Ese monto se desglosa en “pagos que le han hecho a maestros porque aparentemente debían de trabajar en las zonas fronterizas, maestros que dicen estar en La Mosquitia, o maestros que dicen tener grado universitario, según el Estatuto dice que hay un 96 por ciento sobre el salario si se tiene grado universitario, sin embargo más de 700 millones de lempiras se están pagando a maestros que no tienen esa calificación”, señaló.
Relató que en muchos de los casos los maestros “no existen”. “Tenemos el caso de una escuela en la capital que se cerró en el 2001, fue una escuela privada, ni siquiera fue escuela del gobierno, pero aún hay tres maestros que reciben salario del Estado, a través de la planilla de la Secretaría”.
De igual manera, lamentó que “un maestro del departamento de La Paz, se está jubilando, luego de 25 años de estar cobrando, pero nunca se presentó al colegio”.
“Muchos de estos casos se han denunciado, pero nunca se ha hecho nada”, lamentó.
Según Hernández, “los casos de maestros fantasmas ascienden a unos 10,579; que no tienen justificación, por lo que estamos presentando la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y esperamos las gestiones para hacer las audiencias de descargo”.
El informe señala que unos 206 maestros reciben pago por “zonaje” sin que laboren en las zonas fronterizas o en los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, como establece la ley, demostrando que actualmente laboran en otras localidades del país.
Igualmente indicó que 8,259 profesores reciben pago por el reconocimiento de “calificación académica” sin que hayan acreditado su grado superior, es decir que tienen título de educación secundaria, pero cobran como si tuvieran licenciatura.
La investigación reveló también que unos 538 maestros recibieron salarios por jornadas más largas que las establecidas en el Estatuto del Docente.
Por su parte, el ministro de Finanzas William Chong Wong, indicó en declaraciones a una radio capitalina, que desde el año anterior “fueron reparados una cantidad de maestros por haber devengado sueldos por no tener calificación académica y por recibir zonaje”.
En la actualidad la planilla de los docentes es pagada por la Secretaria de Finanzas “en base a lo que se lleva en Educación”. Sin embargo, el funcionario dijo que se ha solicitado a Educación que “se realice una auditoría completa de los datos que se trasladan para no incurrir en ningún tipo de error”.
Agregó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está trabajando en los casos detectados y deducir las responsabilidades legales.
Se estima que el 68 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Educación es destinado en sueldos y salarios, apuntó.
De igual manera, la magistrada del TSC, Daisy de Ancheta, manifestó que a nivel nacional, incluyendo las aldeas de los municipios, se realizó una auditoría, de la que se derivan siete informes en los que se confirmó que hay “un daño al patrimonio estatal de 1.2 millones de lempiras”.
De Ancheta, comentó que tras la auditoria nacional se llegó a un acuerdo con la dirigencia magisterial y el entonces ministro de Educación, Marlon Breve, para que se acreditara la documentación referente al “zonaje” y acreditación académica.
Este acuerdo, contempla que a los docentes “se les deduciría de su sueldo los valores para que fueran recuperadas por el Estado de Honduras”. En total, el TCS calcula que unos 15 mil docentes a nivel nacional presentan estas irregularidades.
En ese sentido, el ministro de Educación, Alejandro Ventura, dijo sentirse preocupado por el desorden administrativo que encontraron en la Secretaría, asimismo expresó que ya tenia conocimiento de los 7 informes que mencionó la Magistrada y es por ello que de inmediato procedimos a reunirnos con las autoridades del TSC.
“Después nos reunimos con la dirigencia magisterial, porque definitivamente tenemos que transparentar estos 7 informes presentados por el Tribunal Superior de Cuentas, en la cual llegamos a la conclusión que integraremos una comisión e investigar de estos casos”, sostuvo.
Igualmente dijo que se giró instrucciones al Departamento de Auditoría de la Secretaría de Educación para que elabore un plan estratégico para proceder de inmediato a investigar las denuncias a través de estos 7 informes”.
El funcionario advirtió que “ya no vamos a permitir el paracaidismo dentro del sistema educativo, ya no vamos a permitir la politización dentro del sistema educativo que es lo que le ha hecho tanto daño al sistema”.
