Tegucigalpa – El exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, compareció en su primer día de juicio oral y público en el que enfrenta acusación por tráfico de influencia. En todo momento el exfuncionario aparentó serenidad y aunque nunca sonrió, se mostró tranquilo.
– De ser declarado culpable, Bonilla enfrentaría una pena de entre seis y nueve años de reclusión.
– En la cita judicial se conoció el extracto de un folio de transcripciones de escuchas telefónicas, que según el MP denotan prevaricato y tráfico de influencias.
– La MACCIH subrayó que el expediente Shalóm es un típico caso de tráfico de influencias en el que se alteró la correcta aplicación de la justicia.
Este lunes el Ministerio Público formalizó su acusación contra Bonilla por el presunto delito de tráfico de influencias consumado en el conocido caso Shalóm.
La convocatoria judicial estaba programada para las 8:30 de la mañana de este lunes, pero fue hasta media hora después que empezó el debate del juicio oral y público contra el exfuncionario en la Sala III del Tribunal de Sentencia.
En la etapa preliminar del juicio, la defensa pidió un incidente de nulidad en razón de que, fue violentada la cadena de custodia y que se le negó información al pueblo hondureño.
La defensa también pidió dos exclusiones sobre las declaraciones del abogado por parte del MP, Ronald Banegas y de la fiscal Norma Garay.
La Fiscalía estuvo en desacuerdo con lo solicitado por la defensa y el Tribunal concedió un receso de 10 minutos para dar veredicto.
Fue así que el juez llamó les llamó la atención, señalando que el Tribunal estaba siendo afectado.
A renglón seguido, el Tribunal decidió que la solicitud de la defensa se resolviera en la sentencia, declarando sin lugar las dos vías de exclusión.
Durante el desarrollo del juicio, el imputado Teodoro Bonilla se mostraba calmo, interactuando y contribuyendo con el argumento de sus apoderados legales y con movimientos de su cabeza confirmaba lo expuesto por su abogado José Alfredo Benavidez.
Mientras se desarrollaba el debate, el exconcejal Bonilla leía el Código Penal. Su semblante nunca demostró angustia, mientras se mostraba atento a lo por la Fiscalía.
Fue notoria la reprimenda que se llevó Teodoro Bonilla cuando un integrante del Tribunal de Sentencia le llamó la atención porque hablaba en voz alta con su representante legal.
Casi en forma inmediata, los delegados del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República (PGR), formalizaron la acusación penal contra el alto exfuncionario.
Defensa alega contaminación de pruebas
La defensa de Bonilla ocupo la tribuna para manifestar que las pruebas, de acuerdo a su criterio, están contaminadas, son ilícitas y no existe el delito de tráfico de influencias, por lo que solicitaron una sentencia absolutoria de acuerdo al Artículo 339 del Código Penal.
En el momento que se le concedió la palabra al imputado, éste decidió no hacer uso de la misma. Determinó guardar silencio -porque según él- las pruebas que aportará en el debate de juicio oral serán suficientes para probar lo que él llama inocencia.
Todo este proceso empezó aproximadamente desde las 9:10 de la mañana y finalizó al filo del mediodía. Los jueces suspendieron para el receso del almuerzo.
Al salir de la Sala III, tanto Bonilla como su apoderado fueron requeridos por la prensa que cubre el juicio. El imputado brindó escuetas declaraciones del imputado por tráfico de influencias, mismas que terminaron en el momento en que un reportero le incomodo con sus preguntas. El procesado no perdió su temple y pidió volver a la sala minutos después para continuar con el debate.
Continuación del juicio
El juicio se reanudó con la declaración de los testigos, primero por el Ministerio Público, la abogada de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Ada Margot Paz Herrera.
La abogada señaló que en 2014 cuando investigaba a Dennys Donadin Bonilla y Carlos Roberto Bonilla, parientes de Teodoro Bonilla, recibió la visita de un abogado de nombre Jonathan Molina, quien sacó un documento con un listado de bienes en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al tiempo que pidió cómo iba el proceso de revisión de los acusados.
