Tegucigalpa – El sobre más esperado de los últimos años no pudo ser abierto este martes por la Comisión Multipartidaria nombrada por el Congreso Nacional para conocer el informe del Ministerio Público sobre trece casos emblemáticos, la mayoría de ellos de corrupción, así como algunos de asesinatos de personalidades relevantes.
– La Fiscalía del Estado entregó el lunes el informe solicitado por el Parlamento hondureño, pero este no pudo ser develado por razones no precisadas.
Para la tarde de este martes se tenía prevista la apertura del informe entregado por la Fiscalía hondureña, sobre actos sonados de corrupción y dos asesinatos ocurridos en los últimos ocho años.
Los miembros de la comisión especial encabezada por el diputado Mario Pérez, anunciaron que la agenda incluye casos de corrupción como el “Carretillazo”, los fondos de la cuarta urna, el caso del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris en Hondutel; el caso de malversación de fondos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450.
Además, se busca conocer sobre hechos sucedidos en las secretarías de Agricultura y Ganadería; Salud Pública, y a petición de miembros de la comisión, se pidió información sobre el extravió del avión que desapareció del aeropuerto de Toncontín de la capital en 2006 y una avioneta en San Pedro Sula en 2010.
Además se adicionaron dos casos que no son de corrupción, pero puede haber responsabilidad de las autoridades por no cumplir sus deberes, como es el caso de los asesinatos del asesor en materia de seguridad, Alfredo Landaverde y del periodista Alfredo Villatoro.
No se abrió el sobre
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, lamentó que no se haya abierto el informe presentado por la Fiscalía sobre los 13 casos de corrupción.
“Si hoy se dan estas cosas, nos hace retroceder ante el pueblo hondureño. Todo esto hace que se hable del “Chapo” Guzmán y que un jugador de fútbol fue pagado con recursos del Seguro Social, esto no puede suceder”, criticó.
Casaña dijo que los integrantes de la Comisión Multipartidaria han hecho su trabajo. “Esperamos que este pequeño impasse se supere y trabajar mañana (miércoles) desde temprano para sacar esto”, agregó.
De su lado la diputada Doris Gutiérrez expresó que aún tienen pendiente una reunión con el fiscal Roberto Ramírez Aldana, quien condujo toda la investigación en el caso del desfalco financiero en el IHSS.
Gutiérrez denunció “nebulosas” para proceder a abrir el informe proporcionado por el MP. “Nos dijeron una hora, luego otra, pero hay que pensar positivamente y creer que los días martes siempre hay mucha actividad aquí en el hemiciclo”.
A renglón seguido, la diputada del Pinu puntualizó que “si de aquí a mañana no se abre esto (sobre), quiere decir que hay gato encerrado, porque ya no hay justificación, todos quedamos que estamos en sesión permanente”.
Finalmente, el diputado nacionalista Renán Inestroza, manifestó que las comisiones técnicas para estudiar cada uno de los casos han sido nombradas para que trabajen con el enlace nominado por el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
El congresista dijo que este martes no se pudo abrir el informe porque tres de los miembros de la comisión pidieron participar en la discusión de la Ley de Prevención de Violencia en los Estadios.
Los principales casos que investiga la comisión son los siguientes:
1. Desfalco del IHSS
El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la gestión del ex director Mario Zelaya, conocido como uno de los mayores fraudes en la historia del país, fue la punta del iceberg para pedir rendición de cuentas al Ministerio Público.
Aunque las cifras no son precisas, se habla de un desfalco de siete mil millones de lempiras, que fueron drenados mediantes empresas fantasmas para beneficiar a muchas personas. Incluso, en los últimos días se ha hablado de la existencia de cheques a favor de un instituto político para financiar su campaña en el pasado proceso electoral.
2. El Carretillazo
Este es uno de los acontecimientos más recordados de la administración de Manuel Zelaya.
Según la relación de los hechos, el entonces ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, habría retirado en el Banco Central de Honduras (BCH) para la realización de la consulta popular conocida como la Cuarta Urna en 2009, la cantidad de 27 millones de lempiras para la contratación de publicidad, así como otros 40 millones que iban a ser asignados al proyecto y que fueron retirados en una carretilla para trasladar el dinero en efectivo.
La Cuarta Urna era el tránsito para instalar la Asamblea Nacional Constituyente mediante la cual el ex presidente Zelaya buscaba quedarse en el poder tal.
