Los directores y maestros de las 40 escuelas “están siendo juzgados por quedarse en las aulas y no acatar la convocatoria de paro de labores”.
Los docentes que se presentaron a la comparecencia, dijeron que de recibir una sanción, procederán colectivamente ya que ellos “no son monigotes de la dirigencia magisterial”.
La dirigencia magisterial se encuentra desde la semana anterior en huelga, exigiendo al Gobierno el pago de salarios, bonos y la millonaria deuda acumulada del Estado con el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), así como la destitución del ministro de Educación, Alejandro Ventura, y otros altos funcionarios de esa secretaría de estado.
El presidente ha ordenado que se deduzcan de los salarios de los docentes, los días no trabajados.
El Ministerio Público, a través de la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, determinó solicitar al Gobierno deducir los salarios a los servidores que no han acudido al servicio, en todos los casos que no se justifiquen las ausencias.
«La fiscalía ha instado a la secretaría de Educación que aplique con firmeza la ley», dijo Ponce a los periodistas.
Han recomendado que se les impongan las sanciones previstas en la ley, agregó.
Una asociación de padres de familia anunció que hoy denunciará al Estado de Honduras ante una instancia internacional de derechos humanos por el incumplimiento de las leyes educativas, al no cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación de la niñez y juventud hondureña.
La huelga afecta a por lo menos 2,5 millones de estudiantes de la escuela pública en los niveles preescolar, primario y medio.
Este viernes, una comisión del Gobierno negocia con la dirigencia magisterial una salida a la crisis.
Las negociaciones se realizan en el INICE, al sur de la ciudad capital, hacia donde se encamina una manifestación de docentes para presionar por la atención a sus peticiones.
