmó que la visita de la dirigente hondureña «muestra que la comunidad puede ganar».
El mexicano reiteró que «las autoridades de inmigración tiene el poder de cerrar mi caso», y agregó que lo mismo «les debería suceder a miles de otros inmigrantes» si se logra implementar el Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, en inglés).
