Lima – Un juez peruano ordenó hoy el impedimento de salida del país de la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, sospechosa de haber recibido ilegalmente dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
El juez Manuel Chuyo, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó que la medida se aplique durante ocho meses y también incluyó en ella al exgerente municipal de la gestión de Villarán (2011-2014), José Miguel Castro.
En su resolución, el juez consideró que existen testimonios de colaboradores de la justicia, entrega de dinero y llamadas telefónicas que necesitan ser verificados por la Fiscalía.
Villarán, quien acudió a la audiencia judicial junto a su abogado, declaró luego a periodistas que no es responsable de las acusaciones que se le hacen.
«Estoy absolutamente disponible para colaborar con la justicia, para que se aclare que soy absolutamente inocente de los hechos que se me imputan», enfatizó.
El viernes pasado, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la exalcaldesa por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que encabezó para evitar su revocación del cargo en 2013.
Un equipo especial del Ministerio Público dispuso abrir la investigación tras recibir la información de un colaborador, que medios locales identificaron como el publicista brasileño Valdemir Garreta.
El publicista declaró a fiscales peruanos haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht y OAS para hacer la campaña de comunicaciones del proceso contra la revocación.
Según su testimonio, publicado por el diario El Comercio, Garreta fue contactado previamente por el publicista Luis Favre para preguntarle si podía hacerse cargo de la campaña de comunicación de Villarán, tal como efectivamente ocurrió.
«Por el trabajo se acordó una remuneración de tres millones de dólares», dijo Garreta respecto a las coordinaciones que supuestamente hizo con Villarán, tras lo cual añadió que el encargado de los pagos sería el exgerente municipal José Miguel Castro.
El exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata corroboró lo revelado por Garreta, en una declaración hecha a fiscales peruanos en enero pasado, y precisó que fue una donación a la campaña política de un personaje que, en ese momento, tenía una proyección política importante.
Villarán aseguró el viernes, en su cuenta en la red social Facebook, que lo dicho por Barata y Garreta es falso.
El caso Odebrecht en Perú se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que la constructora brasileña admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos para millonarias obras públicas.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
