Madrid – Los líderes independentistas de Cataluña se enfrentan hasta 25 años de prisión después de que la Fiscalía española los acusará hoy de rebelión por participar en el proceso secesionista, mientras que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, redujo a la mitad las penas por el delito de sedición.
En la causa que lleva el Tribunal Supremo, la Fiscalía pidió para el exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público, por considerarle el líder de la rebelión.
Por su parte, la Abogacía del Estado solicitó para él una pena de doce años por un delito de sedición.
En total, en esta causa serán juzgadas dieciocho personas, entre ellas ocho exconsejeros del antiguo gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, quien está en Bélgica huido de la Justicia española.
La diferencia entre los delitos de rebelión y sedición a los que se refieren la Fiscalía y la Abogacía del Estado estriba en el grado de violencia que se use.
Según la legislación española, se acusa de rebelión a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva unas penas que van de 30 a 10 años, mientras que el delito de sedición implica que no hubo un alzamiento violento y está penado con entre 10 y 15 años de cárcel.
Desde la restauración de la Democracia en España a finales de los años setenta, solo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981.
La Fiscalía también acusó hoy a Junqueras y a otros cinco antiguos miembros de Gobierno catalán del delito de malversación de caudales públicos por el dinero que emplearon para celebrar el referendo independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por la Justicia española.
La petición de penas de la Abogacía del Estado para los líderes independentistas supone un cambio con su postura anterior, lo que hoy azuzó el debate político en España y provocó el rechazo de la oposición conservadora (PP y Ciudadanos), que acusó al Gobierno de haber cedido a las presiones de los secesionistas.
Acusación que el Ejecutivo negó hoy y dijo que no se ha hecho ningún “gesto” hacia los independentistas.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, subrayó ante la prensa que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de “profesionalidad” basándose en “parámetros técnicos y jurídicos” y, por tanto, insistió, “no es una cuestión de gestos”.
Al ser preguntada si esta decisión podría favorecer el apoyo de los independentistas al proyecto de presupuestos del Gobierno para 2019, Delgado se limitó a decir: “Sirva o no sirva, no tengo ni idea”.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez está pendiente de que el Congreso de los Diputados apruebe su proyecto de presupuestos y dado que está en minoría, necesita el apoyo de otros grupos, entre ellos los independentistas catalanes.
Por otra parte, el presidente del Gobierno catalán, el independentista Quim Torra, acusó a Sánchez de ser “cómplice de la represión” y de haber perdido una “oportunidad de oro”, mientras que Puigdemont dijo que el Estado sigue actuando con “venganza”.
Con las peticiones de hoy por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado comienza la recta final para el juicio en el Tribunal Supremo español contra los independentistas, cuyo comienzo está previsto a mediados del mes de enero.
Pero además de la causa abierta en el Supremo, la Audiencia Nacional, una instancia inferior, también tiene un sumario abierto contra los dirigentes de la policía regional de Cataluña por su actuación durante todo el proceso independentista, a los que también acusa de rebelión, entre ellos a su antiguo máximo responsable, Josep Lluis Trapero.
