Por: Luis Cosenza Jiménez
Todos sabemos que la impunidad fomenta la delincuencia. Es caldo de cultivo de la corrupción y de los delitos contra las personas y sus bienes.
Todos igualmente sabemos que actualmente nos ahoga la impunidad. Entendemos la importancia de los operativos que frecuentemente se dan para capturar a supuestos delincuentes.
Sin embargo, salvo que esos casos sean juzgados y fallados y que los delincuentes reciban, y purguen, una pena proporcional al delito cometido, poco o nada habremos hecho.
Excepto por el efecto mediático de los operativos, y por su impacto en la popularidad de los políticos en el poder, tales operativos pueden terminar siendo inocuos, o peor aún, pueden tener un impacto negativo.
Piense, estimado lector, en el impacto que causa en la población ver en libertad, después de unos pocos días, a los supuestos delincuentes capturados en diferentes operativos. O piense en los interminables juicios que, como el del IHSS, duran ya varios años.
Al final todo esto transmite un pésimo mensaje a quienes contemplan delinquir. Además de ser poco probable que los capturen, si eso llegara a ocurrir es menos probable que los juzguen y los condenen. Para entender mejor la situación, veamos que ha sucedido con algunos casos emblemáticos.
Con pocas excepciones, los juicios de los supuestos implicados en el caso del IHSS continúan, sin que se vislumbre el final. Para agravar la situación, pocas personas piensan que todos los implicados en este caso han sido acusados, de tal forma que, independientemente de lo que suceda con quienes han sido acusados, quedará siempre un sabor a impunidad.
Como las lectoras recordarán, se denunció el uso de fondos del IHSS, por medio de empresas de maletín, para financiar la campaña presidencial, lo cual fue reconocido, y lo único que se ofreció fue reembolsar dichos fondos al IHSS. Ni siquiera sabemos si ese ofrecimiento, claramente insuficiente, se hizo realidad, pero aunque así fuera, estaríamos frente a otra manifestación de impunidad al más alto nivel.
Igualmente ocurre con otros casos más del IHSS, los cuales parecen haber sido absorbidos por un agujero negro. Pero la situación es todavía más preocupante.
Seguramente el lector recordará el artículo publicado en el New York Times, probablemente el periódico más prestigioso de Estados Unidos, sobre el informe preparado en la Secretaría de Seguridad en el cual se relataba como un grupo de oficiales de la policía planificó, e hizo que se ejecutara, el asesinato de Arístides González y Alfredo Landaverde.
El autor del citado artículo, en una entrevista en el mismo diario, manifestó que por lo menos un Secretario de Seguridad, así como un ex presidente y el actual presidente, habían conocido el informe y habían optado por mantenerlo secreto. Esta me pareció una terrible acusación que no tuvo siquiera repercusión en nuestro país. Peor aún, hasta donde yo entiendo, nadie ha sido llevado a los tribunales por ser los autores intelectuales de los deleznables asesinatos. La impunidad también cobija el asesinato del fiscal Orlan Chávez.
Increíblemente, incluso los asesinatos de altos funcionarios del Estado permanecen impunes. ¿Qué podemos esperar que suceda entonces cuando se trata del asesinato de ciudadanos comunes?
¿Y qué decir del caso de Berta Cáceres? Recientemente hemos sido censurados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la forma como se ha manejado la investigación y, por la misma razón se ha introducido en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para cancelar el apoyo que ese país le brinda a nuestras Fuerzas Armadas.
Las autoridades no parecen entender que no gozan de credibilidad en el extranjero y que ese problema no se resolverá nombrando un mensajero especial. La única forma de evitar que a ojos de propios y extraños este caso quede en la impunidad es integrar a representantes de organizaciones externas, como la OEA o la ONU, en el equipo que investigará el caso. De no ser así, seguiremos siendo censurados.
Para terminar de complicar la situación, recientemente la Comisión Depuradora de la Policía trasladó 500 expedientes al Ministerio Público. Si este no ha podido evacuar la carga que ya tenía, ¿qué pasará ahora con la nueva tarea? Recordemos que si no se ve una pronta y contundente acción de parte del Ministerio Público se estará confirmando que somos un Estado donde campea la impunidad.
Lo menos que se podríaesperar es que el Presidente de inmediato ponga los recursos de la tasa de seguridad, y los que están en manos de la OABI, a disposición del Ministerio Público para que contrate el personal, y las organizaciones, nacionales o extranjeras, que le permitan atender prontamente los casos que deben ser judicializados. Caso contrario, seguiremos sumidos en la impunidad y los únicos casos que se resolverán prontamente son los que interesan a Estados Unidos, es decir, los de lavado de activos que pueden servir para financiar el terrorismo. Más de Luís Cosenza aquí…