Tras la salida de Zelaya, el ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su condición de mediador de la crisis política en Honduras, propuso un plan de siete puntos, entre ellos, la declaración de la amnistía general, exclusivamente para todos los delitos políticos cometidos en ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio de 2009.
3.- La Cuarta Urna
Tras pasar negando durante cinco años la existencia del “Carretillazo”, el retiro en efectivo de 40 millones de lempiras del Banco Central, en agosto de 2014 el ex presidente Manuel Zelaya y su exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, admitieron que sí ocurrió elhecho, pero trasladan a los activistas, la mayoría ahora del Partido Libertad y Refundación (Libre), la responsabilidad de ofrecer la rendición de cuentas sobre qué hicieron con los recursos.
El expresidente Zelaya y la mayoría de la cúpula del Partido Libre, conformada por sus ex ministros, admitieron que sí se repartieron fondos en efectivo «durante días enteros» antes que se pretendiera efectuar la ilegal jornada de la Cuarta Urna.
La Cuarta Urna fue declarada ilegal por un juzgado y la Corte Suprema de Justicia ordenó a las Fuerzas Armadas no formar parte del evento, además que el 28 de junio de 2009 le entregaron al estamento militar la orden de detención del ex gobernante Zelaya.
El ex mandatario Zelaya ha reiterado que todos los que recibieron recursos deben rendir cuentas, de los 40 millones de lempiras que manejaron.
4.- El Injupemp
En los últimos años han salido a relucir múltiples actos de corrupción en la gestión del ex director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Andrés Torres, a quien el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) le achaca la presunta participación en al menos 24 delitos.
En uno de los casos, la acusación evidencia un perjuicio patrimonial al Injupemp de 95.9 millones de lempiras producto de la firma de seis contratos con igual número de abogados.
Otra de las líneas de investigación se refiere a la compra de bonos por parte del Injupemp a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El propio MP ha dicho que existen 13 líneas de investigación en el caso del Injupemp. El coordinador de fiscales, Rolando Argueta, prometió a mediados del año pasado “una lluvia de requerimientos”, pero nada de eso sucedió.
5.- Tráfico gris en Hondutel
El tráfico gris detectado en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y que cobró relevancia en la administración de Marcelo Chimirri, es otro de los episodios oscuros en la historia reciente del país.
Pocas o casi nulas han sido las diligencias de la Fiscalía para poner las tras las rejas a los responsables de semejante acto de corrupción pública.
La compañía LatinNode en 2009 se declaró culpable en la Corte de Florida de pagar 1.09 millones de dólares por soborno a funcionarios de Hondutel al permitir el tráfico gris de llamadas.
Nunca hubo profundas investigaciones sobre el tráfico gris de llamadas internacionales, ejecutada por algunas empresas nacionales e internacionales, que ocasionó un grave perjuicio al patrimonio del Estado de Honduras.
6.- Malversación de fondos en el Inprema
Los reiterados actos denunciados de malversación de recursos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) también ha tenido resultados poco efectivos y son pocas las personas que guardan prisión o que mantienen procesos judiciales en los tribunales.
Lo ocurrido en el Inprema destapó una olla de corrupción que identificó datos que revelan múltiples casos y cada uno de ellos lleva un sello de malversación, despilfarro y abusos.
Decenas de ex empleados del Inprema han sido acusados en los tribunales de la República, sin embargo nadie guarda prisión por el déficit actuarial que se detectó en 2011 y que arrojaba la suma de 79 mil millones de lempiras.
7.- Trans 450
El proyecto del Trans-450 aún no entra en operaciones por la falta del buses. Se estima que comenzará operaciones en marzo de 2016 en Tegucigalpa.
El nuevo sistema de Bus de Transporte Rápido (BTR), conocido como Trans 450, está diseñado dentro de un modelo vial jerarquizado que atiende las necesidades de movilidad en sectores residenciales, industriales y zonas comerciales del Distrito Central transformando la red de transporte público.
Recientemente el Congreso Nacional pidió revisar la concesión de este modelo de transporte rápido, debido a ciertas denuncias por parte de empresarios del rubro.
Representantes de Invermut -empresa que manejará el Trans-450- han reiterado que no hay nada que esconder en la concesión dada por la municipalidad del Distrito Central y que todo fue un proceso transparente.
La empresa Invermut tiene que invertir al menos 20 millones de dólares para que el proyecto se dé de una forma adecuada.
8.- Hechos en las SAG
Los casos de presunta corrupción en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tienen que ver con la importación de granos básicos, procesos con vicios de ilegalidad que incluso cobró más de alguna cabeza en esta secretaría en los últimos años.
