Tegucigalpa – La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su último informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio americano, y en el caso de Honduras, destaca las amenazas del nuevo Código Penal que entrará en vigencia el próximo mes de mayo, los asesinatos de periodistas, así como otras restricciones a la libertad de expresión vinculadas a las protestas sociales, el secreto, los desórdenes públicos, entre otros aspectos.
El informe anual toma el pulso al estado de la situación de libertad de expresión y plantea sus preocupaciones en torno a las intimidaciones y amenazas a los periodistas, al grado que más de alguno tuvo que salir al exilio el año pasado y otro está en trámite de asilo político, en su mayoría procedentes del interior del país donde la censura parece tener otros ribetes.
En cuanto a las protestas ciudadanas, la Relatoría señala las suscitadas en el 2019, vinculadas con las demandas gremiales de salud y educación, protagonizadas en diversas ciudades de Honduras, cita el documento.
“Aunque las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente, también ocurrieron episodios de violencia. La Relatoría Especial observó con preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado –policiales y militares– en la represión de las protestas, lo que derivó en muertes, detenciones y heridos”, afirma la Relatoría que preside el relator especial, el uruguayo Edison Lanza.
Crímenes de periodistas
En el marco de las protestas sociales, el informe señala al menos seis muertes y al menos 80 heridos y decenas de detenidos. En ese contexto, señala que la Relatoría recibió también denuncias de amenazas y agresiones cometidas contra los periodistas que cubrieron las protestas.
“En este contexto, la Relatoría Especial recibió información sobre graves agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación que cubren las protestas. Asimismo, se han reportado diversas denuncias de actos de violencia y hostigamiento contra manifestantes y defensores de derechos humanos que participan en las protestas. Así, por ejemplo, los periodistas Dina Paz y Bladimir Rivera, del Cr-Tv Canal 51, habrían sido atacados, mientras cubrían una movilización en el departamento de Choluteca, el 21 de abril, señala el informe.
El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura
Otro aspecto que le preocupa a la Relatoría para la Libertad de Expresión, son los asesinatos de periodistas, al registrarse en el 2019 un total de seis crímenes, cometidos contra comunicadores rurales en el interior del país sin muchas respuestas.
La Relatoría Especial observa con preocupación que se trataría del sexto asesinato contra personal de prensa en 2019 e insta al Estado hondureño a investigar los casos de forma completa, efectiva e imparcial, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística.
“La Relatoría Especial ha indicado en reiteradas oportunidades que el asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes. Para esta Oficina es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación”
Adicionalmente, agrega el informe, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada». Particularmente, en el caso de crímenes contra periodistas y comunicadores sociales, la CIDH ha señalado que la impunidad contribuye a la autocensura de la prensa”
Honduras según las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, es uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio profesional, y más de 80 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social han sido asesinados en los últimos 15 años y sus casos, en su gran mayoría, se mantienen impunes, con bajas cifras de judicialización y condena.
Más de 80 periodistas, comunicadores sociales y afines a la comunicación social han sido asesinados en los últimos 15 años
La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema para el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión. Durante 2019 se reportaron al menos 6 asesinatos de comunicadores que podrían estar vinculados con el ejercicio del periodismo, y que aún no han sido identificados sus autores materiales o intelectuales, señala en su informe la Relatoría.
Código Penal, promesa incumplida
Además, agrega, numerosos comunicadores y periodistas abandonaron el país a raíz de amenazas.
En su informe anual, la Relatoría daba por un hecho algo que no sucedió: la despenalización de los delitos contra el honor en el nuevo Código Penal que entrará en vigor el próximo mes de mayo. El informe tomó la palabra empeñada por el Congreso Nacional el 29 de agosto de 2019 cuando “oficializó la decisión de eliminar del nuevo Código Penal aprobado en mayo– y que entra en vigor el 10 de noviembre—los artículos relativos a los delitos contra el honor. Así, las disposiciones sobre las calumnias y las injurias fueron derogadas y serán resueltas en el ámbito de la justicia civil.