De acuerdo al relato de la fiscal Paz Herrera, ella le contestó al emisario que no la molestara, a lo que el segundo contestó: “tengo órdenes superiores para ver cómo marcha el caso (Shalóm)”.
Fue así que la fiscal puso la denuncia ante su jefa en ese momento, Soraya Cálix, quien le recomendó hacer un informe de lo ocurrido.
Relato de otro fiscal
Siguió el turno del fiscal Ronald Banegas. Éste narró que en enero de 2014, cuando se produjo la Operación Shalóm comenzó la investigación en contra de Juan Castro, Dennys Donadin Bonilla y Carlos Roberto Bonilla, todos por tener indicios de que estaban relacionados con el grupo Los Cachiros.
Banegas mencionó que la exjueza Liz María Núñez Cardona, actualmente presa, concedió sobreseimiento provisional a los familiares de Teodoro Bonilla.
El profesional del derecho cuestionó en todo momento el fallo emitido por Núñez y agregó que el mismo ni siquiera le fue notificado al Ministerio Público.
Mientras Banegas ofrecía su testimonio, el exconcejal Bonilla no volteó su mirada hacia éste.
De su lado, la defensa pidió comparecer a Jerry Valladares, fiscal del Ministerio Público, quien apuntó que nunca se intervino el teléfono del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura violando el procedimiento que establece la Ley de Escuchas Telefónicas.
Exjueza no quiso declarar
Le correspondió entonces a la exjueza Liz María Núñez comparecer, pero ella se negó a hablar arguyendo que lo que declarara podía ser usado en su contra. Citó el Artículo 88 de la Constitución de la República.
Tanto la defensa, como Ministerio Público, Procuraduría General y miembros del Tribunal no cuestionaron la decisión de la exjueza de no declarar.
La fiscalía presentó por último a la abogada de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dora Bonilla, confirmando el vínculo entre Teodoro Bonilla con los imputados Dennys y Carlos Roberto Bonilla.
La testigo confirmó mediante una presentación en data show que el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura es primo de Carlos Roberto y primo segundo de Dennys Donadin, ambos de apellido Bonilla.
Al concluir la jornada de este día, el Tribunal ordenó continuar el juicio el martes 27 de junio a las 8:30 de la mañana. Se prevé concluir con las declaraciones de un perito de la Fiscalía de nombre de Norma Garay y por la defensa la jueza Delmys López.
MACCIH pide sanción ejemplar
Mientras el proceso se desarrollaba en la Sala III del Tribunal de Sentencia, en otro lugar de la capital hondureña, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), mediante su vocero, Juan Jiménez Mayor, pidió “una sanción ejemplar” para el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, al tiempo que señaló existen suficientes pruebas que confirman la comisión del delito.
“Con este caso estamos defendiendo a nuestros colegas del Poder Judicial, nadie puede meter las manos frente a la independencia judicial”, señaló.
Jiménez Mayor mencionó que “Teodoro Bonilla usó el cargo para hacer denuncias inexistentes, nombrar allegados y presionar a jueces y magistrados, es decir llegó al Consejo de la Judicatura para afectar la independencia judicial”.
Los señalamientos de la MACCIH también aluden que Bonilla se interesó por obras públicas en el Poder Judicial. “Su función era supervisar la actuación de los jueces, sin embargo Teodoro Bonilla usó esa posición para perseguir jueces y empleados que no obedecieran sus órdenes, como es el caso del juez José Dimas Agüero Echenique, quien fuera presionado por él para mandar a la cárcel a un periodista”, citó.
Además, reveló que existe una recusación contra el juez del Tribunal de Sentencia, Edgar Crosby Lanza, pero el Poder Judicial rechazó la solicitud del MP.
