De Troitiño, vicepresidenta de la CSJ y quien desde 2004 fue la magistrada sustanciadora del caso, explicó que el enunciado que otorgó el indulto a 183 personas, incluso al anticastrista Luis Posada Carriles, fue hecho en términos generales, algo que no es posible en un indulto presidencial.
«Precisamente por la consideración de tantas personas (en el indulto) no era posible al pleno de la Corte identificar el tipo delictivo que se les atribuía, cosa que no es posible en una acción como esta», destacó la magistrada durante el lanzamiento del Plan Nacional para la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de los niños.
De Troitiño explicó que la Ley lo que prevé es que para indultar, la más alta magistratura debe tomar en cuenta la naturaleza de los hechos delictivos, para así mismo declararlos.
«Nosotros, el pleno de la Corte, estimó en base precisamente a esa norma constitucional, que esta facultad se excedió del ámbito que la constitución prevé», expresó.
La decisión de la CSJ, que afecta entre otros a unos 62 periodistas acusados por calumnia e injuria, tiene efectos retroactivos, lo que indica que los procesos tendrán que regresar al estado original en que se encontraban.
En ese sentido, la magistrada de Troitiño destacó que lo que corresponde ahora a las personas que fueron en ese momento beneficiadas con el indulto, identificar cuáles son sus causas a través de los mecanismos jurídicos y hacer valer sus derechos si los hay.
Por su parte, la jefa del Ministerio Público (MP) de Panamá, Ana Matilde Gómez, señaló que ese organismo primero tendrá que hacer el inventario para el análisis de caso por caso, y luego se cumplirán con los mecanismos procesales y judiciales para atenderlos de manera concreta.
Destacó que el análisis les dará a conocer el estatus procesal en que se encontraban cada uno de los 183 casos.
Fue precisamente el Ministerio Público que en 2004 interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra todos los indultos que otorgó Moscoso, beneficiados en tres decretos ejecutivos y tres recursos similares por casos específicos, uno de ellos el de los anticastristas, presentados por partes interesadas.
Los decretos ejecutivos que se declararon inconstitucionales son el 317 de 25 de agosto de 2004; el 318 de 26 de agosto de 2004 y el 321 de 30 de agosto de 2004, e incluyen además a personas juzgadas por delitos comunes, abogados, ex funcionarios y políticos.
El 317 contiene una lista de 167 personas beneficiadas con el indulto, entre ellos Posada Carriles y otros tres anticastristas cubanos, Gaspar Jiménez, Guillermo Novo y Pedro Remón, denunciados el 17 de noviembre de 2000 por el presidente cubano, Fidel Castro.
El líder cubano denunció que los anticastristas planeaban un atentado con explosivos contra él en el marco de la X Cumbre Iberoamericana celebrada en esos días en esta capital.
Moscoso indultó a los cubanos el 25 de agosto de 2004 y los cuatro abandonaron Panamá al día siguiente en un vuelo privado, tras una rápida operación policial para sacarlos de la prisión donde estaban desde el año 2000, cuando fueron capturados.
Por esta acción Cuba rompió relaciones con Panamá el 26 de agosto de 2004 y casi un año después las restablecieron plenamente, con el nuevo Gobierno de Martín Torrijos.