Para el caso los recientes escándalos llamados como “arrozazos” en sus ediciones I, II y III.
Así como estos casos luego vinieron otras importaciones que dejaron mal sabor de boca y claramente vestigios de corrupción en los procesos de gestión pública.
9.- Caso de Salud Pública
En la Secretaría de Salud la historia de nunca acabar ha sido la compra de medicinas, servicios e insumos a precios sobrevalorados, aunque también se cuentan historias de adquisición de medicamentos vencidos para favorecer a ciertas empresa.
Se presume que ha habido muertos en los 29 hospitales de la red sanitaria pública ante la falta de medicinas en los almacenes. Las últimas gestiones de la Salud han sido salpicadas por estos actos de corrupción, y pese a que los casos han trascendido en los medios de comunicación, los castigos para los responsables nunca llegaron.
Las licitaciones para la compra de medicinas no han sido modelos claros y por el contrario por esta vía se han drenado millonarios recursos de las arcas públicas.
10.- Avión mexicano en el Toncontín
Un misterioso avión que aterrizó el 26 de febrero de 2006 en la terminal de Toncontín de Tegucigalpa y que según el diputado Mario Pérez, venía para un alto ex funcionario de la administración de Manuel Zelaya, es otro de los casos que investiga la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional.
En las últimas horas salieron a la palestra elementos hasta ahora desconocidos. El diputado Pérez dijo que las máximas autoridades de la Fiscalía le confiaron que la aeronave venía para un hombre de confianza de Zelaya y fue enviado por el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Nadie sabe lo que transportaba la avioneta, ni que personaje llegó a bordo. Interesante que después de siete años todos guardaron silencio.
La historia del avión concluyó en marzo de 2007 cuando la aeronave voló a Estados Unidos una vez que fue subastada por el Ministerio Público a un precio de 736 mil dólares a la empresa naviera estadounidense Cashman Equipment Corporation (CEC).
11.- Avioneta robada en San Pedro Sula
Y aunque parezca arrancada de las páginas de una novela de Gabriel García Márquez, es una historia real que ocurrió en Honduras. A inicios de noviembre de 2010, cinco hombres armados ingresaron y asaltaron la base militar “Armando Escalón” en la norteña ciudad de San Pedro Sula y se llevaron una avioneta.
Presuntamente los asaltantes, entraron en la noche de un domingo, a eso de las 10:00 de la noche, estaban fuertemente armados ingresaron a la base por uno de los bordos, sometieron a los soldados y se llevaron una avioneta que permanecía en depósito desde septiembre de 2008.
Se conoció que al menos 19 miembros de las Fuerzas Armadas participaron -por acción u omisión- en el robo de la avioneta de la base militar.
El bochornoso hecho quedó en el olvido. La capacidad de las Fuerzas Armadas de cuidar sus propias bases y resguardar lo que en ella se encuentra se tornó en entredicho.
12.- Asesinato de Alfredo Landaverde
Es sin duda uno de los crímenes más sonados en la historia del país. El zar antidroga Alfredo Landaverde fue asesinado en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa, el 7 de diciembre de 2011.
Apenas la justicia logró enjuiciar a uno de los autores del crimen. Se trata de Marvin Noé Andino Mascareño, a quien se le condenó a 22 años de reclusión por dar muerte al ex titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLCN), Gustavo Alfredo Landaverde. Sin embargo, de los autores intelectuales no se conocen sus paraderos.
El malogrado ex titular de la DNLCN caracterizó a los barones del narcotráfico en este país centroamericano, e incluso horas antes de su muerte hizo fuertes acusaciones a oficiales de cuerpos de seguridad del Estado.
13. Asesinato de Alfredo Villatoro
El asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro es otro de los casos que deberá indagar la Comisión Multipartidaria a las autoridades del Ministerio Público.
El coordinador de noticias de la radio capitalina HRN, fue secuestrado el 9 de mayo de 2012 y seis días después fue encontrado asesinado en horas de la noche en una de las calles de la residencial Las Uvas en el sur de la capital hondureña.
Por este asesinato se logró condenar a cárcel perpetua a los integrantes de la banda de “Los Osorio”: Marvin Alonso Gómez, y los hermanos: Osman Fernando Osorio Argüijo y Edgar Francisco Osorio Argüijo.
En este vil asesinato no se llegó hasta los autores intelectuales, una asignatura pendiente de los cuerpos de investigación del Estado.
