La semana pasada supimos que el Ministerio Público había solicitado una orden de captura en contra de Rocío Tábora, ex Secretaria de Finanzas, y otras personas, porque supuestamente participaron en los actos de corrupción ligados a la compra de los hospitales móviles. No conozco a las otras personas acusadas por el Ministerio Público, pero si conozco a Rocío y sé que ella jamás participaría en un acto de corrupción. A mi juicio, se trata de una ignominia, de un acto injustificado que le causado grave perjuicio a su honra y a su reputación. Pero permítanme explicar mejor mi posición.
Comencemos por el principio. Me imagino que la mayoría de las lectoras pensarán, al igual que yo, que estamos frente a un gobierno sectario que busca perpetuarse en el poder y que por tanto tratará de desprestigiar y destruir la oposición. Siendo eso así, resulta difícil, por no decir imposible, pensar que las recientes órdenes de captura no se originan en su afán por perjudicar a la oposición. Poco o nada les preocupa dañar y sacrificar a personas inocentes si con ello se fortalece su partido. El fin simplemente justifica los medios.
Por otro lado, desde que se dio el nombramiento de los “fiscales interinos” supusimos que el Ministerio Público se politizaría, y vemos que ya eso ocurrió. Están en el proceso de destituir al personal que les resulta incómodo y han decidido llevar a los Tribunales casos de alto impacto político, sea que reúnan o no las condiciones necesarias para acusar a los supuestos involucrados. A mi juicio, eso es lo que ha ocurrido en el caso de las personas que han sido acusadas de participar en el supuesto caso de corrupción. Nuestra ciudadanía, frustrada y amargada por lo que percibe como una insoportable impunidad está dispuesta a declarar culpable a cualquier persona señalada o acusada como partícipe en un acto de corrupción. La presunción de inocencia no existe. Los acusados, particularmente aquellas personas que ocuparon altos cargos en algún gobierno son culpables por el simple hecho de ser acusados por un ente que todos sabemos se ha politizado. Aunque posteriormente los cargos sean sobreseídos, el daño a la reputación de los acusados es irreparable. Además de la pérdida de su empleo, y del costo de su defensa, son estigmatizados de por vida. Se trata, en efecto, de una verdadera ignominia.
Todo esto se da en un ambiente en el cual el gobierno ha fomentado la impunidad de sus seguidores. Véase sino el famoso “pacto de impunidad” mediante el cual se otorgó impunidad a varios notables miembros del partido de gobierno. ¿A qué se debe la diferencia en el trato? ¿Cómo podemos creer que en el caso de los hospitales móviles se procede con seriedad y profesionalismo? Vea usted el grotesco tratamiento que le han dispensado a Rocío Tábora. La han presentado esposada y rodeada de un gran número de policías cuyas faces son encubiertas con pasamontañas. Y todo esto para resguardar a una dama con discapacidad. ¿No había otra manera de tratar a una compatriota que, según nuestra legislación, es inocente hasta que se pruebe que es culpable? Todo parece obedecer al montaje de un acto circense dirigido a despertar los peores sentimientos de la población. Todo esto ha sido un triste y deplorable acto. Solo cabe repetir lo que dijo nuestro Señor Jesús, “perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”.
Por ahora solo nos resta pedirle al Señor que dé fortaleza a Rocío y su familia y que la pesadilla que viven termine pronto con el sobreseimiento de los cargos que se le imputan. Ya el daño irreparable está hecho, pero entre más pronto se cierre este tenebroso acto, más pronto podrá ella comenzar a rehacer su vida. Mucho impacta el pensar en el sufrimiento de Rocío y su familia. Mucha rabia se siente al recordar que se trata de una persona inocente. Dios derrame el bálsamo de su consuelo sobre ellos y despierte en nosotros solidaridad fundada en empatía. Recordemos que la persecución política puede tocar la puerta de cualquier hogar considerado opositor. Hoy por ti y mañana por mí.
