– Venta de chip y extorsiones en el sector transporte son dos flagelos con los que debe de luchar la Unidad Antiextorsión de la DNIC.
– Apenas dos denuncias diarias se reciben por extorsiones, la mayoría de ellas no llegan a ser judicializadas.
El pasado mes de febrero el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 222 del Código Penal y endureció las penas hasta 15 a 20 años.
Sin embargo, las muertes ligadas al cobro del impuesto de guerra han proliferado en todo el territorio nacional, incluso hay colonias en el área urbana que pagan “renta” a los malvivientes que mantienen controladas dichas zonas.
La venta masiva de chip de celulares sin control y registro del derechohabiente contribuyen para que muchas familias continúen siendo extorsionadas por bandas organizadas, que en su mayoría operan desde el interior de los centros penales sin que haya regulaciones gubernamentales para contrarrestar este flagelo.
Hace unos meses se llevó a cabo un registro telefónico de más de 5 millones de usuarios a nivel nacional, sin embargo las compañías que prestan el servicio de telefonía móvil poco o nada les importan contribuir con la seguridad nacional.
El principal rubro que enfrenta el día a día el terrible drama de las extorsiones, es el servicio de transporte, quienes siguen poniendo muertos ante la falta de respuesta por parte de las autoridades.
La falta de confianza de la población en denunciar este ilícito contribuye considerablemente para que se torne imparable, aseguran autoridades de la Unidad Antiextorsión de la DNIC.
El jefe de la Unidad Antiextorsión de la DNIC, comisario Rigoberto Oseguera, explicó a Proceso Digital que pese a que la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, ellos enfrentan problemas con la venta masiva de los sim card (chip de teléfonos) que hacen las compañías con el debido registro como lo establece la ley.
Según la fuente policial, “en todos lados y en cada esquina cualquier persona puede comprar un chip sin control ya que ni el número de identidad le piden a la persona que le están vendiendo el servicio”, lamentó.
Agregó que “uno de los principales problemas que enfrentamos sobre todo en los delitos que se ven vinculados teléfonos es la oportunidad de tener la información en tiempo real y el cumplimiento de la ley, si existe una Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas en la que se obliga a las compañías que prestan un servicio de telefonía a establecer parámetros que faciliten la investigación”.
Lo económico por encima de la seguridad
En ese sentido, dijo que las empresas de telefonía móvil deben de comprometerse con el Estado y no solo valorar el interés económico, el registro de números telefónicos es fundamental para que un Estado pueda establecer parámetros de seguridad.
La fuente indicó que otro de los problemas que enfrenta esa unidad de investigación es la situación compleja que se vive en el transporte urbano donde se dan más los casos de extorsión.
Asimismo, reveló que han descubierto la participación de muchas personas que primero fueron víctimas del ilícito y que después se han convertido en extorsionadores dentro del transporte público.
El funcionario señaló que muchas de las personas que han sufrido el delito de extorsión no denuncian la acción ante los entes competentes del Estado, por miedo o por falta de confianza a la institución.
En ese sentido, hizo un llamado a todas las personas que han sido víctimas de estos antisociales, ya que en dicha unidad trabaja personal de confianza que investigan los casos y gran parte de las denuncias que se han hecho se trabaja para solventar cada caso.
Enfatizó en que las víctimas tienen la obligación de interponer la denuncia porque no podemos capturar a alguien que esté cometiendo el ilícito y que nadie haga la denuncia.
“La población necesita tener confianza en esta unidad y denunciar los casos para que puedan ser capturadas las personas que cometen el ilícito”, afirmó.
En un informe presentado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) trascendió que el delito de extorsión ha obligado al cierre de más de mil 600 comercios en las principales ciudades del país, la mayor parte de las víctimas se niegan a denunciar los ilícitos por el temor a represalias y por la falta de confianza en los operadores de justicia.
El comisario dio a conocer el número 2291-0350 ó 9641-8480, para que la población que sea afectada por este delito se comunique con la Unidad Antiextorsión y puedan interponer la denuncia.
Este es un problema de seguridad nacional, el delito de extorsión afecta desde la raíz hasta el núcleo a toda la familia hondureña.
Apenas 808 denuncias en 2012
En lo que va de 2012 las autoridades han recibido 808 denuncias, y se ha capturado a 116 personas, 68 de ellos han sido condenados.
El delito de extorsión es cometido por personas que mediante amenazas, intimidación o violencia buscan obtener dinero fácil, bienes u otros servicios para si mismos o para cualquier organización delictiva.
Extorsiones mueven gran cantidad de dinero en Centroamérica
Un informe presentado por la “Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia” revela que las extorsiones, corrupción y operaciones del narcotráfico son las que mueven la mayor cantidad de recursos en el istmo.
El reciente informe denominado “Siguiendo la Ruta del Dinero en Centroamérica” detalla sobre el lavado de capitales y sus implicaciones en la seguridad regional.
El ex vicepresidente de Guatemala y miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Eduardo Stein, fue uno de los interlocutores de la exposición del estudio en la región.
Según Stein, datos de las superintendencias bancarias dan cuenta que en Centroamérica pasan entre 29 a 30 mil millones de dólares, aunque cálculos más modestos revelan que la suma varía entre 17 a 18 mil millones de la moneda norteamericana, producto de las operaciones ilícitas que constituyen una fuerte cantidad que crece con los años.
Arguyó que “es difícil pensar que esas cantidades se laven a través de la banca privada”, al tiempo que agregó que la economía informal es otro sector donde estos fondos encuentran recaudo.
Las millonarias cantidades que mueve el crimen transnacional afecta la convivencia del Estado de derecho y las democracias en Centroamérica.
Lo que dice la Ley
El pasado 28 de febrero del presente año, el Congreso Nacional aprobó en un solo debate la reforma al artículo 222 del Código Penal, que eleva las sanciones a la extorsión (“impuesto de guerra”) y el chantaje, además que castiga con cadena perpetua si en el desarrollo de la acción delictiva la víctima o un familiar es asesinado.
