Bogotá – Indígenas colombianos que participan desde comienzos de semana en una protesta nacional en demanda de mejores condiciones de vida denunciaron hoy que 30 de ellos fueron heridos por la unidad antidisturbios de la Policía y que 15 más fueron retenidos.
Según un comunicado de los líderes de la protesta, la refriega se presentó a las 06.30 hora local de hoy (11.30 GMT) en el sitio Remolinos del departamento de Risaralda, en el centro del país, en donde se concentraron algunos de los participantes de la minga (movilización).
«Se reportan hasta el momento por lo menos entre 30 heridos y 15 retenidos, los cuales no han podido ser atendidos ni contabilizados con precisión», indica la comunicación que no entrega mayores detalles acerca del hecho.
El martes pasado unos 40.000 indígenas iniciaron una movilización en al menos seis departamentos de Colombia para reclamar mejores condiciones de vida y una mayor participación en la política del país, según líderes de la Organización Nacional Indígena (ONIC).
El consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, había denunciado ayer «exceso de fuerza» por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que dejó 33 indígenas heridos durante las marchas del miércoles y el jueves en el suroeste del país, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Los indígenas recordaron hoy que ya fueron entregados a la Defensoría del Pueblo tres de los seis policías a los que se refieren como «infiltrados en la movilización» y que habían sido retenidos entre jueves y viernes.
La Defensoría del Pueblo reconoce que ha recibido a cuatro policías, tres de ellos en Risaralda y uno en el Cauca, y «exigió» la liberación de los demás miembros de la fuerza pública retenidos en Belén de Umbría (Risaralda), aunque no precisa su número.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha señalado a medios locales que si la retención de los policías o soldados se extiende, los indígenas podrían incurrir en el delito de secuestro.
Los aborígenes defienden su derecho a la protesta y responsabilizan al «Estado colombiano y a toda su institucionalidad, a los gobiernos locales, órganos de control garantes y a la Fuerza Pública, por todas las afectaciones individuales y colectivas que vulneran la vida e integridad personal de los marchantes en el marco de la minga».
Por otro lado, el Ejército y la Policía han justificado sus operaciones de desalojo de las vías bloqueadas por los indígenas al señalar que fue imposible negociar para que las abandonaran, y han denunciado haber recibido pedradas por parte de los manifestantes.
«Se reportan hasta el momento por lo menos entre 30 heridos y 15 retenidos, los cuales no han podido ser atendidos ni contabilizados con precisión», indica la comunicación que no entrega mayores detalles acerca del hecho.
El martes pasado unos 40.000 indígenas iniciaron una movilización en al menos seis departamentos de Colombia para reclamar mejores condiciones de vida y una mayor participación en la política del país, según líderes de la Organización Nacional Indígena (ONIC).
El consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, había denunciado ayer «exceso de fuerza» por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que dejó 33 indígenas heridos durante las marchas del miércoles y el jueves en el suroeste del país, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Los indígenas recordaron hoy que ya fueron entregados a la Defensoría del Pueblo tres de los seis policías a los que se refieren como «infiltrados en la movilización» y que habían sido retenidos entre jueves y viernes.
La Defensoría del Pueblo reconoce que ha recibido a cuatro policías, tres de ellos en Risaralda y uno en el Cauca, y «exigió» la liberación de los demás miembros de la fuerza pública retenidos en Belén de Umbría (Risaralda), aunque no precisa su número.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha señalado a medios locales que si la retención de los policías o soldados se extiende, los indígenas podrían incurrir en el delito de secuestro.
Los aborígenes defienden su derecho a la protesta y responsabilizan al «Estado colombiano y a toda su institucionalidad, a los gobiernos locales, órganos de control garantes y a la Fuerza Pública, por todas las afectaciones individuales y colectivas que vulneran la vida e integridad personal de los marchantes en el marco de la minga».
Por otro lado, el Ejército y la Policía han justificado sus operaciones de desalojo de las vías bloqueadas por los indígenas al señalar que fue imposible negociar para que las abandonaran, y han denunciado haber recibido pedradas por parte de los manifestantes.