Pero esa voluntad saludada anticipadamente por la Relatoría, no se ha cumplido, pues el Congreso no ha hecho las reformas y las figuras de los delitos contra el honor no solo se mantienen intactas con penas carcelarias, también con multas accesorias que hacen una doble penalización para la libertad de expresión, según los expertos juristas en temas de libertad de expresión y derecho a la información.
Las reformas que se han realizado al Código Penal hasta ahora, antes de entrar en vigor, son, en materia de libertad de expresión, la eliminación de las figuras que castigan a los dueños de los medios de comunicación, directores, editores y otros de la cadena, si publicaban información sensitiva o relacionada con los delitos contra el honor, entre otras limitaciones que les habían sido impuestas en la cadena de la comunicación.
El nuevo Código Penal, que también contempla otras disposiciones lesivas con la transparencia y el acceso a la información pública, entrará en vigor en mayo próximo, en medio de la pandemia del coronavirus que tiene de rodillas al mundo, adelantó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
La Relatoría expresa en su informe que existen otras normas contempladas en el nuevo código que lesionan también la libertad de expresión. “Sin embargo, otras normas que preocupan a la Relatoría aún se mantendrían en el texto y podrían entrar en vigor. Por ejemplo, la tipificación de los delitos de “aprovechamiento de secreto o información privilegiada” y “espionaje”, que podrían penalizar el ejercicio periodístico, y de los delitos de “desórdenes públicos”, “reuniones y manifestaciones ilícitas” y “perturbación del orden”, los cuales podrían criminalizar indebidamente el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión”.
Detalla que en un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras de Naciones Unidas (OACNUDH), expresaron su preocupación por esas disposiciones del nuevo Código Penal y en el caso de los “desórdenes públicos”, la CIDH y la OACNUDH observaron que su formulación podría indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, ambas organizaciones expresaron su inquietud por la tipificación de los delitos de “reuniones y manifestaciones ilícitas”, de “asociación para delinquir”, “perturbación del orden” y de “asociación terrorista”.
La CIDH y la OACNUDH hicieron un llamado al Estado de Honduras a que revise las disposiciones del Código Penal aprobado de acuerdo con los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Honduras”, acota.
Los avances
El informe de la Relatoría destaca algunos avances hechos por el Estado hondureño, entre ellos el mantenimiento del sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Según los reportes en su poder proporcionados por la Dirección General del Sistema de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos en Honduras, unas 215 personas fueron beneficiadas de medidas de protección al 30 de agosto de 2019.
De ese número de personas, 26 son comunicadores sociales, 146 son defensores de derechos humanos, 15 operadores de justicia; y 28 periodistas. El Mecanismo de Protección cuenta con unidades de Recepción de Casos y Reacción inmediata, Análisis de Riesgo, Implementación y Seguimiento, Prevención y Análisis de Contexto, y con una oficina de Asesoría Técnica Jurídica, señala el documento de la Relatoría en su informe de país. La Relatoría ve como avance el hecho que se haya aumentado el presupuesto para el programa de protección por 17.913.207 lempiras, que representó un aumento de 20,5% en relación con el presupuesto destinado en el 2018.
No obstante, señala que, de acuerdo con la información recibida, en algunos casos periodistas en situaciones de riesgo y bajo amenazas habrían encontrado insuficiente la protección que otorga el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Esta situación habría forzado a varios periodistas a abandonar el país. Uno de los casos más graves es el del periodista Leonel García Guevara, que habría abandonado el país tras el asesinato de su colega Gabriel Hernández en marzo; ambos habían recibido amenazas de muerte. García Guevara habría solicitado medidas de protección urgentes al Mecanismo de Protección, las cuales le habrían sido inicialmente negadas, pero tras la muerte de Hernández, se habría iniciado el trámite para evaluar su situación de riesgo y se habrían dispuesto medidas de protección y preventivas”.
Según información de la Secretaría de Derechos Humanos proporcionada a la Relatoría Especial, el periodista contaría con acompañamiento y patrullajes policiales en el lugar de residencia, para el caso de volver al país.
Situaciones similares se reportan en el informe de la Relatoría con comunicadores sociales de Olancho y Choluteca, como parte de los casos que forman parte de la preocupación de la Relatoría en su pincelada sobre el estado de la situación de la libertad de expresión en Honduras.
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